Alquiler, factura de la luz y reforma laboral: las medidas que alejan a Sánchez e Iglesias

El documento programático hecho público por el PSOE este lunes y que Pedro Sánchez trasladará a Pablo Iglesias en su reunión de esta mañana en el Congreso para desbloquear la investidura destaca por sus ausencias en distintas medidas que para Podemos son cruciales, prácticamente líneas rojas, como la intervención del precio de los alquileres en las zonas más tensionadas, las reformas en el sistema eléctrico para reducir la factura de la luz, la derogación de la reforma laboral en línea con las exigencias de los grandes sindicatos, el blindaje de la subida de las pensiones vinculándolas al IPC e, incluso, la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana popularmente denominada como ley mordaza. Se trata de aspectos todos ellos incluidos en el pacto presupuestario que ya firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en Moncloa, y que desde Unidas Podemos se tenía como referencia de partida para iniciar las negociaciones, vinculándolas también a la formación de equipos —distribución de competencias de gobierno— para llevar a cabo estas medidas.

La propuesta de los socialistas ha caído como un jarro de agua fría en las filas de la formación morada, y aunque sus dirigentes han evitado entrar a valorarla en público apuntando que no la han recibido formalmente más allá de verla publicada en los medios, en privado no se esconde una indignación cada vez mayor, que viene creciendo durante los últimos días. Todo ello a dos semanas de la sesión de investidura de Pedro Sánchez y con ambas formaciones enrocadas en el marco de los sillones: los socialistas porque aprobaron en su ejecutiva presentar a la votación del Congreso un "Gobierno monocolor" y los morados porque siguen exigiendo un acuerdo integral que les dé entrada en el Consejo de Ministros con un peso proporcional al de su grupo parlamentario.

La propuesta de 38 páginas marca distancias con el documento de 48 páginas del 'Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado 2019' que llevaba impreso en todos los folios el sello del Gobierno de España y de Unidas Podemos, y era mucho más ambicioso en términos de políticas sociales y de izquierdas. En lo relativo a los alquileres, el cambio es sustancial. Se pasa de "poner techo a la subida abusiva de precios de alquiler en determinadas zonas" con un mecanismo mediante el que los "ayuntamientos que así lo consideren podrán declarar, temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo de las rentas de alquiler de vivienda habitual", a limitarse únicamente a aumentar el presupuesto para construir más vivienda social y poner en marcha "un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, con una duración de cuatro años y la movilización de 400 millones de euros".

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Las cuestiones energéticas desaparecen también del documento en los términos pactados anteriormente, asumiendo únicamente el impulso de las "normas legales necesarias para favorecer que se traslade al precio de la electricidad la reducción progresiva del coste de las energías renovables, y se garantice la rentabilidad adecuada y el pleno desarrollo de la expansión de las mismas". Se excluye así la creación de un bono social eléctrico para "permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía". Asimismo se evita acabar con la sobrerretribución, conocida como "beneficios caídos del cielo", para "establecer un límite a lo que determinadas tecnologías pueden cobrar en el mercado eléctrico". La diferencia entre el precio del mercado y ese límite se consideraría "un ingreso del sistema eléctrico y será destinada, directamente, a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores", según recogía el pacto presupuestario. Una medida que tras su inclusión en el pacto presupuestario generó una fuerte caída en Bolsa de las eléctricas.

La exigencia de derogar la reforma laboral, que Unidas Podemos ha situado como una línea roja tras reunirse con CCOO y UGT, se esquiva para proponer la eliminación de sus aspectos más lesivos, sin especificar cuáles, y un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Unas medidas insuficientes tanto para los negociadores de Podemos como para los sindicatos, que amenazan con movilizaciones si no se deroga la reforma laboral de 2012.

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En materia de fiscalidad, los socialistas propondrán a Podemos implantar una tasa a las transacciones financieras y otra a las grandes tecnológicas, por lo que se aparcan la subida del IRPF a las rentas altas (a partir de 130.000 euros anuales), el gravamen del 15% sobre los beneficios de las socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) o la aplicación a las sicavs del "tipo impositivo reducido tendente a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva".

Sánchez e Iglesias acudirán a su cita de este martes en el Congreso, su quinta reunión desde las elecciones generales, mucho más distanciados de como salieron tras su primer encuentro poselectoral en Moncloa el pasado 7 de mayo. Lo hacen también en medio de una tormenta de declaraciones cruzadas y ya instalados en la guerra del relato por responsabilizar al otro de un hipotético desacuerdo y abriéndose el camino hacia investidura fallida en julio, que situaría el 'deadline' para evitar el bloqueo y, por tanto, la repetición de elecciones en septiembre.

Este lunes, Pablo Iglesias avanzaba ya antes incluso de que saliese a la luz el documento programático propuesto por el PSOE que la intención de Sánchez era gobernar a través de una geometría variable, buscando acuerdos con la derecha en cuestiones económicas o laborales y pactando con Unidas Podemos algún "asuntillo social". Los socialistas, por su parte, defendían que el texto propuesto era lo suficientemente abierto e inconcreto como para que Unidas Podemos pueda hacer aportaciones. "Hoy nos vamos a centrar en acuerdos programáticos y, si seguimos avanzando, está sobre la mesa la propuesta del presidente, que podría concretarse más, pero a los ciudadanos primero hay que explicarles qué se puede hacer", justificaba la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.