Un juez ya investiga el 'hackeo' de los correos del tribunal del 'procés'

Tres meses después de que personas no identificadas trataran de acceder al correo electrónico del magistrado Manuel Marchena y sus seis compañeros del tribunal del 'procés', el asunto se encuentra en manos de un juez. El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ya investiga la denuncia presentada por la Fiscalía tras el episodio, sucedido tras el visto para sentencia, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

El Ministerio Público —y en concreto la fiscal de sala responsable de delitos informáticos, Elvira Tejada— se ha dirigido a los juzgados de plaza Castilla tras concluir que las conductas desarrolladas a finales de junio, cuando el Centro Nacional de Inteligencia alertó de un 'hackeo' masivo a los 'e-mails' corporativos de los magistrados, encajan en la comisión de un delito contra la intimidad por medios informáticos. Se ha decretado el secreto de las actuaciones.

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Como establece el Código Penal en su artículo 197, el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. La difusión de los mensajes captados o su revelación o cesión a terceros agravan la pena, que pasa a ser de dos a cinco años de prisión.

La denuncia culmina las diligencias abiertas por la Fiscalía después de que el CNI detectara este tipo de acciones contra los 'mails' profesionales de los jueces, ataque que coincidió con el inicio de las deliberaciones, en el momento más sensible del procedimiento. El 'hackeo' fue reivindicado en redes sociales por Anonymous Catalonia, que se mofó de las medidas de seguridad implementadas por las autoridades.

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El suceso provocó que el Consejo General del Poder Judicial comunicara a la Agencia Española de Protección de Datos "una brecha de seguridad consistente en el ataque a determinadas cuentas de correo" y recordara también a los magistrados "los protocolos de seguridad que deben adoptarse en relación con el uso del correo". La Fiscalía espera averiguar las verdaderas identidades de quienes se encuentran tras el ataque, por lo que todo hace prever que reclamará diligencias para identificar a los autores.

El ataque no consiguió todos sus objetivos. O al menos así lo aseguró Anonymous en su propia cuenta de Twitter. En uno de sus mensajes adjuntaba un pantallazo de la página principal del correo del juez Marchena y se apenaba de no poder dar información sobre el estado de la sentencia, pues "Marchena no usa su cuenta profesional para eso". Y añade: "Ni una sola referencia a la causa [...] en todo su correo". El colectivo indicó entonces que el objetivo no eran "los jueces del 'procés". "Fue pura casualidad caer encima del correo de Marchena y el CNI lo tendría que saber perfectamente...". "Esto no tiene nada de 'hackeo' y la seguridad de las instituciones españolas es la misma que ese candado de la maleta que te viene con un 0000", agregaron.