Junqueras pedirá la libertad automática si Luxemburgo avala su inmunidad

La libertad de Oriol Junqueras, al menos provisional, se juega el próximo 19 de diciembre en terreno europeo. El líder de ERC espera un aval a su inmunidad como europarlamentario por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y tiene previsto reclamar su puesta automática en libertad en el caso de que la Cámara con sede en Luxemburgo apoye que la adquirió desde el momento en que fue elegido. En su opinión, un espaldarazo del tribunal impide la ejecución de la pena de cárcel en tanto no exista permiso parlamentario.

Después de ese día pasaron muchas cosas, entre ellas, una condena firme de 13 años por sedición y rebelión. Pero Junqueras considera que nunca se debió ejecutar. Hace un mes, reclamó ya quedar libre y ahora repetirá la solicitud si el fondo de la cuestión prejudicial que remitió a Europa el alto tribunal se lo permite. El criterio del abogado general, favorable a considerar que esta protección especial empezó a contar desde que el 26 de mayo obtuvo el escaño en las urnas, da alas a esta intención.

Si se atiende, el exvicepresidente de la Generalitat saldría de prisión y no podría regresar hasta que el Parlamento Europeo autorice a la Justicia española a proceder en su contra. Es decir, quedaría libre durante un plazo de al menos un mes y medio, mientras se tramita un suplicatorio que, pese a la mayoría conservadora de la Cámara europea, no estará exento del riesgo de denegación. Como bola 'extra', Junqueras quedaría en la calle y podría adquirir formalmente su escaño coincidiendo con el último tramo de las negociaciones con su partido de cara a la investidura.

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A nadie se le escapa que su papel en el impulso de las conversaciones que protagonizan Adriana Lastra y Gabriel Rufián es indiscutible, pese a permanecer en la cárcel de Lledoners. En libertad, no desaprovecharía la ocasión de encabezar físicamente los contactos. También es previsible la crítica que algo así levantaría en una oposición encabezada por el PP y que no cierra del todo la puerta a una abstención si hay descalabro en la primera de las opciones que maneja el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Pese a que la opinión del abogado general no es vinculante y el TJUE puede adoptar un criterio distinto, ERC confía en la rotundidad de sus argumentos. Dijo, por ejemplo, que la "adquisición del mandato parlamentario de los diputados europeos resulta únicamente del voto de los electores y no puede estar supeditada al ulterior cumplimiento de formalidad alguna".

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La pugna ante Luxemburgo puede, sin embargo, acabar en tablas. La cuestión prejudicial se remitió cuando aún faltaban meses para que el tribunal se pronunciara sobre los acusados del 'procés'. En una situación, por tanto, muy distinta a la actual. El mismo abogado general se refirió a esta diferencia y consideró que la posterior sentencia "conlleva la anulación del mandato" y convierte al TJUE en un órgano no competente para responder. Una respuesta en este escenario "tendría carácter hipotético", advirtió también.

La petición de noviembre

Antes de la última de las citas electorales, Junqueras ya avanzó sus intenciones. Defendía entonces la necesidad de buscar "un efecto útil" a la decisión que debe adoptar el TJUE. El abogado de Junqueras unía entonces el cumplimiento de la prisión a la puesta en marcha de la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, "Habría de suspender el inicio de la ejecución de la pena de prisión impuesta de forma análoga a la suspensión, que sí decreta, de la pena de inhabilitación", indicaba entonces.

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"La situación de prisión provisional de Oriol Junqueras Vies ha "caducado", en el sentido de que no se ha producido prórroga válida en el plazo previsto en el artículo 504.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuestión insubsanable a la luz de jurisprudencia unívoca del Tribunal Constitucional", especificaba. Esgrimía la cuestión prejudicial pendiente ante el TJUE y decía que la suspensión que reclamaba "no solo se deriva del mero planteamiento del asunto prejudicial y su efecto de paralización de la tramitación del proceso de la jurisdicción nacional, sino que resulta obligada dadas las preguntas efectuadas por el tribunal y la necesidad de encontrar efecto útil de la decisión del tribunal europeo".