El Canal pide al juez que indague en el presunto desfalco de 8,9 M en Colombia

El Canal de Isabel II quiere que se profundice en la investigación en torno a Inassa, su filial colombiana al otro lado del Atlántico. Después de que el titular del juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, diese por finalizada la fase de instrucción de esta pieza del caso Lezo el pasado mayo, el Canal ha entregado un escrito en el que solicita una prórroga de 18 meses para indagar en el presunto desfalco de 8,9 millones en Colombia. En concreto, pide que se revisen una serie de operaciones sospechosas llevadas a cabo por la empresa Triple A de Barranaquilla, la 'joya de la corona' de Inassa.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, el Canal solicita que se tome declaración como investigados a cuatro personas: el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino, el ex director de Negocios y Expansión de la empresa Diego García Arias, el ex director general de la Triple A Ramón Navarro Pereira y el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro. Ninguno de ellos se encuentra ya imputado por la compra de la empresa, pero El Canal, que está personado en el caso en calidad de entidad perjudicada, quiere que "se practiquen las diligencias pertinentes en averiguación de los delitos de administración desleal y/o apropiación indebida de 8,9 millones, así como por los delitos de falsedad contable, blanqueo de capitales y los demás que puedan resultar acreditados, presuntamente cometidos por Edmundo Rodríguez Sobrino y otros".

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El Canal sostiene para ello que "Edmundo Rodríguez Sobrino, con la colaboración de Diego García Arias, Ramón Navarro Pereira, y otras personas, sustrajo el importe referido de 8,9 millones de euros de la compañía Triple A de Barranquilla, desviando fondos mediante contratos y pagos por obras y servicios inexistentes a una filial", así como con un contrato de fiducia mercantil a través de otra sociedad "que le permitió desviar fondos a la propia Inassa, socia mayoritaria y de control de Triple A y desde a la que, administrando aquella, controlaba ésta".

Respecto al destino dado por Rodríguez Sobrino y García Arias a estos supuestos fondos sustraídos, el Canal se apoya en un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fechado el 15 de marzo: "Acreditan el pago de 6.000 euros a Luis Vicente Moro Díaz, pago que corresponde por destinatario, fecha y concepto, a gestiones realizadas por éste en la operación de adquisión por Inassa de la brasileña Emissao", que se llevó a cabo en 2013. De igual forma, el escrito recuerda que los investigadores también apuntan a un pago "de 7.200 o 72.000 euros a Mario Hernández Sánchez Barba", padre de Manuel Antonio Hernández Ruigómez, embajador de España en Haití entre 2011 y 2014. En cuanto al destino del resto de fondos sustraídos, el escrito no ofrece respuesta.

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Al establecer esta relación directa entre las empresas Triple A y Emissao, el Canal sostiene que ambas operaciones deben enjuiciarse conjuntamente. "Se trata, como le consta al juzgado, de delitos conexos e indisociables de los cometidos por las mismas personas, en las mismas circunstancias de fecha (2012-2016) y lugar aprovechando idéntica ocasión —la administración de Inassa que le fue encomendada por el investigado Jaime Ignacio González González— que coinciden plenamente con las que concurren en la adquisición desde Inassa de Emissao (2013)". Apoyándose en el artículo 17.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el escrito argumenta entonces que "deben ser investigados y enjuiciados en la misma causa", subrayando además que "los importes apropiados en la operación Triple A casi duplican los de la operación Emissao".

Además de solicitar la citación como investigados de Edmundo Rodríguez Sobrino, Diego García Arias, Ramón Navarro Pereira y Luis Vicente Moro, el Canal pide al juez, entre otros aspectos, que la UCO "determine de manera indubitada si la transferencia bancaria de 29 de noviembre de 2013 recibida por Mario Hernández Sánchez Barba ascendió a 7.200 o 72.000 euros y si antes o después recibió otra de la misma procedencia". Con este escrito, el Canal confía en que el juez alargue la fase de instrucción para que el presunto desfalco de 8,9 millones en torno a la empresa Triple A de Barranaquilla no caiga en el olvido.