Incidente en los interrogatorios

Sombras de nulidad en Púnica: un denunciante declara que se vio con la Fiscalía

El testigo admitió, en plena declaración, que mantuvo reuniones con las fiscales del caso y con miembros de la Guardia Civil en que ambas partes intercambiaron información

Foto: El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. (EFE)
El exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. (EFE)
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El inicio de la nueva ronda de declaraciones de la trama Púnica se presenta accidentado. Solo tres días después del comienzo de las decenas de interrogatorios de imputados y testigos previstas a lo largo de este mes y el de octubre, un episodio sucedido este miércoles durante la comparecencia de un perjudicado por la actividad de la trama ha abierto la puerta a que las defensas presenten reclamaciones para anular una parte del procedimiento sobre la red. Según aseguran fuentes presentes en la declaración, el denunciante admitió que mantuvo reuniones con las fiscales del caso y con miembros de la Guardia Civil en las que ambas partes intercambiaron información. Y lo hizo ante la atenta mirada de una veintena de abogados dispuestos a afilar los cuchillos al menor indicio de debilidad en la investigación de esta macrocausa.

Todo sucedió durante una extensa declaración centrada en el presunto desvío de 800.000 euros destinados al ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados desde las arcas de la constructora OHL. Según la teoría reflejada por la UCO en informes que obran en la causa, Granados cobró los fondos a través de una empresa, Bustren, en la que, siempre según la UCO, tenía acciones. El camino de los fondos desde la constructora de Villar Mir hasta Granados habría contado con la intermediación de una sociedad denominada KV, que se utilizó como 'enlace'.

Y aquí entra en juego el denunciante en cuestión, Gerardo Jimeno Campo. El testigo de la jornada tenía participaciones de KV y contenciosos económicos con dos de sus administradores, César Sánchez García y Cristóbal Medina. Denunció y presentó documentación en la que supuestamente se acreditaba que sus socios realizaron durante los años 2012 y 2013 operativas con el fin de desviar fondos a Bustren procedentes de OHL. Además, declaró antes de verano en la Audiencia Nacional que Granados estaba tras Bustren y que esas mordidas se habían disfrazado con conceptos variopintos, desde facturación irregular hasta supuestos préstamos.

La sorpresa saltó cuando el abogado de Jesús Trabada, un antiguo alto cargo de la Consejería de Transportes que lideró las sucesivas ampliaciones de Metro de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y que creó la famosa Bustren, quiso saber de qué manera había conocido el denunciante que Granados estaba tras la empresa a la se atribuyen funciones de pantalla. Jimeno Campo indicó, para estupor de todos los presentes, que fue en la Fiscalía Anticorrupción donde supo este dato, esencial para cuadrar el triángulo de los fondos.

El abogado de Granados, Javier Vasallo, no perdió la oportunidad y abrió fuego. Pidió turno de pregunta y quiso conocer por qué, para qué y cuantas veces se había reunido el denunciante con la Fiscalía y miembros de la UCO, que estaba presente en esos encuentros, y si estos se produjeron antes o después de que ampliara su denuncia con datos adicionales ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Ante la avalancha de preguntas, explicó que, además de saber sobre Granados en estas citas, leyó posteriormente datos que lo corroboraron en la prensa, en concreto en este diario.

Como informó El Confidencial en junio, informes del Instituto Armado elevaron la cuantía del presunto patrimonio ilícito que habría acumulado Granados durante su larga trayectoria política. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado concluían entonces que el ex secretario general del PP de Madrid utilizó un testaferro y al menos dos sociedades instrumentales para cobrar 800.000 euros en comisiones de la constructora OHL.

Los sobornos habrían llegado a Granados a través de la firma de servicios de ingeniería Bustren PM SL, que fue creada en 2011 por Jesús Trabada. Conversaciones telefónicas y declaraciones de los propios investigados revelarían que, además de Trabada, también formaban parte del accionariado de esa nueva mercantil Francisco Granados, que utilizó como parapeto a su antiguo jefe de gabinete, Ignacio Palacios, y el propio Javier López Madrid, consejero de OHL y yerno del presidente de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, que habría utilizado como testaferro a su hermana, Myriam López Madrid, decía la UCO.

Fuentes jurídicas consultadas informan de que varios de los letrados de las defensas han tomado buena nota del incidente, que levantó una ola de murmullos en la sala. Consideran las defensas que esta declaración sustenta su teoría de que declaraciones como la señalada vienen 'guiadas' desde el Ministerio Público. El suceso se suma al evidente malestar de los letrados con la forma de proceder de Anticorrupción en el caso, en niveles tan elevados que llegó a provocar este martes una intervención del instructor, Manuel García-Castellón, para detener ataques verbales subidos de tono a las dos fiscales.

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