HA PEDIDO AUXILIO JUDICIAL A UNIVERSIDADES

La Fiscalía no encuentra expertos en SEO que la ayuden con la reputación de Púnica

El juez instructor ha pedido al ministerio fiscal que concrete más qué es lo que necesita, ya que los peritos consultados señalan que lo solicitado "adolece de una excesiva generalidad"

Foto: Alejandro de Pedro, el empresario imputado en Púnica. (EFE)
Alejandro de Pedro, el empresario imputado en Púnica. (EFE)

La investigación judicial del caso Púnica cumple ya cinco años y la Fiscalía Anticorrupción está teniendo serios problemas para cerrar una de las piezas del caso, la que analiza los trabajos de reputación que la trama hizo para varios dirigentes del PP, como Esperanza Aguirre o Ignacio González, trabajos que supuestamente fueron pagados con dinero público. La situación se podría resumir de la siguiente manera. La Guardia Civil comunicó al ministerio público que sus conocimientos sobre la materia eran limitados, la Fiscalía decidió entonces buscar expertos independientes en el mundo universitario. La universidad respondió que no sabían muy bien qué le estaban pidiendo y ahora el juez instructor, Manuel García-Castellón, solicita a su vez a la Fiscalía que sea más precisa en lo que necesita.

Y es que el tiempo apremia. La semana pasada, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó poner un límite a la investigación, que tendrá que estar concluida el 6 de junio de 2020. Es decir, quedan 14 meses para intentar terminar las 16 piezas (que se van a reorganizar) en las que se divide el caso. En varias de ellas está imputado el experto en reputación 'online' Alejandro de Pedro, acusado de cobrar irregularmente trabajos para mejorar la imagen en internet de políticos y administraciones públicas. Porque la investigación tiene dos partes: concretar en qué consistían esos trabajos y determinar si se pagaron legalmente.

La Fiscalía reconoció que en cierto modo estaba atascada el pasado 24 de enero, cuando solicitó que se nombrara a dos profesores del Departamento de Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid expertos en redes sociales y SEO, en labores de auxilio judicial, para que presten su colaboración en esta causa. El ministerio público quería expertos en "posicionamiento de noticias en las redes sociales, generación de tendencias, trabajos SEO, construcción de URL y diarios digitales, uso de identidades digitales, robot con identidades digitales, desplazamiento de noticias por ataques negativos e instrumento de cálculos de visitas de clics".

Previamente, la Guardia Civil, que lleva el grueso de las pesquisas, había reconocido sus limitaciones. En octubre de 2018, el Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había entregado un informe en el que solo se había dado "respuesta de forma generalista a las cuestiones de las que se requería una opinión pericial, explicando que sus fuentes habían sido contenidos divulgativos sobre internet obtenidos de fuentes abiertas porque 'no eran expertos en redes sociales, y porque desconocían las técnicas concretas que los investigados utilizaron en la prestación de sus servicios de posicionamiento web".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. (EFE)
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. (EFE)

La Carlos III respondió que solo tenía a un profesor, que además señaló que se le pedía "un trabajo arduo para ser realizado por una sola persona". La Audiencia Nacional solicitó ayuda a una segunda universidad, la Complutense, que ha respondido negativamente porque no sabe qué es exactamente lo que le están reclamando. En un auto fechado el pasado 1 de abril, el magistrado García-Castellón reclamó al ministerio fiscal "que concrete de forma más concisa y precisa el objeto de la pericia que se interesa. Los departamentos de las universidades requeridas han manifestado que la petición efectuada por el ministerio fiscal adolece de una excesiva generalidad que impide delimitar de forma inequívoca cuál sea el objeto concreto de la pericia, así como los medios materiales con los que van a contar los peritos".

La Fiscalía y la UCO tienen ya claro que esos trabajos se pagaron irregularmente. Ahora queda delimitar los mecanismos utilizados por Alejandro de Pedro para mejorar la reputación de los políticos. "Los investigadores creen que tienen algo irregular, pero no saben cómo demostrarlo", señala el abogado de uno de los imputados en esta pieza. Uno de los políticos que más se beneficiaron de estos trabajos fue Esperanza Aguirre. Sus trabajos de reputación costaron 82.000 euros, que supuestamente se abonaron mediante facturas falsas emitidas por las empresas de De Pedro que posteriormente eran cargadas por el Gobierno regional a adjudicatarias de contratos públicos. De Pedro no solo trabajó para el PP de Madrid, también para el PP nacional. En total, siete políticos populares han estado imputados en estas piezas.

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