El juez acusa a ING, CaixaBank e Ibercaja de permitir "sistemáticamente" el blanqueo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha dado el último paso previo a la imputación de ING, CaixaBank e Ibercaja por permitir presuntamente decenas de movimientos bancarios que habrían servido para blanquear fondos de políticos corruptos, narcotraficantes, proxenetas y otras organizaciones criminales, como aseguran de forma indiciaria varios informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac).

De la Mata acaba de dictar un auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, en el que reclama a los tres bancos que identifiquen de manera inmediata qué directivos firmaron la apertura de las cuentas por las que se habrían canalizado decenas de transacciones para un supuesto lavado masivo de fondos y les ordena que especifiquen también con la misma urgencia qué programa de cumplimiento tenían en vigor cuando se produjeron los movimientos bajo sospecha, en calidad de sujetos obligados por la Ley de Prevención contra el Blanqueo de Capitales, para tratar de aclarar por qué no dieron la voz de alarma y dejaron que el dinero siguiera circulando por su balance.

“Hasta la fecha se han obtenido datos objetivos que apuntan al incumplimiento de la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales"

“Hasta la fecha se han obtenido”, apunta De la Mata en el auto, “datos objetivos que apuntan al incumplimiento sistemático de la legislación vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales por parte de Ibercaja, CaixaBank e ING Bank (...)”. Por ello, el juez requiere a las entidades toda la documentación que sea necesaria para “delimitar por un lado la responsabilidad penal de las entidades bancarias e identificar a las personas físicas que gestionaron directamente la apertura y el control de las cuentas bancarias utilizadas por los investigados, permitiendo la ejecución de las operaciones sospechosas; y por otro lado, conocer el Programa de Cumplimiento ['compliance'] implementado por las entidades bancarias (indicando fecha de su implementación) al objetivo de garantizar que tanto la empresa como sus empleados cumplen adecuadamente el marco normativo aplicable”.

El origen de estas acusaciones es la investigación sobre un chiringuito financiero o 'shell bank' llamado Bandenia Banca Privada, que tenía su cuartel general en Las Rozas (Madrid) y fue desmantelado en junio de 2017. La UDEF llegó hasta los responsables de la entidad siguiendo el dinero de la narco Ana María Cameno, más conocida como 'la Reina de la Coca', que fue arrestada por última vez en 2014 con un alijo de 100 kilos de cocaína. La organización que lideraba utilizó presuntamente Bandenia para lavar los beneficios que obtenía con el tráfico de estupefacientes.

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Los expertos en delitos económicos de la Policía comprobaron que Cameno no era la única que supuestamente había recurrido a los servicios de esa supuesta entidad financiera para ocultar el rastro de fondos procedentes de actividades ilícitas. Tras Bandenia se escondían también el patrimonio de José Solsona Barriel, propietario de uno de los burdeles más grandes de Valencia, Sala Maxx; depósitos del ciudadano chino Jiang Jilong, detenido en 2012 por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental, asociación ilícita e inmigración clandestina; operaciones de crédito con un exministro de Economía de Sudán del Sur acusado en el país por el desvío irregular de ocho millones de dólares, y movimientos protagonizados por el abogado Cándido Conde-Pumpido Tourón, hijo del ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, para canalizar cobros de una red de clubes de alterne y por los que se encuentra imputado en otra pieza de esta misma causa.

De la Mata sospecha ahora que ING, CaixaBbank e Ibercaja cooperaron con la trama permitiendo que se ejecutaran estas transacciones sin alertar a las autoridades de supervisión. Bandenia no tenía licencia para operar en España, por lo que realizaba todos sus movimientos a través de cuentas bancarias abiertas a su nombre y al de sus responsables en entidades financieras tradicionales.

Primero convirtió Ibercaja en su centro de operaciones. Según un informe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, entre 2012 y 2013, Bandenia introdujo en 13 cuentas del banco aragonés un total de 3,4 millones de euros procedentes en su mayoría de Rusia, Eslovenia, Luxemburgo y Suiza. Se registraron 1.250 operaciones. En cuanto el dinero llegaba a Ibercaja, salía automáticamente en otra dirección, incidiendo así en su carácter instrumental.

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Después de Ibercaja, Bandenia optó por hacerse fuerte en CaixaBank. Entre 2013 y 2015, llegó a contar con 27 cuentas en la entidad catalana en las que ingresó 14 millones de euros, de los que al menos 458.450 euros corresponden a entradas en efectivo. En ese periodo, protagonizó 2.409 transacciones, en su mayoría fondos con origen en Letonia, Emiratos y Suiza que salían luego hacia Hong Kong, Panamá, China y Kenia.

En 2015, Bandenia pasó a operar fundamentalmente con ING con dinero en efectivo. Hasta la operación de la UDEF de junio de 2017, el chiringuito financiero ingresó en el banco neerlandés 1,7 millones de euros. Los fondos entraron en las cuentas realizando hasta 10 aportaciones en un solo día, todas ellas por un importe inferior a 3.000 euros. La operativa era más que sospechosa, pero ING nunca alertó a los órganos de control. Tampoco lo hizo Ibercaja. Sí avisó CaixaBank, pero lo hizo en 2015, cuando ya había trascendido a los medios de comunicación la caída de la red de Cameno y los vínculos que esta mantenía con Bandenia.

“En definitiva”, señaló la ONIF en un informa incorporado a la causa, “parece que Ibercaja, CaixaBank e ING pudieran haber incumplido, entre otras, las siguientes obligaciones de la Ley de Prevención contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (…): obligaciones de diligencia debida y obligaciones de información”. De confirmarse la ausencia de comunicaciones al Sepblac, los investigadores de Hacienda consideran que a los tres bancos podría corresponderles un “reproche penal [delito de blanqueo de capitales] y/o uno simplemente administrativo [sanciones por incumplimiento de la Ley de Prevención]”.