SEGÚN LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS' CONOCIDA HOY

El 'exconseller' de Territorio Josep Rull, condenado a 10 años y 6 meses de cárcel

El 12 de junio, en su turno de última palabra, aseguró que en un futuro espera vivir en "una república catalana donde sea imposible que alguien sea encarcelado por sus ideas"

Foto: El exconseller Josep Rull en el juicio del 'procés'. (EFE)
El exconseller Josep Rull en el juicio del 'procés'. (EFE)

El 'exconseller' de Territorio, Josep Rull, ha sido condenado a 10 años y 6 meses de prisión por un delito de sedición, pero no por el de malversación, según la sentencia del Tribunal Supremo dada a conocer hoy.

[Aquí puedes leer la sentencia del Tribunal Supremo]

Rull ha sido condenado por el Alto Tribunal en concreto a 10 años de prisión y 6 meses de prisión y inhabilitación absoluta "con privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga la penada, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos , o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena".

Oriol Junqueras y sus excompañeros en el Govern Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa han sido los únicos de los doce acusados en el juicio del 'procés' que han sido condenados por ambos delitos, el de sedición y el de malversación. Sin embargo, según explica el TS, Forn era, al igual que Rull, miembro del Govern en el momento de los hechos.

"Forn y Rull eran miembros del Govern. Su protagonismo en las decisiones reglamentarias que determinaron la creación de una legalidad paralela ya ha sido subrayado. Su responsabilidad en la movilización tumultuaria dirigida a demostrar la pérdida de potestad jurisdiccional de los Jueces de Cataluña, se vio facilitada por los respectivos cargos que desempeñaban", se lee en la sentencia.

[VÍDEO: estas son las condenas impuestas por el Tribunal Supremo]

Forcadell, Forn y Rull, que han sido condenados solo por sedición y han sido absueltos del delito de malversación, "participaban del carácter de autoridad" que prevé el Código Penal en su artículo 545.1, ha destacado el Tribunal Supremo, lo que les distingue de Sánchez y Cuixart, condenados por le mismo delito pero a los que han impuesto una pena menor, de 9 años de prisión.

Rull estaba acusado de rebelión con distracción ilegal de caudales públicos por la Fiscalía, que pedía 16 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta para él. En prisión preventiva desde el 23 de marzo de 2018, la Abogacía del Estado solicitaba por su parte que fuera condenado a 11 años y 6 meses de prisión y al mismo tiempo de inhabilitación por sedición y malversación, mientras que la acusación popular ejercida por Vox pedía 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía lo situaba en las reuniones de "altos cargos de la administración autónoma y algunas relevantes personalidades relacionadas con el mundo del independentismo para discutir los aspectos relativos al proceso para la independencia y la construcción de un Estado propio", encuentros en los que "llegaron al convencimiento de que el Estado jamás negociaría bilateralmente la celebración de un referéndum de autodeterminación, por lo que decidieron convocarlo de forma unilateral". En su escrito de conclusiones definitivas, destacaba además que "en su condición de consejero de Territorio prohibió arbitrariamente que un barco con efectivos policiales pudiera atracar en el puerto de Palamós" de cara al 1-O.

El 20 de febrero, en su declaración ante el tribunal del 'procés', Rull defendió el referéndum como una acción democrática. "Estábamos vinculados al mandamiento de las urnas, del programa electoral, al mandato del Parlament... La gente vota y es una costumbre buena que se cumpla lo que votan los ciudadanos". También sostuvo que hay una permanente utilización del Tribunal Constitucional por el Estado y que este se ha dejado instrumentalizar", presentándose así como alguien que se movió "en el triángulo entre el imperio de la ley, el principio democrático y el principio de legitimidad". El 12 de junio, en su turno de última palabra, aseguró que en un futuro espera vivir en "una república catalana donde sea imposible que alguien sea encarcelado por sus ideas".

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