Las cloacas 'indepes': así quisieron destruir al jefe de los antidisturbios con un montaje

La pasada semana, las defensas de algunos de los acusados por el 1-O en el Tribunal Supremo se alarmaron ante la declaración del intendente Carles Hernández, que el 20 de septiembre de 2017 estaba presente cuando varios miles de activistas encerraron a una comisión judicial en la sede de la consejería de Economía de la Generalitat durante casi 24 horas. El policía era el jefe de la Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos, o sea, de los antidisturbios.

Hernández contó lo que vivió aquel día y relató la prepotencia del presidente de la ANC, Jordi Sànchez, que le quería dar órdenes. En la fatídica jornada no vio sonrisas y flores, sino "lanzamiento de objetos, abucheos, empujones, forcejeos…". Pero, sobre todo, le chocó la actitud del presidente de la ANC. "Su actitud fue altiva, prepotente. Me exigió que retirara la Brimo (…) En ese momento, Jordi Sànchez saca el móvil y me dice que va a llamar al 'president' y al 'conseller' y que me voy a largar (…) Delante de mí, y eso está grabado, Sànchez hace una llamada y sus primeras palabras fueron 'Trapero está loco, ha perdido la chaveta'".

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Beatriz Parera

Ese intendente acaba de ser exonerado de las acusaciones de tortura, lesiones y contra la integridad moral que le habían interpuesto 8 activistas de los comités de defensa de la República (CDR) en diciembre pasado. Esas denuncias se produjeron tras una violenta batalla de los comandos ultraindependentistas en Girona. El propio 'president' Quim Torra salió a la palestra denunciando la "actuación desproporcional" del intendente y anunciando una purga dentro de los Mossos. Tras visionar decenas de grabaciones, un juez exonera al agente y apunta a un montaje de los CDR para culpar al máximo responsable de los antidisturbios con denuncias falsas y mentiras en sede judicial. El juez pide que se investiguen de oficio esas denuncias falsas. Un activista de los CDR acusó a la Policía de romperle la nariz y reventarle un ojo cuando iba a ayudar supuestamente a "personas de edad avanzada” solas ante la Policía. Pero nada de eso era real. Las grabaciones de aquel día descubrieron la cruda realidad. Las cloacas del independentismo existen.

Un juez exonera al agente y apunta a un montaje de los CDR para culpar al máximo responsable de los antidisturbios con denuncias falsas y mentiras

La historia es que, tras el 20-S, Hernández fue trasladado a Girona, donde siguió mandando la Brimo. Y en esas, llegó el 6 de diciembre de 2018. En aquella fecha, Vox iba a realizar un acto en la capital gerundense, pero los ultraindependentistas lo quisieron impedir por la fuerza: a las 8 de la mañana convocaron a varios comandos a una plaza de Girona para enfrentarse con los ultraespañolistas. Los Mossos d’Esquadra montaron un dispositivo para que el partido, que tenía todos los permisos en regla, pudiese celebrar su acto.

Torra gana la primera batalla

Pero los radicales intentaron el asalto a la plaza, enfrentándose violentamente con los agentes de los Mossos. El jefe del dispositivo (que iba sin peto, sin casco y sin las defensas largas reglamentarias) tuvo que defenderse como pudo de los ataques (con piedras, palos y vallas), de los radicales y utilizó su defensa corta, que debe llevar siempre. Las fotografías del policía a cuerpo descubierto originaron una intensa polémica, hasta el punto de que Quim Torra calificó de desproporcionada su actuación y anunció que iba a realizar una purga dentro del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra. Además, le habían tocado a 'sus' comandos (no hay que olvidar que uno de sus hijos es militante radical).

La amenaza desde dentro de los Mossos (desde mandos a simples agentes) de ir a una huelga frenó la purga política dentro del Cuerpo, aunque el jefe de la Brimo fue trasladado poco después al servicio de Información. Dos semanas después de los incidentes, 8 activistas presentaron denuncia contra Hernández por torturas, lesiones y contra la integridad moral. Un juez abrió diligencias y comenzó a investigar al mando policial, lo que fue recibido como una auténtica victoria en las filas independentistas, donde daban por cesado y condenado al policía. Torra y sus CDR habían ganado la primera batalla.

Pero la alegría duró poco. El auto del juez, fechado el pasado 6 de mayo, subraya la exquisita profesionalidad del jefe policial en los altercados y deja al descubierto, tras visionar diversas pruebas gráficas, un monumental montaje de los CDR. Y resaltaba que lo que decían los denunciantes no se correspondía con lo que se veía en los vídeos grabados aquella jornada.

La acusación fue llevada por el exdiputado de la CUP, Benet Salellas, que es uno de los defensores (defiende al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart) en el juicio por el 1-O que se está celebrando en el Tribunal Supremo. Llama la atención el largo periodo de tiempo entre los hechos y la interposición de la denuncia. Según los CDR, eso se debió a que el denunciante necesitó de cierto tiempo porque "se encontraba afectado emocionalmente y necesitaba encontrarse a sí mismo". Tardó exactamente trece días en hacerlo.

Mentira tras mentira

"Si ya resultaba llamativo que el denunciante hubiera tardado varios días en interponer la denuncia, pese a la entidad de lo recogido en la misma (torturas perpetradas por miembros judiciales) (…) de su declaración judicial no puede sino concluirse que él mismo ha faltado consciente y voluntariamente a la verdad, actuación sin embargo amparada en su condición de investigado por el delito de atentado y que le exime de cualquier posible penal inherente a su mentira", dice el texto. El activista al que se refiere, dice en otro párrafo, "con intención de menoscabar la integridad física de los agentes que allí se encontraban, y con absoluto desprecio al principio de autoridad que estos representan, les lanzó una piedra que tuvo que ser esquivada por el intendente".

"Pues bien, cualquier similitud de este relato con la realidad es pura ficción", dice el auto

Dice en otro párrafo que ese activista "mintió deliberadamente en su declaración judicial" y que las imágenes facilitadas por los Mossos corroboran las versiones de estos. Pero luego destapa otra trampa: "El denunciado, valiéndose de una imagen en la que se identifica al intendente, pues iba a cara descubierta, y en la que se aprecia cómo este iba a emplear su defensa, construye un relato en el que se erige él mismo como el sujeto pasivo de este hecho, llegando a reconocer que calzaba zapatillas (no botas) y que estas eran de color azul, para hacer así creer que era el individuo que aparecía en la imagen número 1 de la denuncia, añadiendo que reconoció al que le golpeó en el codo porque no levaba casco".

Otro activista había acusado al intendente de romperle la nariz y causarle un traumatismo en un ojo cuando acudía a ayudar a "unas personas de edad avanzada". Este activista afirmó que en la plaza "no pasó nada raro". "Pues bien, cualquier similitud de este relato con la realidad es pura ficción", dice el auto.

El juez señala: "El denunciante ha faltado a la verdad deliberadamente en su denuncia, debiendo determinarse el sobreseimiento libre de la misma"

En las grabaciones, se descubre al activista (que además iba vestido llamativamente) lanzando objetos contra la Policía y se ve cómo "el denunciante cae por culpa del mobiliario de una terraza, el cual habían empleado los propios sujetos como armas arrojadizas contra los agentes, impactando al parecer la frente al suelo y produciéndose las lesiones". Ante las graves acusaciones al policía (que no había tenido nada que ver), el juez señala: "El denunciante ha faltado a la verdad deliberadamente en su denuncia, debiendo determinarse el sobreseimiento libre de la misma y la deducción de testimonio para su reparto entre los juzgados de instrucción de Girona por la posible perpetración de un delito de denuncia falsa".

El auto explica todo el material examinado por el magistrado, del que extrae conclusiones esclarecedoras en las que no salen bien parados ni el extremismo independentista ni su protector Quim Torra, que criticó públicamente a los Mossos por aquel episodio: "Del análisis del material videográfico y sonoro, se evidencia (…) que la reacción policial ante tamaña e injustificada lluvia de lanzamiento de objetos y vallas no fue sino absolutamente proporcional, avisada con anterioridad por megafonía y, en cualquier caso, necesaria en su labor de protección para la concentración previamente autorizada".

Los CDR llevaron como prueba grabaciones de sus medios de comunicación de confianza, aunque en ninguna de las imágenes, según el auto, se detectó "ni una sola actuación policial anómala e injustificada". Concluye luego que las lesiones del activista en cuestión no fueron realizadas por el mando policial. Al contrario: "Su actuación durante los disturbios resulta plenamente irreprochable, resultando claramente ejemplificativa de que los ataques devinieron imprevisibles el hecho de que actuaba a cara descubierta, lo cual incrementaba exponencialmente el peligro ante el que se veía comprometido y sin que pudiera ordenar carga alguna injustificada o aleatoria". Un sonoro bofetón a los CDR y, de rebote, al propio 'president'.