La Fiscalía ve aún más clara la rebelión y no tiene intención de rebajar el delito

La Fiscalía lo tiene claro. Han pasado dos meses desde que el pasado 12 de febrero comenzara el juicio del 'procés'. Nueve semanas de vista oral. Más de 200 declaraciones de testigos. Desde el Ministerio Público, que ha ido conduciendo en estos días el grueso de testimonios que reclamó y que le fueron admitidos, se tiene la convicción de que la prueba escuchada hasta el momento respalda por completo su acusación por rebelión y malversación, informan fuentes fiscales a El Confidencial.

Antes del inicio del juicio, allá por noviembre, coincidiendo con el momento en el que los fiscales presentaron su escrito de acusación, en el departamento existía la consciencia de que tanto los delitos como las penas, que alcanzan nada menos que 25 años en el caso del 'exvicepresident' Oriol Junqueras, se podrían rebajar. Había por entonces casi una certeza de que el informe de conclusiones definitivo traería una disminución del rigor. Ahora esa teoría pierde pie.

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Al menos en este punto, cuando nos encontramos en el ecuador y las previsiones, menos optimistas que al inicio, sitúan el 'visto para sentencia' a mediados del próximo mes de junio, la Fiscalía no tiene intención de moverse un ápice de los argumentos que vertió a lo largo de 127 páginas hace ahora cinco meses. Entonces sostenía que los 12 acusados que se sientan en el banquillo participaron en una "estrategia diseñada" que se basaba en la actuación convergente de las instituciones catalanas de autogobierno (Parlamento y Gobierno de la Generalitat), de las formaciones políticas independentistas con representación parlamentaria (Junts pel Sí y la CUP), y de las entidades sociales soberanistas (Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural).

Sus máximos dirigentes, los que se definen como "máximos promotores", Oriol Junqueras a la cabeza y junto a Carme Forcadell y los dos Jordis, Sànchez y Cuixart, acordaron en unión al resto de procesados y de los huidos poner en práctica esa estrategia "mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social, encarnado en las entidades soberanistas. El sustento de su defensa de la existencia de rebelión, delito que reclama en su articulado expresamente un alzamiento violento y público se apoya en la movilización popular como instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al nacimiento de esa nueva república y en manejo interesado de un cuerpo armado, el de los Mossos d' Esquadra.

Esa violencia necesaria "para asegurar el resultado criminal pretendido" está así sustentada en la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas instigadas y promovidas por ellos, y por otra parte, el uso del cuerpo de Josep Lluís Trapero como un cuerpo policial integrado por unos 17.000 efectivos aproximadamente, que acataría exclusivamente sus instrucciones —como así sucedió— y que, llegado el caso, podría protegerles "coactivamente".

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Esa es la teoría. En la práctica, ha habido en el juicio testigos clave en apoyo de la premisa. En primer lugar, hay que colocar a los mandos de los Mossos, todos ellos, también Trapero, han referido insistentemente que se avisó a la cúpula del Gobierno 48 horas antes del 1-O de que habría violencia en las calles en el caso de que continuaran adelante con los planes de celebrar el referéndum. El último en declarar, Joan Carles Molinero, llegó a apuntar que incluso se concretó el aviso en el riesgo de que hubiera heridos graves o muertos. El mayor avisó al 'president' Puigdemont de que podía correr la sangre y él apuntó ante la advertencia: "Procederé a declarar la independencia de Cataluña".

El mayor avisó al 'president' de que podía correr la sangre y él apuntó ante la advertencia: "Procederé a declarar la independencia de Cataluña"

Más de un centenar de guardia civiles y policías han ido detallando, además, la actitud violenta en los colegios electorales el día D y en los registros anteriores, sustentando así una idea de "clima insurreccional" sostenido que encaja a la perfección en la teoría fiscal. Si hay una pata aún débil es la de la instrumentalización de los Mossos. Se han traído al plenario testimonios de la actitud pasiva de la policía autonómica, de la insuficiencia del plan por el que se colocaba a una pareja por centro sin presencia de unidades de antidisturbios como los ARRO y los BRIMO, del boicot a las actividades de los otros cuerpos policiales, con vigilancias y aviso de sus movimientos e incluso de la connivencia puntual con el desarrollo de la votación, mediante el transporte de urnas en vehículos de Presidencia.

No hay, sin embargo, prueba de la orden. Los testimonios escuchados apuntan a que el 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, siempre dijo a los Mossos que respetaba su intención de cumplir con la legalidad. Esta versión choca con sus declaraciones públicas, hasta siete entre los meses de julio y septiembre, en las que indicó que el cuerpo policial garantizaría la celebración del referéndum. Sobre el plan del 'binomio' existen declaraciones contradictorias. Si para el coordinador de las Fuerzas, Diego Pérez de los Cobos, fue una estafa y una trampa, para los mandos de Mossos fue una previsión conjunta, aceptada y nunca ocultada.

La vista ha llegado a medio camino y la parte que queda por escuchar es la que apoya el criterio de las defensas. Siempre hay, por tanto, tiempo de recular. En cualquier caso, en este punto, es ya una realidad para las defensas que la existencia de una mera desobediencia no se sostiene. Parecen trabajar, de forma coordinada (con excepciones brillantes como la de Xavier Melero) en la línea de una sedición rebajada. El hecho es que cuando el mazo caiga y el tribunal deba desarrollar una sentencia, contará con un abanico tan amplio que llevará desde la absolución hasta las duras penas de los 'rebeldes'. El desenlace, en otoño.