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El 'caso Aristrain' sigue dando tumbos: la Audiencia de Madrid lo manda a la Nacional
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NUEVO RETRASO EN EL MAYOR CASO DE FRAUDE

El 'caso Aristrain' sigue dando tumbos: la Audiencia de Madrid lo manda a la Nacional

La Audiencia Provincial considera que es competencia de la Audiencia Nacional, pese a que el caso lleva ocho años en instrucción en Pozuelo. Está acusado de defraudar 210 millones

Foto: José María Aristrain de la Cruz, en los toros en Sevilla en la pasada feria de Abril. (Fernando Ruso)
José María Aristrain de la Cruz, en los toros en Sevilla en la pasada feria de Abril. (Fernando Ruso)

El caso de José María Aristrain de la Cruz, acusado de defraudar 210 millones de euros, sigue dando tumbos por los juzgados sin fecha de juicio. Después de ocho años de instrucción, la Audiencia Provincial de Madrid la ha mandado a la Audiencia Nacional para que asuma la competencia al considerar que tiene repercusión para "la economía nacional" y que hay implicada una compleja red de sociedades más allá de Madrid. La defensa se ha opuesto sin éxito. El caso se puede eternizar.

El caso Aristrain lleva en instrucción desde 2011 en un juzgado de Pozuelo de Alarcón sin que ninguna parte protestase ni pidiese mandarlo a la Audiencia Nacional. El caso llegó así a juicio a la Audiencia Provincial de Madrid tras mucho retraso. El pasado dos de octubre, el mismo día del juicio, y cuando las partes pidieron más tiempo para estudiar nueva documentación, el propio tribunal dudó de que fuera competente y preguntó a las acusaciones y a la defensa su opinión. La defensa de Aristrain pidió mantener el caso en la sede local.

Pero el pasado 14 de octubre, la Audiencia de Madrid envió el caso a la Audiencia Nacional. Señala que la ley establece que la AN tratará "defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia".

"Las estructuras supuestamente diseñadas para eludir el pago son especialmente complejas, radicando fuera de España la mayoría"

El tribunal señala los precedentes en los que defraudaciones de siete millones de euros han acabado en la Audiencia Nacional y enumera que en este caso "las cuotas supuestamente defraudadas suman 210 millones de euros" y "las estructuras supuestamente diseñadas para eludir el pago son especialmente complejas, radicando fuera de España la mayoría de las sociedades supuestamente implicadas (Holanda, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas, Malta)".

Por todo, la Audiencia de Madrid considera una "consecuencia ineludible la atribución competencial a la Audiencia Nacional, ya que las Audiencias Provinciales carecen
de competencia objetiva para el enjuiciamiento de tales delitos, por lo que procede acordar la inhibición del conocimiento de la presente causa a favor de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional".

La Audiencia Nacional juzgó a los Carceller, pero rechazó hacerlo con El Assir. El caso se puede eternizar si no acepta la competencia

Si la Audiencia Nacional asume el caso el procedimiento puede ser relativamente rápido, pero si considera que no es de su competencia el caso se puede eternizar. En ese caso, habría un conflicto de competencia que tendría que dirimir el Supremo. La Audiencia Nacional ha juzgado grandes casos como el de los dueños de Damm. Sin embargo, consideró que el caso de El Assir, un traficante de armas amigo de Juan Carlos I, debía ser juzgado en la Audiencia Provincial.

El caso de Aristrain, la mayor acusación de fraude fiscal, sigue sin fecha de juicio. Mientras, el señor del acero, que está acusado de fingir su residencia en Suiza y ocultar sus acciones en Luxemburgo, sigue fuera aunque con esporádicas visitas. Ha roto con buena parte de su familia y su imperio inmobiliario en España, está embargado y sujeto a subastas. Sí conserva sus acciones en el exterior, su yate de lujo y su colección de coches.

El caso de José María Aristrain de la Cruz, acusado de defraudar 210 millones de euros, sigue dando tumbos por los juzgados sin fecha de juicio. Después de ocho años de instrucción, la Audiencia Provincial de Madrid la ha mandado a la Audiencia Nacional para que asuma la competencia al considerar que tiene repercusión para "la economía nacional" y que hay implicada una compleja red de sociedades más allá de Madrid. La defensa se ha opuesto sin éxito. El caso se puede eternizar.

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