La Audiencia imputa a CaixaBank por delitos de blanqueo de la mafia china

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto una investigación contra CaixaBank por presunto blanqueo de dinero de la mafia china. El magistrado ha citado a declarar a la entidad bancaria la próxima semana para aclarar si se cometió este delito en 10 sucursales.

Se trata concretamente de la actuación de 10 de las sucursales de la entidad que podrían haber incurrido en un presunto delito de favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora. El juez considera que los directivos y empleados de estas oficinas de CaixaBank actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones, aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas y de fraude de las que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”.

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El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las 10:30 con objeto de que proceda a la designación de abogado y procurador. La imputación se produce después de que ya el pasado mes de septiembre hiciera lo propio con el banco chino ICBC, al que acusa de un "delito continuado de blanqueo de capitales" por "ocultar, encubrir, transformar en otros productos préstamos a clientes en otros países, y transferirlos mayoritariamente a China".

De hecho, ya entonces se aseguró que ICBC España blanqueaba dinero del grupo criminal Snake mediante transferencias internacionales gestionadas a través de un contrato de corresponsalía con CaixaBank.

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En este sentido, el informe del Sepblac destaca que entre los años 2013 y 2015, 193 clientes de la entidad catalana "fueron objeto de un requerimiento judicial por delito de blanqueo" por ingresar en efectivo y realizar transferencias a China y Hong Kong por un importe total de 99,1 millones de euros en tres años. Sin embargo, solo se ha comunicado por indicios a dos de los 193 clientes, que realizaron transferencias por 2,1 millones de euros. No se realizaron exámenes especiales tras recibir los requerimientos judiciales, ni comunicación por indicios al Sepblac, respecto a 165 de los 193 clientes, sino que siguieron operando, transfiriendo 31,7 millones de euros.

Auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen

Así, según el auto del juez Moreno, las sucursales implicadas “hicieron caso omiso” de los requerimientos de los diferentes juzgados de Madrid y la Fiscalía, “auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España”. Esos requerimientos judiciales, añade el juez, “fueron desatendidos por CaixaBank, que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión”.

Por otro lado, el auto destaca que los directores de las 10 sucursales implicadas, cercanas al Polígono de Cobo Calleja, permitieron el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas, con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes. Además, el juez asegura que estos directores permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.

Estas operaciones también se llevaban a cabo a través de la banca 'online' de CaixaBank sin necesidad de testaferros que se desplazaran a las distintas entidades. En total, 50 sociedades de la trama china y 16 personas físicas utilizaron el servicio 'online' del banco catalán. En el caso Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41.648.140 euros.

Por todo ello, el juez Ismael Moreno considera pertinente incluir a CaixaBank como persona jurídica, sin perjuicio de los indicios de responsabilidad descritos en las 10 sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad “in elegendo, in vigilando o in instruendo” de los administradores respecto a los hechos cometidos por sus empleados.