Jaime Botín alega sin éxito "pérdidas de memoria" para escapar del juicio del Picasso

El juicio por contrabando contra Jaime Botín, patrón de Bankinter, ha derivado en un importante choque entre la jueza del caso y la Fiscalía. El Ministerio Público pidió en marzo la suspensión porque el fiscal del caso iba de vacaciones y, aunque la juez lo concedió en el último segundo, considera intolerable esa desidia que "atenta contra la buena marcha de la Administración de Justicia". Además, critica que la Fiscalía pida nuevas pruebas psíquicas, ya que la defensa de Botín, de 83 años, está alegando "pérdidas de memoria" para no sentarse en el banquillo.

Iba a ser el juicio del siglo en materia de patrimonio. El Estado, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, iba a sentar en el banquillo a Jaime Botín por contrabando de un Picasso. El cuadro, 'Cabeza de mujer joven', tasado en 26 millones, fue aprehendido en Córcega en agosto de 2015. Botín se lo había llevado en su yate pese a que el Gobierno primero y después la Justicia le habían prohibido sacarlo de España. El Estado pide incluso requisar la goleta, Botín se enfrenta a una petición de cárcel de cuatro años de prisión y el juez le impuso una fianza de 133 millones.

Los forenses consideran que Botín "está en condiciones de asistir a las sesiones del juicio y que su estado es el normal de una persona de 83 años"

Pero como adelantó este diario, el fiscal de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, César Estirado, alegó que estaba de vacaciones y que no iba a poder acudir. Le amparó la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez, que se adhirió a la petición de la defensa de posponer la vista. La fiscalía presentó un escrito el pasado 17 de julio en el que recordaba que el fiscal del caso había pedido posponer el juicio en un escrito a principios de marzo.

El texto señala que ese escrito no fue contestado ni trasladado a las partes. La fiscal jefe de Madrid señalaba que "han sido muchas las gestiones realizadas" para cambiar la fecha del juicio pero todas sin respuesta. Argumentaba que el otro fiscal especializado en Patrimonio tenía dos juicios esta semana y que el que estaba de vacaciones había llevado el caso desde el principio, por lo que lo ideal era que participara él. Además, reclamaba que Botín se sometiera al examen de un forense, como pedía la defensa.

El pasado viernes, la jueza del caso, Elena Raquel González Bayón, dictó un duro auto de respuesta en el que denegaba la suspensión. "El día 1 de marzo de 2019, por el Ministerio Fiscal especialista, se interesó la suspensión de la vista, en base a que en esas fechas estaba de vacaciones. Fecha en la que era difícil ni siquiera que las tuviera solicitadas, no constando en el procedimiento tampoco su concesión", señala la jueza, que añade: "La solicitud se trató y solventó mediante conversación telefónica con el mismo, haciéndole saber que no era viable el cambio de fecha del juicio, pues la petición se hacía tres meses después de notificado el señalamiento a las partes, estando citados los numerosos testigos y peritos admitidos en el auto de señalamiento (el desarrollo de la vista estaba previsto para cuatro o cinco días), no constando además que ninguno de ellos hubiera excusado su asistencia, manifestando el fiscal especialista que entonces lo haría otro compañero".

La magistrada señala que "en todo momento ha sido fluida la comunicación con el fiscal especialista" y que este sabía desde marzo que no pensaba mover la fecha del juicio. Pese a ello no aportó "la petición y la concesión de esas vacaciones inaplazables, que justificara, si es que ello es posible, su inasistencia al juicio, a pesar de que, como se hace constar en el escrito de la fiscal jefe, es el único fiscal capaz de llevar a cabo el juicio por el presunto delito de contrabando, que afecta nada menos que al patrimonio del Estado español". La reprimenda no acaba ahí: "A sabiendas de todo ello el fiscal especialista no solo se fue de vacaciones en las fechas de celebración del juicio, sino que se intenta justificar esa inasistencia al juicio, cuando lo que se debería hacer es evitar y reprobar este tipo de conductas, que atentan contra la buena marcha de la Administración de Justicia".

La defensa de Botín, que lleva el exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, también pidió el aplazamiento pese a que anteriormente había reclamado acelerar el juicio. "Los informes presentados por la defensa hacen constar que tiene pérdidas de memoria y no puede afrontar situaciones problemáticas", especialmente tras un ictus que sufrió el pasado 21 de diciembre. Sin embargo, los forenses de la Administración de Justicia chequearon la documentación el pasado 14 de junio y concluyeron que "está en condiciones de asistir a las sesiones del juicio y que su estado es el normal de una persona de 83 años".

Botín tiene pendiente una acusación por delito fiscal por la matriculación de su 'jet' privado

La jueza se extraña de que la Fiscalía pida ahora nuevos informes forenses como hace la defensa. "Sorprende que sea ahora la fiscal jefe quien inste una nueva exploración del acusado por el médico-forense [...] y que además se adhiera a la petición de suspensión del juicio instada por la defensa, a la vista de que ambos informes médico-forenses dicen que el estado del acusado es normal y que está en condiciones de asistir a las sesiones del juicio". La jueza interpreta que la Fiscalía "parece dar a entender que se obvien los informes objetivos, en beneficio de los de parte, lo que no se ha hecho, ni se hará, por considerar al médico forense un perito objetivo e imparcial, que no tiene interés alguno en la causa".

El caso de Botín ha tardado cuatro años en llegar a juicio y cuando estaba todo listo quedó suspendido hasta noviembre. El banquero se ha negado a buscar una condena de conformidad y defiende su inocencia. Alegó que el cuadro nunca estuvo en España porque su barco no tiene pabellón español y que lo llevaba a Ginebra para guardarlo en un puerto seguro, no para exportarlo. Cuando cambió el Gobierno sí pidió y logró una cita reservada con el entonces recién nombrado ministro de Cultura, José Guirao. En esa reunión, adelantada por El Confidencial, ofreció exponer el cuadro en público si mantenía la posesión. El Gobierno no respondió a la oferta y el caso llegó a juicio.

A este caso se suma una acusación pendiente por fraude fiscal en la matriculación de su avión privado. El banquero usó Portugal y la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid le acusó de defraudar al fisco. El fraude en los 'jets' privados ha sido un clásico del Ibex, aunque la mayoría han ido por lo contencioso, como critica la defensa de Botín. El banquero había negociado una condena de conformidad sin cárcel pero la rompió el día que había que formalizarlo porque el acuerdo se había hecho público.