Polémica en la judicatura por el proyecto del PSOE de reformar el sistema de oposiciones

El PSOE quiere cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial. El partido presentó el pasado martes su 'Propuesta abierta para un programa común progresista' y planteó cuatro ideas bajo el título de 'Justicia Independiente', entre las que destaca el proyecto de reformar las oposiciones de jueces y fiscales. Los socialistas apenas explican en qué consistiría el cambio, pero la sugerencia ya ha suscitado polémica en la judicatura y la Fiscalía, donde no todos están de acuerdo con la necesidad de repensar el sistema. A falta de que el partido concrete la reforma, la división se refleja ya en las asociaciones de jueces y fiscales.

El ingreso en la carrera judicial exige la superación de una oposición libre y de un curso teórico y práctico. Las convocatorias se producen al menos cada dos años y, desde 2001, la de los jueces se realiza conjuntamente con la de ingreso en la carrera fiscal, "de modo que las personas que aprueban la fase del proceso selectivo optan, según la puntuación obtenida y las plazas convocadas, por realizar el curso-teórico práctico en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia", explica el Consejo General del Poder Judicial. Tras el anuncio del PSOE, la duda pasa ahora por ver hasta qué punto quieren reformar este sistema.

"Modernizaremos también el sistema de acceso a la carrera judicial, para lo cual nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia de la situación socioeconómica de los aspirantes", asegura el PSOE en el documento 'Propuesta abierta para un programa común progresista'. Respecto a los otros tres proyectos que plantean en materia de Justicia, los socialistas abogan por modernizar la tramitación de los expedientes, eliminar el plazo máximo de instrucción y restaurar la llamada 'justicia universal'.

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Más allá de la polémica que puedan suscitar los otros tres puntos, la reforma del acceso a la carrera judicial es el que plantea más dudas. "No tenemos una postura al respecto porque no hay una propuesta concreta", comenta Iria González, vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, asociación a la que perteneció la actual ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. Aunque desde la UPF ven con buenos ojos reformar el sistema de oposiciones para que sea menos "memorístico" y garantice "los principios de igualdad y anonimato", prefieren no entrar en valoraciones hasta conocer cuáles serían los cambios.

Frente a la UPF, otras asociaciones sí cargan contra la propuesta al considerar que el PSOE solo busca injerir en la judicatura y la Fiscalía. "Si el Poder Judicial ya está influido por el poder político por arriba, ahora solo se busca que las bases también lo estén", critica Raimundo Prado, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Reconoce que el actual sistema "no es perfecto", pero argumenta que no plantear reformas para otros puestos como el de abogado del Estado carece de sentido. Ante la promesa del PSOE de garantizar "la igualdad de oportunidades con independencia de la situación socioeconómica de los aspirantes", Prado subraya además que quienes acceden a la carrera judicial no son "niños de papá ni niños ricos".

Línea similar expresa Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, la más numerosa en cuanto a afiliados, que defiende que el acceso a la carrera judicial se basa en los principios constitucionales de mérito y capacidad, garantizando así que solo se convierten en jueces y fiscales aquellos que demuestran unos conocimientos que "rayan la excelencia". Respecto a la promesa socialista de inspirarse "en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial", Almenar subraya que los "jueces españoles se encuentran entre los más demandados por Naciones Unidas para impartir cursos".

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Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, también critica la propuesta. "Ese empecinamiento en cambiar el sistema solo para la oposicion común de jueces y fiscales, esto es, para entrar a formar parte del poder judicial, solo puede responder a un interés último de controlarlo a través de la selección de quien ingresa", asegura.

Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, sí defiende por el contrario la necesidad de reformar el sistema: "Compartimos plenamente con el PSOE la idea de garantizar el principio de igualdad y de que cualquier ciudadano pueda acceder a la carrera judicial con independencia de su situación socioeconómica gracias a becas o ayudas públicas", explica. Pese a ello, coincide con el resto de asociaciones al considerar que la propuesta se ha redactado en "términos muy genéricos", incidiendo además en la delicadeza con la que se debe llevar a cabo cualquier cambio para no perjudicar a los aspirantes que están preparando las oposiciones.

La propuesta del PSOE se ha convertido así en un tema polémico entre jueces y fiscales. El partido apenas explica en qué consistiría la reforma, que no se menciona hasta el punto 240 de los 270 que incluye su documento, pero la simple mención de la misma ya ha provocado que las asociaciones mantengan posturas distintas al respecto. Por el momento, jueces y fiscales quedan una vez más a la espera de una promesa política.