documento clave en un 'pendrive' del govern

La Guardia Civil descubre otros 17 millones malversados por Puigdemont en el 'procés'

Los investigadores acreditan la malversación tras descubrir un informe secreto del Govern con las partidas presupuestarias para poner en marcha la agencia tributaria de la Cataluña independiente

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tras finalizar un pleno en el Parlament. (EFE)
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tras finalizar un pleno en el Parlament. (EFE)

La Guardia Civil ha encontrando nuevas pruebas de que el Govern de Carles Puigdemont desvió fondos públicos de los presupuestos autonómicos para financiar las creación de las estructuras de Estado de una Cataluña independiente. El Departamento de Economía y Hacienda, que dependía de Oriol Junqueras, habría gastado al menos 17 millones de euros en desarrollar las primeras fases de la futura agencia tributaria catalana, según recoge un informe del Instituto Armado del pasado 15 de febrero al que ha tenido acceso El Confidencial.

El hallazgo, que apuntala la imputación de un delito de malversación a los líderes del 'procés' (castigado con hasta 12 años de cárcel), casi cuadruplica los 4,7 millones de euros de fondos públicos localizados hasta ahora por los investigadores en la contabilidad secreta del 1-O y de las maniobras para la desconexión. La pista que ha permitido llegar hasta esos nuevos fondos ha aparecido en un 'pendrive' incautado a Josep Lluís Salvadó, un dirigente de la máxima confianza de Junqueras que ocupó el cargo de secretario de Hacienda hasta la aplicación del 155 y que está considerado uno de los principales arquitectos de la independencia.

Conclusiones del informe de la Guardia Civil.
Conclusiones del informe de la Guardia Civil.

En esa memoria USB, se descubrió un “documento de trabajo elaborado desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación del Estado catalán y que afectan, básicamente, al ámbito tributario y a la Secretaría de Hacienda”, explican los investigadores. “Si bien es cierto que algunas de las medidas se integran en la vía autonómica, son un paso intermedio para ir implantando muchas otras con el objetivo último de crear el Estado catalán y garantizar su viabilidad económica”. La demostración es que estos papeles, que no habían visto la luz hasta ahora, también incluían “una estrategia para gestionar la recaudación de los recursos necesarios para financiar las prestaciones sociales [es decir, pensiones y subsidios como el de desempleo], competencia que, actualmente, desempeña la Tesorería General de la Seguridad Social”.

Según el informe policial, el documento de Salvadó estimaba que la puesta en marcha de la agencia tributaria catalana exigiría un desembolso de 499.869.737 euros y la incorporación de 7.000 funcionarios, “y ello sin que se hubiese cuantificado el importe necesario para el despliegue de las aduanas o de la agencia de propiedad inmobiliaria”, claves también en la financiación de una hipotética república de Cataluña. El Ejecutivo no tuvo tiempo de invertir todos los fondos, pero “en base (…) a las cifras que se manejan en este documento” de Salvadó, “se puede afirmar que parte de los recursos que tenían previsto gastar se han dispuesto efectivamente”.

En concreto, la Guardia Civil considera que hay indicios suficientes para concluir que el Govern gastó 200.000 euros en el desarrollo del Código Tributario; otros 7.800.000 euros en el despliegue de la “Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal”; 4.500.000 euros en la implantación territorial de la administración tributaria, y, por último, al menos 4.923.848 euros en la activación de las primeras fases del sistema e-SPRIU, la aplicación que debía permitir a la Generalitat gestionar impuestos de competencia exclusivamente estatal, como el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades y los impuestos especiales. “En resumen, se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro Estado catalán”.

El informe ya está incorporado al sumario sobre el 'procés' que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona, pero refuerza los indicios de malversación contra el Govern de Puigdemont en los diferentes procesos penales abiertos. Ocho de los 12 líderes que se sientan estos días en el banquillo del Tribunal Supremo por el 1-O se enfrentan precisamente a una acusación por ese delito, entre ellos el propio Junqueras, jefe directo de Salvadó. Ya no es posible incorporar nuevas pruebas en el procedimiento que está dirimiendo el alto tribunal, pero las defensas de los acusados van a tener difícil impedir que este dato no gravite por la sala.

Hasta la aparición de este 'pendrive', la Guardia Civil atribuía a los organizadores del 1-O un desvío de fondos públicos por importe de 4,7 millones de euros, entre los que se incluyen casi un millón destinado al envío postal de las tarjetas de la mesas electorales de la consulta; más de 600.000 euros por el desarrollo de la plataforma para el registro de catalanes en el exterior; 1,3 millones para la construcción de un 'call center' para el referéndum; en torno a 500.000 euros en publicidad de promoción de la convocatoria, y unos 300.000 euros en la contratación de casi medio centenar de falsos observadores neutrales de la votación, entre otras partidas.

El informe sobre los 17 millones de euros de fondos públicos desembolsados en la administración tributaria de la Cataluña independiente no es el primer documento clave para la investigación que apareció en poder de Salvadó, que ocupa el puesto de secretario general adjunto de ERC desde 2011. Su correo electrónico y los soportes digitales que guardaba en su casa y en su despacho han sido una auténtica mina de información para los investigadores. Los agentes del Instituto Armado le incautaron, por ejemplo, un documento que establecía los decretos que debía tramitar el Ejecutivo autonómico al día siguiente del 1-O, con carácter de urgencia, para apropiarse de todas las competencias del Estado que eran clave para el funcionamiento de la república. Salvadó había contabilizado hasta 41 decretos fundamentales para la nueva Cataluña.

De sus comunicaciones también se desprende que la Generalitat planeó robar información de diferentes bases de datos estatales, como la del catastro o la DGT, para que la hacienda catalana pudiera conseguir los recursos necesarios para financiar la independencia. En su ordenador apareció incluso un informe elaborado por asesores de ERC que establecía las pautas para la creación de un ejército catalán compuesto por hasta 22.000 soldados para defenderse de posibles “conflictos armados”. El documento equiparaba la situación de Cataluña a la guerra que se vive en las regiones del este de Ucrania.

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