Puigdemont lleva al juez belga la declaración de Calvo para mostrar persecución política

La vista en Bruselas para la entrega a España de Carles Puigdemont tuvo este martes una invitada inesperada: Carmen Calvo. El 'expresident' esgrimió ante el magistrado belga, que debe decidir si lo extradita a España por sedición y malversación, las declaraciones de la vicepresidenta en funciones efectuadas solo unos minutos antes de que comenzara esta primera de las comparecencias para la OEDE. En ellas, Calvo amenazaba a Bélgica con "consecuencias" que acarrearía para el país una negativa a la entrega. El equipo legal de Puigdemont consideró que esas afirmaciones constituyen una clara muestra del peso político que "lastra", según su visión, el procedimiento judicial y no dudaron en hacer uso de ese as.

Según indican a El Confidencial fuentes presentes en la vista, los abogados del 'expresident' se sirvieron de sus teléfonos móviles para mostrar la opinión ofrecida por Calvo. En la entrevista concedida este martes a Onda Cero aseguró que no entenderían que Bélgica se negase a entregar al 'expresident': "Interpretamos que no es respetable que a una democracia, plenísima como es la española, se le niegue después de haber tenido la sentencia del Tribunal Supremo". Pero la socialista, siempre hablando de manera hipotética, también dejó caer un dardo sobre cómo responderían en el caso de que no se aceptara extraditarle por sedición y malversación, como pide el instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena: "Llegado ese momento, tomaremos también nuestras decisiones, porque no lo entenderíamos".

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EFE

Más allá de estas dos afirmaciones, la vicepresidenta subrayó en todo momento la separación de poderes, llegando incluso a incidir en que no quiere hablar de "qué tiene que hacer el poder judicial español en relación con las autoridades judiciales belgas". También reconoció que "desde el punto de vista jurídico es difícil, porque hay un listado, más o menos automático, de delitos que están cotejados" y por los que se puede pedir la entrega de Puigdemont, para lo que estos también deben existir en el Código Penal belga. "España, al menos mientras nosotros seamos el Gobierno, no entenderá que el Estado belga no reconozca la plenitud de la democracia española, negando que se sienten ante la Justicia española los que ya han sido sentenciados de manera absolutamente garantista", concluyó.

Lo cierto es que lo dicho por la vicepresidenta sirvió para mostrar gráficamente en Bruselas lo que constituye uno de los principales puntales de la defensa de Puigdemont. La existencia de una causa política que fomenta la persecución de una 'minoría catalana', al margen de la comisión o no de delitos. Desde España, fuentes jurídicas de distintos ámbitos también las han censurado. Consideran que, pese a que el principio de confianza debería imperar entre los Estados miembros de la Unión a nivel jurisdiccional, el poder ejecutivo sobra en esta cuestión. "Si defiendes la independencia judicial, defiendes la de los dos Estados", ponen de manifiesto.

Otra de las fuentes consultadas asegura, en un sentido similar, que la vicepresidenta es "consciente de que la competencia para interesar la OED y para ejecutarla corresponde exclusivamente a los tribunales del país solicitante y del país receptor". "De acuerdo con el principio constitucional de separación de poderes que rige en cualquier Estado de derecho, los respectivos gobiernos no tienen nada que decir al respecto", añaden. Cuestión distinta es la posibilidad de denunciar la inaplicación o defectuosa interpretación de dicha normativa por otro Estado, como recientemente sucedió con la propia Bélgica, que fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado mes de julio por haber denegado infundadamente la entrega acordada por la Audiencia Nacional en relación con una etarra.

La reproducción de las declaraciones de Calvo formó parte así de la corta comparecencia. Diez minutos después de arrancar, el magistrado se decidió por aplazar la convocatoria al próximo 16 de diciembre, atendiendo los argumentos de la defensa, que pidió más tiempo para estudiar a fondo un expediente que, según explican, no les llegó hasta ayer. La defensa asegura, además, que la formulación de la OED contiene errores. En concreto, señalan un defecto en el apartado B del expediente donde, bajo el título 'Decisión sobre la que se basa la orden de detención', se menciona el auto de procesamiento de marzo de 2018 donde se atribuía a Puigdemont un delito de rebelión.

Las fechas

Las partes, entre ellas la Fiscalía, intercambiaron agendas y fijaron los pasos posteriores. Con el foco puesto en el día 16 de diciembre, poco antes de la Navidad, el procedimiento en suelo belga tendrá otros hitos. Así, el 5 de noviembre, la defensa deberá presentar unas alegaciones que prevé basar en la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado electo. Diez días más tarde, el 15, la Fiscalía responderá a su argumentación y los letrados del expresidente tendrán hasta el 25 para formular alegaciones adicionales.

Opinión

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Empieza un larguísimo camino en el que pueden venir baches. La inmunidad será el primero. Fuentes de la defensa no descartan en este punto un aplazamiento de la cita de diciembre con base en las próximas resoluciones que tiene que adoptar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de Oriol Junqueras, también eurodiputado electo, y sobre el propio Puigdemont. La partida acaba de empezar y la defensa usará, como en el caso de Calvo, toda la munición que tenga a su disposición.

En el horizonte, que se adivina oscuro, hay pese a todo una luz. La Fiscalía ha asumido la tesis del instructor Pablo Llarena y apoya la entrega por el paquete completo. Sedición y malversación. El apoyo del Ministerio Público no significa nada, en cualquier caso. También se dio en la primera reclamación de 2017, en la que el resultado fue contrario a la petición del Tribunal Supremo español.