Los fiscales pedirán una red informática al margen de la Generalitat tras la intrusión

La investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial sobre la posible intrusión de la Generalitat de Cataluña en los ordenadores de los jueces en la comunidad ha tenido una réplica en la Fiscalía. Los fiscales en Cataluña vieron en sus ordenadores el mismo aviso que los magistrados y, aunque en un primer momento les pasó desapercibido, después comenzaron a organizarse. Diego Villafañe, miembro del Consejo Fiscal y destinado en Cataluña, explica que el caso será previsiblemente tratado en el Consejo Fiscal y en las asociaciones y que pedirán una red informática independiente de las comunidades e interconectada entre ellos.

Fue un aviso aparentemente inocuo que comenzó a aparecer en las pantallas de ordenador de los funcionarios de la Generalitat, unos 250.000. Pero los jueces dieron el aviso. El Poder Judicial emitió una nota según la cual estaba investigando si al aceptar las condiciones de uso se estaba permitiendo el acceso del Gobierno regional a los ordenadores de los magistrados. En julio del 2017, en plena escalada del 'procés', el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denegó el permiso a los funcionarios del Govern para acceder a los sistemas informáticos de los juzgados catalanes, una decisión luego ratificada.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ya incluye que deben tener una red informática propia

Los jueces son independientes pero los medios materiales para su labor se los proporcionan las comunidades autónomas y de ahí surgen las suspicacias. Tras la nota del Poder Judicial, la Generalitat explicó que el mensaje fue "emitido por la Consejería de Políticas Digitales y se distribuyó en todos los ordenadores que dependen del Gobierno autonómico". Es decir, que era un mensaje para los 250.000 empleados públicos y no para la judicatura. "El mensaje no se envió a un grupo seleccionado o a un sector concreto. Lo que se venía a recordar con ese mensaje es que el destinatario hiciera un buen uso del ordenador, pero en ningún momento la intención fue intervenir el dispositivo en concreto".

Los fiscales comenzaron a movilizarse. Ellos también recibieron el mensaje y planean acciones en las asociaciones judiciales y en el Consejo Fiscal. Aluden a que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ya incluye que deben tener una red propia pero eso se incumple. "El sistema de información y la red integrada de comunicaciones electrónicas del Ministerio Fiscal serán definidos y gestionados por los órganos competentes de la Fiscalía General del Estado. A estos efectos contarán con el soporte administrativo y tecnológico del Ministerio de Justicia".

La Generalitat afirma que fue un mensaje rutinario a sus 250.000 empleados

Para el caso de las comunidades con competencias sobre los medios de la Justicia, aclara: "Las comunidades autónomas que hubiesen asumido competencias en materia de provisión de medios materiales para la Administración de Justicia participarán junto al Ministerio de Justicia en la dotación de los equipamientos informáticos del Ministerio Fiscal, con sujeción a lo dispuesto en este Estatuto Orgánico y a los acuerdos y resoluciones adoptados por la Comisión Nacional de Informática y Comunicaciones Electrónicas del Ministerio Fiscal".

Sin embargo, los fiscales siguen sin sistemas interconectados. Los recelos de los profesionales de la Justicia con la Administración catalana son máximos desde el 'procés'. En el otoño de 2017, antes de la declaración de independencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llegó a pedir que la Policía Nacional sustituyera a los Mossos de las labores de vigilancia de su sede. Además, los juzgados han sufrido pintadas y escraches a los que en ocasiones han llegado a sumarse funcionarios autonómicos. La plantilla de jueces y fiscales procedentes de otras comunidades de España menguan porque piden el traslado.

El Gobierno sigue con mucha atención todos los movimientos informáticos de la Generalitat, en especial su intento declarado de crear una república digital catalana, con censo y moneda propia. Los recelos explican la reacción del Poder Judicial.