La Audiencia Nacional enviará a los juzgados de Madrid las filtraciones sobre los CDR

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional tiene previsto remitir a los juzgados competentes, los de Madrid, la solicitud de las defensas de investigar la "filtración masiva" a medios de comunicación del detalles del procedimiento en el que se investiga a siete miembros de los CDR por terrorismo, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. Este mismo viernes, la Fiscalía ha informado a favor de su remisión a Plaza Castilla.

En el dictamen que ha enviado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye esta causa, manifiesta que los escritos presentados por las defensas de los CDR, haciendo esta petición y de los que el magistrado les dio traslado, deben ser considerados como una denuncia por revelación de secretos. Desde el Juzgado se sospecha que la información pudo llegar a la prensa desde algún Ministerio.

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Al tratarse de un delito del que no es competente la Audiencia Nacional, el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, considera que las filtraciones denunciadas deben ser investigadas en el "juzgado territorialmente competente" y que sería un juzgado de instrucción de Madrid de los ubicados en la Plaza de Castilla.
Rechaza de este modo la Fiscalía la apertura de una pieza separada para investigar estos hechos, tal y como reclamaban las defensas de los CDR en sus respectivos escritos, todos ellos dirigidos al juez García Castellón en el mismo sentido.

Fuentes jurídicas han señalado que con toda probabilidad el juez acordará en las próximas horas a remitir esta denuncia a los juzgados

En esos escritos, que ahora la Fiscalía pide que se consideren como denuncia, las defensas reclamaban al juez de la Audiencia Nacional investigar en una pieza separada si la Fiscalía o la Guardia Civil son los autores de esa "filtración masiva". En uno de los escritos presentados, los abogados pedían al juez averiguar quién está detrás de las filtraciones, lo que a su parecer podría constituir un delito de revelación de secretos y otro contra la administración pública, indica EFE.

Las defensas apuntan directamente como responsables a la Guardia Civil y a la Fiscalía, puesto que, recuerdan, el ministerio público es la única parte de la causa que tuvo acceso a la totalidad del auto de prisión publicado en varios medios.

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Según los letrados, los siete autos del juez se han publicado de forma íntegra, pese a que a las defensas se les notificaron con un fragmento eliminado, por estar la causa bajo secreto de sumario. Los abogados critican que, mientras ellos "no tienen el más mínimo conocimiento de los hechos" y solo conocen la imputación provisional que se atribuye a sus defendidos, los medios han publicado de forma "exhaustiva" esos autos, lo que incluye hasta vídeos de la Guardia Civil sobre los registros practicados.

Por ese motivo, creen "absolutamente inadmisible" que las actuaciones de la llamada Operación Judas sean públicas únicamente para los medios de comunicación "y, en cambio, para las defensas, la justicia se mantenga a puerta cerrada".

Los abogados critican que, mientras ellos "no tenían el más mínimo conocimiento de los hechos", los medios lo publicaban de forma "exhaustiva"

En opinión de los abogados, las filtraciones, que además incluyen datos personales y familiares sobre los detenidos, vulneran el derecho de defensa de los acusados, sometidos a un "linchamiento mediático", "dejando en saco roto el derecho a la presunción de inocencia". Todo ello, añaden, sin que los afectados puedan ejercitar ningún derecho a réplica, "no solo porque están privados de libertad, sino porque no tienen acceso a las actuaciones".

Además de investigar la procedencia de las filtraciones, también pedían al juez que obligase a los medios a retirar los enlaces a las informaciones que debían permanecer secretas, "por afectar a la intimidad y seguridad de los investigados" y "a la presunción de inocencia de la que debieran gozar".