Interior anuncia que no se podrán celebrar actos en las cárceles de los líderes del 'procés'

La Secerataría General de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha comunicado oficialmente a ERC que no podrá celebrar actos políticos en las cárceles madrileñas de Soto del Real y Alcalá-Meco donde se encuentran los políticos que lideraron el 'procés' y que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.

Según confirman a Europa Press fuentes penitenciarias, la negativa se ha comunicado de forma oficial este 10 de abril, alegando tres razones: mantenimiento de la seguridad interna, la coincidencia con la celebración del juicio en el Tribunal Supremo y la obligación de respetar la neutralidad política, ya que se podrían encontrar con un problema de gestión si el resto de partidos solicita celebrar actos políticos en esas mismas prisiones.

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Beatriz Parera

El escrito se ha remitido a ERC, con copia a la Junta Electoral Central y la Provincial. Este partido político puede ahora recurrir ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, según explican las citadas fuentes.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ya había expresado ante la Junta Electoral Central su negativa a que se celebraran los mítines que pedía ERC y también el debate solicitado por el candidato de JxCAT Jordi Sànchez. La Junta Central se remitió en el primer caso a la Junta Provincial y en el segundo, al Tribunal Supremo.

La Sala considera que los motivos por los que se acordó la privación de libertad siguen presentes, "con especial fuerza" por "el momento del juicio"

El tribunal del 1-O ya se pronunció sobre este tema para señalar que la decisión de celebrar debates es del Ministerio del Interior y de la Junta Electoral Central. También ha rechazado la petición de libertad presentada por los cinco acusados que forman parte de las candidaturas de JxCat y ERC al Congreso y el Senado: Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Joaquim Forn.

La Sala considera que los motivos por los que se acordó la privación de libertad siguen presentes, "con especial fuerza" si se tiene en cuenta "el momento del juicio" que se celebra en el Supremo. Según el tribunal, el mantenimiento de la prisión "es proporcionado y no vulnera el derecho a la participación política de los acusados" ante el riesgo de fuga de alguno de ellos