El Govern quería 'robar' la base de datos de la DGT para financiarse con una tasa anti-CO2

El Govern de Carles Puigdemont se volcó en conseguir que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) estuviera funcionando a pleno rendimiento al día siguiente de la declaración unilateral de independencia (DUI), aunque para lograrlo tuviera que apropiarse de información del Estado. La Guardia Civil se ha incautado de correos que revelan que altos cargos de la Generalitat trataron de sustraer datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) para que la ATC pudiera cobrar un nuevo impuesto a los vehículos de tracción mecánica con la excusa de la lucha contra el cambio climático. La norma que daba soporte a esa medida fue aprobada por el Parlament el pasado julio. El Gobierno la ha recurrido al Tribunal Constitucional alegando que invade sus competencias.

Los chanchullos para robar información de la DGT han aparecido en la bandeja de correo de Josep Lluís Salvadó, secretario de Hacienda del Govern hasta la aplicación del artículo 155, uno de los principales cerebros del proceso secesionista y mano derecha de Oriol Junqueras. También fue uno de los 14 detenidos en la operación Anubis del pasado 20 de septiembre contra los preparativos del referéndum del 1-O. El mensaje más revelador sobre esa maniobra se lo envió Jordi Boixareu, un antiguo delegado de la Agencia Estatal Tributaria en Girona que fue nombrado por Junqueras director del Programa para la Organización y Modernización del Sistema Tributario de Cataluña de la ATC, un puesto remunerado con 105.000 euros al año desde el que debía diseñar los pilares de la hacienda de la república.

El pasado 18 de julio, a las 11:35, Boixareu envió a Salvadó y al responsable de la Oficina Catalana del Cambio Climático, Salvador Samitier, entre otros, un largo mensaje con indicaciones para modificar el articulado de la Ley de Cambio Climático que estaba terminando de tramitar el Parlament esos días. La norma obligaba a los ayuntamientos de Cataluña a ceder a la ATC toda la información que tuvieran en su poder sobre vehículos de tracción mecánica para que el organismo de recaudación de la Generalitat pudiera empezar a cobrar un nuevo impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. Sin esos datos, la recaudación de la tasa era inviable.

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El problema era que los ayuntamientos no son los propietarios de la información sobre los vehículos ni tampoco se encargan de recopilarla. La DGT, un organismo estatal dependiente del Ministerio del Interior, se la cede a los entes locales con el único objetivo de que puedan cobrar el impuesto de circulación, que está transferido a los municipios. El correo remitido por Boixareu y descubierto ahora revela que la Generalitat quería aprovechar esa cesión para un fin distinto: generar una macrobase de datos para que la ATC recaudara la tasa contra el CO2, un ingreso imprescindible para financiar el Estado propio.

Boixareu explicó a Salvadó qué cambios debían introducir en la Ley de Cambio Climático para garantizar que la ATC consiguiera todo lo que necesitaba. “La DGT envía a los ayuntamientos y a las diputaciones la siguiente información sobre los vehículos con domicilio fiscal en su territorio”, escribió el responsables de tributos. Por un lado, “el fichero Move”, con los “movimientos mensuales de los vehículos (altas, bajas, variación de datos…)”. “El Instituto Municipal de Hacienda (IMH) del Ayuntamiento de Barcelona”, continuó este dirigente, “conserva los ficheros Move con toda la información que mensualmente contienen. No obstante, el ayuntamiento únicamente utiliza aquellos datos que necesita para su gestión tributaria: es decir, a la hora de construir la base de datos no carga aquellos campos que no necesita para gestionar el padrón fiscal”.

El otro fichero que, según Boixareu, remite la DGT a los ayuntamientos es el “fichero Padrón”. Recoge el parque completo de vehículos de un municipio y una diputación y se genera semestralmente. El directivo de la ATC recomendó que “lo ideal sería que los entes locales nos vuelquen la información tal y como la reciben de la DGT”. “Resulta evidente”, subrayó, “que a efectos de la liquidación de nuestro impuesto sobre CO2 la información que necesitaríamos es la del fichero Padrón con datos de 31/12”, los del cierre de cada ejercicio. “Esta información se genera por la DGT en marzo del año siguiente y se transmite a los entes locales. Posteriormente, estos entes locales deberían transmitirla a la ATC, que tendría que incorporarla a su sistema e-SPRIU —el programa de recaudación de la ATC— y emitir los correspondientes recibos del impuesto sobre CO2”, detalló Boixareu.

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Para asegurar el proceso, el directivo del organismo fiscal recomendó modificar la redacción del artículo 44 bis de la Ley de Cambio Climático, justo el que detallaba qué campos concretos debían proporcionar los ayuntamientos a la ATC para el cobro de la nueva tasa. Según otro correo intervenido del mismo 18 de julio, de la propuesta quedó informado Ferran Civit, el diputado de Junts pel Sí que defendió la ley en el Parlament. Civit, presidente regional de ERC en el Campo de Tarragona y exdirigente de la ANC, fue detectado por la Guardia Civil en la operación Anubis colaborando con la ocultación de papeletas en la nave de Bigues i Riells (Barcelona). “Estoy mirando incluirlo con la letrada y con todo lo que me han enviado de [la Consejería de] Economía de argumentario. Inicialmente, la letrada no quería porque decía que invadía competencias municipales”, respondió Civit.

Quizá por esa oposición de la letrada, el artículo 44 bis no llegó a incluirse en la Ley de Cambio Climático. Los correos interceptados no aclaran el motivo exacto, pero la norma fue aprobada el pasado 27 de julio sin detallar la información que los ayuntamientos debían facilitar a la ATC para cargar la nueva tasa. No obstante, el artículo 47 de la norma aclaraba que el nuevo “impuesto se gestiona mediante padrón y aprobado por la Agencia Tributaria de Cataluña a partir de los datos de que dispone”. El artículo omite intencionadamente de qué datos dispone exactamente la ATC y cómo los habría conseguido. Los correos intervenidos por la Guardia Civil permiten saber ahora que, en realidad, ese organismo carecía de la más mínima información y que su verdadero objetivo era robársela a la DGT.

Con todo, la Ley de Cambio Climático 16/2017 ha quedado paralizada. El Gobierno anunció el pasado 3 de noviembre que ha decidido recurrirla casi entera al Tribunal Constitucional porque considera que invade las competencias del Estado. Entre los artículos recurridos se encuentran los que van del número 40 al 50, es decir, toda la sección que regulaba el nuevo “impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica”. También el que establece la creación de un padrón gestionado por la ATC.