Torra, encausado por desobediencia, se querellará contra dos miembros de la JEC

Este miércoles 15 de mayo era la fecha fijada para la declaración del ‘president’ Quim Torra ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) habían convocado a sus activistas ante las puertas del Palacio de Justicia para protestar contra su encausamiento. Torra está acusado por desobedecer a los tribunales y no retirar pancartas partidistas y lazos amarillos de los edificios públicos durante la pasada campaña electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Torra y los cachorros de la CUP movilizan al independentismo en plena campaña

Antonio Fernández. Barcelona

Torra declaró durante 45 minutos ante los jueces y contestó a todas las preguntas menos a las de la acción popular, que ejerce Vox, “por decencia democrática; además, los letrados de este partido son candidatos en las listas electorales municipales por Barcelona”. Se esperaba algo fuerte. Durante los días anteriores, el propio Torra se había encargado de levantar expectación: había anunciado en el Parlament que acudiría a declarar no para defenderse sino para acusar al Estado de vulnerar los derechos fundamentales.

Tras la declaración, el mandatario realizó una comparecencia ante la prensa y desveló lo que dijo en el tribunal. “Expliqué que las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) eran inaplicables y vulneraban los derechos fundamentales, incluido el de la libertad de expresión. Además, tenían una clara intencionalidad política”. Y luego añadió: “No se puede obedecer una orden ilegal que conculca derechos fundamentales”. Acusó también a la JEC de no ser competente para dictar la orden de retirada de los símbolos políticos de las instituciones catalanas. “Es un acuerdo nulo de pleno derecho y así se lo dije al juez”, subrayó, argumentando que era la Junta Electoral Provincial la que le tenía que haber ordenado la retirada de los lazos y las pancartas. Por si fuera poco, aseguró que los lazos amarillos “no son un símbolo de partido, sino de libertad, democracia y justicia”.

En la rueda de prensa, Torra acusó a la JEC de utilizar una maniobra política contra el independentismo y puso el punto de mira en dos magistrados: Andrés Betancor y José Vidal Prado, “que desde hoy [por este miércoles] están querellados por prevaricación al intentar vetar a Carles Puigdemont, Toni Comin y Clara Ponsatí en las listas europeas”. De ellos dice que han vertido opiniones contrarias al independentismo e incluso contra miembros de las candidaturas independentistas.

Torra, que acusa a menudo a la oposición de “judicializar la política”, añade así más leña al fuego de esa judicialización para intentar parar el golpe legal que se le viene encima. “Es que no soy solo yo. Esto lo hicieron con todos los presidentes que me precedieron”. Acusó, pues, al Estado español genéricamente de una “deriva autoritaria” y de que esa actitud es un acicate a los independentistas “para construir la república independiente catalana”. No obstante, matizó a continuación que compareció ante el juez “en defensa de los derechos civiles, y ahí me tendrán en primera línea hasta las últimas consecuencias”. El ‘president’, afirmó, no puede desfallecer nunca y por ello está dispuesto a “pagar el precio que haga falta”.

‘Pinchazo’ en el TSJC

Torra llegó al Palacio de Justicia, sede del TSJC, acompañado por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los miembros de su Gobierno, así como por las cúpulas de los grupos parlamentarios de ERC y JxCAT y los máximos dirigentes de las organizaciones cívicas convocantes, Elisenda Paluzie (ANC), Marcel Mauri (Òmnium), Josep Maria Cervera (AMI) y David Saldoni (ACM). El propio ‘president’ quiso caldear el ambiente a primera hora con un mensaje en las redes: “Esta mañana declararé ante el TSJC por haber mantenido la pancarta a favor de los exiliados y presos políticos en el balcón de la Generalitat. Iré a acusar al Estado de esta deriva autoritaria. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias”, se jactó. Ni por esas. Los dos centenares de personas que acudieron a su llamada eran, en su mayor parte, políticos con salario a costa del erario público. Ciudadanía, pues, más bien poca.

Pero esa indiferencia de la ciudadanía contrastaba con el calor aportado por los políticos. “Todo el apoyo al 'president' Quim Torra y el agradecimiento a las personas que lo habéis apoyado ante un nuevo acto de persecución de ideas y libertades. ¡Mucha fuerza!”, tuiteó su colega Carles Puigdemont desde Waterloo durante su comparecencia ante el TSJC. Y Súmate, la plataforma castellanohablante de ERC, le animaba también: “Todo nuestro apoyo, ‘president’. Mantener la pancarta a favor de los exiliados y presos políticos no es desobediencia. Es dignidad”.

Elsa Artadi, hasta hace poco su mano derecha en la Generalitat y ahora virtual candidata de JxCAT a la alcaldía de Barcelona (porque el cabeza de lista, Joaquim Forn, está encarcelado), también aportó su grano de arena. “Gracias, ‘president’, por el compromiso, por no dar ni un paso atrás ante aquellos que nos quieren anular, nos quieren atemorizados. Hoy a tu lado ante el TSJC y siempre a tu lado en la defensa de las libertades y de los derechos de todas y todos los catalanes”.

La candidata no se cortó ante la prensa, criticó al Gobierno español y a los tribunales, afirmando que el juicio en el Tribunal Supremo “se ha parado, como si la prisión también hiciera vacaciones” y subrayó que la declaración de Torra no se ha convertido en un acto de campaña por su culpa, sino por culpa del TSJC, que “ha hecho venir a declarar al ‘president’ Torra”. Obvia que el tribunal le dio varias fechas para ir a declarar y Torra escogió la que más le convenía.

Torra se hizo también la fotografía de rigor en lo alto de las escalinatas del Palacio de Justicia. Junto a él, posaron Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas, abogados de Carles Puigdemont que también asesoran al ‘president’.

En el mismo edificio, se celebraba un juicio contra ocho militantes de Arran por disturbios callejeros y rotura de mobiliario urbano y de escaparates de tiendas en Barcelona el 1 de mayo de 2016. El fiscal pide tres años de cárcel para cada uno de los activistas. La convocatoria realizada por los comités de defensa de la república (CDR) para manifestarse ante el tribunal, coincidiendo con la concentración de apoyo a Torra, también pinchó estrepitosamente.