EN SU DECLARACIÓN COMO IMPUTADO

Un técnico del PP asegura al juez de Púnica que Aguirre controlaba las adjudicaciones

El ex alto cargo de la Viceconsejería de Sanidad ha situado a la expresidenta madrileña en una reunión en la que se habría dado la orden de dar contratos al empresario Horacio Mercado

Foto: Fotografía de archivo, tomada el 10 4 2018, de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. (EFE)
Fotografía de archivo, tomada el 10 4 2018, de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. (EFE)

Se estrecha el cerco en torno a Esperanza Aguirre en el caso Púnica. Germán Rasilla, antiguo técnico de la Viceconsejería de Infraestructuras Sanitaria, ha asegurado este lunes ante el magistrado Alejandro Abascal que desde 2004 las adjudicaciones de contratos de publicidad y medios necesitaban el visto bueno de Presidencia de la Comunidad de Madrid, explican fuentes jurídicas a El Confidencial. En su declaración como investigado, Rasilla ha defendido que su actuación fue legal y que los trabajos que se reflejan en los contratos se llevaron a cabo, pero en todo momento ha apuntado como última responsable a la expresidenta madrileña, que tendrá que comparecer el próximo 18 de octubre en la Audiencia Nacional como imputada.

A preguntas de la Fiscalía, el ex alto cargo de la Viceconsejería de Sanidad ha situado a Aguirre en una reunión celebrada en 2004, encuentro en el que habría ordenado a todos sus consejeros que facilitaran la adjudicación de contratos al empresario Horacio Mercado, ya imputado en el caso por ser uno de los supuestos beneficiados de esta trama de corrupción. Según ha defendido Rasilla, Mercado tenía contacto directo con Presidencia de la Comunidad y contaba con información privilegiada sobre las adjudicaciones.

La declaración apuntala así la tesis del magistrado Manuel García Castellón, que en el auto que emitió a comienzos de septiembre destaca la importancia de esta cita: "Fue en una reunión a principios del año 2004, en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid, cuando se presentó a los consejeros a aquel empresario". Para justificar la imputación de Aguirre, el magistrado subraya además que existen indicios racionales de que dicha reunión fue presidida por ella y de que a la misma asistieron también sus asesores de gabinete y los investigados Ignacio González y Francisco Granados.

En el auto, el juez explica que aquel encuentro sirvió para sentar las bases del proceder ilícito que se perpetuaría en los años siguientes. "La investigación arroja indicios racionales de la existencia de otros planes ilícitos, posteriores en el tiempo a la reunión del año 2004, dirigidos a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y de las elecciones generales del año 2008", indica.

La imputación de Rasilla se relaciona además con el presunto saqueó de la trama Púnica en la sanidad madrileña, pues García Castellón apunta a que entre 2004 y 2007 se produjo un desfalco de más de tres millones de euros en hospitales y centros de salud de la Comunidad. Con Manuel Lamela como consejero de Sanidad, los investigadores sostienen que el PP de Madrid impuso la cláusula del 1% a toda empresa que quisiera conseguir los contratos de construcción o explotación, porcentaje que permitió nutrir las arcas del partido, dopar las campañas electorales o enriquecer a los responsables de las adjudicaciones. 27 hospitales y centros de salud se convirtieron así en una de las ramas más lucrativas de la red corrupta.

El desfalco se remonta a la puesta en marcha del denominado 'Plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007' desde la Consejería de Sanidad, que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud en la comunidad. De cara al público, se vendía la idea de modernizar el sector, pero el proyecto "confirió la cobertura oportuna para introducir [...] la cláusula ideada indiciariamente por el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, en connivencia con los altos mandatarios del PPCM, que obligaría a cada contratista a abonar, en concepto de publicidad de la obra, hasta un 1% del presupuesto de cada contrato, como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del partido", explica el juez en el auto.

En su comparecencia ante el juez, Rasilla ha afirmado ahora que entre esos "altos mandatarios del PPCM" se encontraba la propia Aguirre, a la que el juez también sitúa como cerebro de la trama: "La investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid".

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