la defensa pedirá un aplazamiento de la vista

La Fiscalía de Bruselas pedirá entregar a Puigdemont por sedición y malversación

Este martes se celebra la primera vista de un proceso que promete ser largo, y la fiscalía de Bruselas pedirá que el expresidente de la Generalitat sea entregado por sedición y malversación

Foto: El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, acompañado de su abogado, Gonzalo Boye. (EFE)
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, acompañado de su abogado, Gonzalo Boye. (EFE)

Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat de Cataluña huido a Bélgica desde octubre de 2017, se enfrenta este martes otra vez a una euroorden. Tras pasar la noche en la Fiscalía de Bruselas el pasado jueves 17 de octubre, el líder independentista tendrá que comparecer este martes 29 de octubre ante el tribunal de primera instancia de la capital belga.

Según han asegurado a El Confidencial fuentes de la defensa, la Fiscalía pedirá la entrega de Puigdemont a España por sedición y malversación. Sin embargo, aseguran que “es lo mismo que en el 2017 y 2018” y que, de hecho, en las anteriores ocasiones la Fiscalía también asumió los cargos que se señalaban en la euroorden, incluidos los de rebelión. “El hecho de que lo diga la Fiscalía no significa para nada que vaya a suceder”, asegura a este periódico la fuente.

Además, la defensa de Puigdemont ha asegurado a Europa Press que pedirá un aplazamiento de la vista, que está prevista que comience a las 9:00 de la mañana, ya que, aseguran, han tenido poco tiempo para estudiar el dosier. n caso de que la petición sea aceptada el juez no entrará en el fondo de la cuestión y establecerá una nueva fecha para la vista.

El proceso hasta ahora

El pasado viernes 18 de octubre por la mañana, el expresidente de la Generalitat quedó libre y sin fianza, teniendo que facilitar datos de contacto y su dirección en Bélgica: la casa en la que reside en Waterloo, una zona acomodada a las afueras de Bruselas. Puigdemont se había presentado voluntariamente ese jueves ante una comisaria.

El juez Pablo Llarena activó la euroorden el mismo día que salió a la luz la sentencia del ‘procés’, que condenó a entre 13 y 9 años de cárcel a los principales arquitectos del referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia. En un primer momento la Fiscalía belga señaló que las autoridades españolas habían enviado la documentación solo en español, y que era necesario que esta llegara en uno de los tres idiomas principales del país (alemán, francés o flamenco) o bien en inglés. Según aseguraron fuentes de la justicia belga, la traducción llegaría en el trascurso de la siguiente semana, pero finalmente los documentos traducidos llegaron en cuestión de días.

Durante el jueves que pasó declarando, la defensa del expresidente de la Generalitat afirmó que réste contaba con inmunidad por ser eurodiputado, lo que requirió que las autoridades belgas consultaran a las españolas durante la madrugada sobre este asunto. Puigdemont no ha podido entrar en la Eurocámara a pesar de haber sido elegido en las elecciones europeas de mayo de 2019 debido a que no ha recogido su acta como eurodiputado ante la Junta Electoral Central en Madrid.

Nada hace esperar que la decisión del juez vaya a llegar pronto, pero, además, Puigdemont y la defensa prometen dilatar el proceso todo lo posible. Si la decisión fuera positiva, el expresidente de la Generalitat recurriría y el asunto pasaría a la Corte de Apelación, y después, en última instancia, llegará a la de Casación. Paul Bekaert, abogado del líder independentista en Bélgica, ya anunció el lunes de la sentencia del ‘procés’ que pretendían agotar todos los recursos.

En principio la orden europea de arresto y entrega establece un plazo de 60 días para que el país receptor tome una decisión al respecto, un periodo que puede ampliarse hasta los 90 días en casos excepcionales. Pero la justicia belga ha demostrado hasta ahora una increíble flexibilidad con los plazos y nadie espera que esto vaya a resolverse rápido.

El magistrado belga buscará un delito equivalente a la sedición y a la malversación en Bélgica, y ahí es donde la defensa confía que el asunto descarrile: que no se encuentre en el código penal belga nada comparable con la sedición española, y que ahí se empiece a complicar el camino de la euroorden.

Antes, la Justicia belga puede rechazar la euroorden porque considere que en el país que reclama no existen garantías de un juicio justo o existe un riesgo para la integridad física de la persona buscada. Y en los primero días tras la activación de la orden europea, Puigdemont hizo hincapié en ese mensaje. “No hay garantías de que hay separación de poderes, no hay posibilidad de tener un juicio justo”, argumentaba el líder independentista pocas jornadas después de la tercera puesta en marcha de la euroorden.

El tercer intento

La primera solicitud la firmó en noviembre de 2017 la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero el propio Llarena decidió retirarla tras asumir la instrucción de la causa en diciembre: temía que Bélgica se negara a entregar al político por rebelión, situación que cerraba la puerta a juzgarle por ese delito en España. Este miedo terminó por confirmarse con la segunda euroorden, activada después de que Puigdemont fuera detenido en Alemania en marzo de 2018. Llarena consideró que era el país más propicio para solicitar la extradición del expresidente catalán por rebelión, pero la Justicia alemana solo aceptó extraditarle por malversación, lo que llevó al magistrado a retirar su solicitud y a mantenerla suspendida hasta ahora.

Tras estos dos intentos fallidos, el Tribunal Supremo confía en que la tercera euroorden termine con Puigdemont en el banquillo. A diferencia de las anteriores, en esta ocasión no se solicita su entrega por rebelión, por lo que Llarena no tiene que entrar a explicar el uso de la violencia en el proyecto independentista. Pese a ello, en las euroórdenes que se emitieron en 2017 y 2018 también se pidió su extradición por sedición y fracasaron, por lo que esta diferencia tampoco garantiza el éxito de la última. Fuentes de la defensa del 'expresident' sostienen además que en Bélgica no hay un delito equivalente al de sedición en España, tesis que, en el caso de confirmarse, dificulta el camino a Llarena.

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