Canal Olímpic de Cataluña: de la gloria de los Juegos a pozo de corrupción de JxCAT

Si hay un lugar que condensa los efectos que ha tenido el paulatino repliegue del Estado en Cataluña es el Canal Olímpic de Castelldefels, epicentro de la última gran trama de corrupción y financiación ilegal del independentismo desarticulada por las Fuerzas de Seguridad. De tocar la gloria en los Juegos de Barcelona 1992 a albergar una red de dirigentes de JxCAT que concedió subvenciones fraudulentas, fabricó facturas falsas, colocó a dedo a cargos del partido, adjudicó obras de forma irregular y desvió dinero a dos entidades vinculadas a la propia formación para inyectar fondos en el 'procés'.

La historia de esta infraestructura deportiva, situada a 20 kilómetros del centro de la Ciudad Condal, arranca con su inauguración dos años antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 para acoger las competiciones en aguas tranquilas. El Estado fue el que asumió el mayor coste de la construcción, al igual que en el resto de instalaciones olímpicas. Pero al término de la cita, el Canal quedó bajo el control de la Generalitat, que designa a la totalidad de los miembros del consejo de administración de Equacat, el ente público que gestiona las 43 hectáreas que abarca el centro, incluido un campo de golf, pistas de pádel, espacios multiusos y un restaurante.

Dos investigaciones diferentes, una de la Guardia Civil y otra de la Policía Nacional, han acreditado ahora que los ejecutivos de Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra habrían utilizado de forma recurrente el Canal para algo más que celebrar pruebas de piragüismo. Por un lado, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha demostrado en un informe al que ha tenido acceso El Confidencial que, en 2014 y 2015, el entonces presidente del Consejo Catalán del Deporte, Iván Tibau, del PDeCAT, la formación que aporta el grueso de dirigentes de la coalición JxCAT, concedió ayudas por valor de 38.470 y 49.500 euros al Canal, para que este organismo los repartiera a su antojo entre otras entidades deportivas.

Subvenciones discrecionales

La UDEF subraya por un lado que se da la circunstancia de que, justo en ese momento, el Consejo Catalán del Deporte presidía Equacat, por lo que Tibau se concedió dinero a sí mismo para repartirlo discrecionalmente. Los fondos terminaron en un equipo de baloncesto, un club de tiro, un club de tenis y una prueba de trial, entre otras. Ninguno tenía relación con el Canal ni está documentado por qué se eligieron esos beneficiarios y no otros.

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Sí hay sospechas de por qué recibió la mayor subvención de esos dos años el Rally Classic de Cataluña, que se llevó 8.228 euros en 2015. Tibau es corredor habitual del evento y al menos en esos ejercicios disputó la prueba con un coche facilitado por la organización y sin tener que pagar los gastos de inscripción.

Tibau no corrió solo. Lo hizo en compañía de Xevi Ardite, otro cargo del PDeCAT que también está implicado en la trama del Canal Olímpic. Tibau lo colocó a dedo en 2015 como subdirector de Equacat sin que su nombramiento pasara por el consejo, un trámite imprescindible. Después, los dos se beneficiaron de una subida salarial aprobada por ellos mismos.

Asimismo, la UDEF ha detectado irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato en 2015 para construir cuatro pistas de pádel junto a los 1.200 metros de largo del Canal. Los expertos en delitos económicos de la Policía no han encontrado los documentos que se usaron para tasar el precio en los 125.840 euros que costó, ni tampoco las cláusulas administrativas ni de prescripciones técnicas correspondientes. Equacat ni siquiera publicó la adjudicación en el perfil del contratante. Supuestamente, se invitó a tres empresas, pero no hay pruebas de que esto ocurriera. No hay ningún motivo que justifique que las pistas fueran construidas finalmente por la empresa que terminó ejecutando el trabajo. Las irregularidades serían, a juicio de la Policía, constitutivas como mínimo de un delito de prevaricación.

Dinero para el 'procés'

Hasta aquí, los hechos encajarían en un posible caso de corrupción limitado a un ente público concreto, pero hay numerosas evidencias de que el Canal formaba parte de un entramado más complejo que buscó desviar parte del presupuesto para el fomento del deporte hacia el movimiento secesionista. Incluso esa partida habría sido instrumentalizada por la Generalitat para dopar con fondos al independentismo.

El ejemplo más evidente se produjo en 2015, cuando el Govern de Artur Mas ordenó a Equacat que pagara una factura de Unipost por importe de 17.955 euros. La empresa de mensajería no había prestado ningún servicio para el centro deportivo pero se fabricó una factura que simulaba el reparto de unos folletos. En realidad, esos fondos sirvieron para saldar gastos atrasados del primer referéndum ilegal de 2014, en el que Unipost tuvo un papel decisivo. Es decir, que al menos una parte del coste del 9-N fue financiado con cargo al Canal Olímpic, como ya reveló El Confidencial el pasado mayo.

Los gobiernos de Puigdemont y Torra habrían seguido usando Equacat para otros fines. Como ha demostrado la Guardia Civil en la llamada operación Voloh, desencadenada el pasado 12 de noviembre, el PDeCAT transfirió fondos del Canal a dos fundaciones controladas por un alto cargo del partido, Víctor Terradellas. Los investigadores sostienen que esas dos entidades, Igman y Catmon, usaron ese dinero en buscar apoyos internacionales al 1-O, organizar actos de propaganda a favor del 'procés' y hasta sufragar costes cotidianos de Puigdemont.

En esta otra derivada, habría tenido un papel fundamental Gerard Figueras, antiguo presidente de las juventudes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y uno de los pesos pesados en los gobiernos de Puigdemont y Torra, a juzgar por el resultado de las intervenciones telefónicas practicadas por la Guardia Civil, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona.

De las pesquisas se desprende que Figueras, director general de Deportes de la Generalitat desde febrero de 2016, habría impartido instrucciones a los máximos responsables de Equacat para que pusieran publicidad en una revista que editaba Terradellas mediante Igman y Catmon. Los anuncios del Canal salieron en varios números de esa publicación, llamada 'ONGC', en los años 2016 y 2017. En total, la Administración catalana dio a esas fundaciones a través de la infraestructura olímpica 10.264 euros, a pesar de que no existe ningún documento que avale esas entregas de fondos.

La cifra aumentó en enero de 2018, en pleno 155. Figueras exigió al entonces presidente de Equacat que ingresara inmediatamente 10.000 euros del presupuesto del organismo a Catmon como ayuda para un supuesto proyecto de cooperación en Sarajevo. El dinero llegó a salir del ente público, pero los investigadores de la Guardia Civil creen que acabó en otro sitio. La lista de desvíos, colocaciones a dedo y presuntas irregularidades es aún más larga. No queda nada del brillo de los Juegos Olímpicos en el Canal, más allá del nombre. De sus cuatro metros de profundidad solo emerge el fango de la corrupción sin límites que durante mucho tiempo tapó el independentismo.

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