POR VALOR DE 753.360 EUROS ENTRE 2006 Y 2014

El PP "concertó" con su bastión de Pozuelo 120 "contratos de favor" con la trama Púnica

El juez investiga si este Ayuntamiento gratificó con adjudicaciones a empresas que habían colaborado en el fraude electoral del PP. En parte de ese periodo fue alcaldesa la vicepresidenta de la Asamblea

Foto: De izquierda a derecha, Gonzalo Aguado, Paloma Adrados y Francisco Granados, este último principal imputado en Púnica. (EFE)
De izquierda a derecha, Gonzalo Aguado, Paloma Adrados y Francisco Granados, este último principal imputado en Púnica. (EFE)

"Contratos de favor". Así los califica la Audiencia Nacional, que actualmente "son objeto de investigación en la causa", según reconoce el juez Manuel García-Castellón en el último auto que señalaba la imputación de las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por financiación ilícita y desvío de dinero público. Y es que los tentáculos del caso Púnica llegaron a muchas administraciones. Una de ellas el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón, bastión tradicional del PP (los populares nunca han perdido unas elecciones locales) y el municipio con la renta per cápita más alta de España.

El magistrado señala que "los responsables del PP de Madrid concertarían con cargos públicos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón la adjudicación de contratos menores" a varias mercantiles de la trama que habían colaborado con el partido "como forma de pagar sus servicios electorales". Las agraciadas fueron las empresas Back RVS, Croma 21 y Digital Plane, investigadas en la causa por ayudar a inflar irregularmente los gastos electorales del PP de Madrid. A cambio este Consistorio madrileño les adjudicó 120 contratos menores por importe de 753.360 euros, "todos ellos relacionados con fiestas y eventos públicos"

"El plan contempló fraccionar los contratos con la finalidad de disminuir la cuantía de cada prestación hasta el importe del contrato menor, lo que les permitió eludir los requisitos de publicidad y restringir la libre competencia, eludiendo el procedimiento que tendría que haber sido aplicable", señala el juez en su auto. Los investigadores analizan ahora los contratos otorgados entre 2006 y 2014, cuando Pozuelo estuvo gobernada primero por Jesús Sepúlveda (que tuvo que dimitir en 2009 tras ser imputado en el caso Gürtel), Gonzalo Aguado (regidor entre marzo de 2009 y junio de 2011 y ex alto cargo de la Comunidad de Madrid), y Paloma Adrados (alcaldesa entre 2011 y 2015 y hoy vicepresidenta de la Asamblea de Madrid).

Los investigadores tienen ya constatado que en al menos 39 contratos, valorados en 370.370,90 euros, la fecha de facturación del servicio es anterior a la fecha de prestación del propio servicio. "También se ha evidenciado que los servicios facturados por la sociedad Croma 21 exceden del objeto social de esta mercantil: organización, promoción y gestión de todo tipo de actividades relacionadas con el deporte". Los contratos presuntamente amañados empezaron a gestarse en Pozuelo cuando el concejal de Cultura era Mario de Utrilla, ya imputado en Púnica en otra pieza, la de Cofely. Utrilla está investigado en esa pieza por amañar adjudicaciones en Móstoles.

El exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (izquierda), condenado a prisión en el caso Gürtel.
El exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda (izquierda), condenado a prisión en el caso Gürtel.

Dicho investigado firmó, en muchas de las facturas presentadas, "la conformidad de un servicio que no había sido prestado", señala el auto. En esos primeros años el alcalde de Pozuelo era Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato. Sepúlveda fue condenado en mayo de 2018 a 14 años y 4 meses de prisión por participar en la trama Gürtel. Tras pagar 100.000 euros de fianza está en libertad provisional a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados. Entre 2008 y 2012 la Audiencia Nacional señala que los concejales de Cultura fueron África Sánchez Marín y Pablo Gil Alonso. Este último es hoy concejal de Servicios al Ciudadano. Fuentes del Ayuntamiento señala que "Pablo Gil nunca ha sido concejal de Cultura. Sí de Festejos".

Las tres empresas antes mencionadas cobraron parte de sus servicios electorales al PP en las campañas de 2007, 2008 y 2011 "a través de la adjudicación de contratos públicos licitados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y por el ente público Patronato Municipal de la Cultura", señala la Audiencia. ¿Qué servicios eran esos? Según los investigadores las subvenciones públicas que recibió Fundescam (una fundación del PP de Madrid) se desviaron a una contabilidad paralela del partido que ayudó a sufragar gastos electorales fuera del control del Tribunal de Cuentas.

Para enmascarar ese desvío de dinero público fue clave la participación de las mercantiles Back RVS, Croma 21 y Digital Plane. Como proveedores del PP de Madrid estas tres empresas no emitieron facturas al partido, sino a Fundescam, "encubriendo el verdadero trabajo de naturaleza electoral bajo conceptos concordantes con el fin de la subvención". Estas empresas "confeccionaron facturas a Fundescam con conceptos irreales". Es decir, la Comunidad de Madrid (controlada por el PP) daba una subvención a Fundescam (fundación del PP) para realizar actividades sin ánimo de lucro.

Estas actividades nunca se realizaban, sino que el dinero de la subvención pública se utilizó para dopar electoralmente al PP, que tenía un límite de gasto marcado por ley que no podía superar, pero que sobrepasó gracias a este sistema concertado y fraudulento. Lo que hacían estas tres empresas era facturar falsamente como si Fundescam hubiera contratado esas actividades. A cambio, para devolverles el favor, el PP ordenó a Pozuelo que les gratificara con estos 120 contratos que ahora se analizan.

Madrid

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