No a los expertos internacionales en el juicio: "Todos los ciudadanos podrán observar"

El Tribunal Supremo ha notificado este viernes el auto en el que fija la prueba de cara al juicio que comenzará el próximo 12 de febrero. En el escrito, de 145 páginas, los siete magistrados del tribunal rechazan la presencia de expertos internacionales en la sala de vistas y aseguran que el hecho de que se retransmita en directo y en streaming por la web del CGPJ convierte a "todos los ciudadanos, nacionales e internacionales" en observadores. La extensa resolución admite, además unos 500 testigos. De Mariano Rajoy a representantes políticos catalanes, desfilarán en la vista los principales protagonistas de los hechos de septiembre y octubre de 2017.

El alto tribunal rechaza reservarles espacio y asegura que, pese a coincidir "plenamente" con las defensas a la hora de subrayar la importancia de que se dé un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional, la retransmisión en directo del juicio es suficiente. "Precisamente por ello se ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juico sean televisadas en directo y mediante streaming en la web", dice.

"La consecuencia inmediata es que todo ciudadano que quiera convertirse en observador, nacional o internacional, del desarrollo del juicio podrá hacerlo. Y no en el limitado número de cinco que sugiere la defensa. No existirá, por tanto, límite numérico alguno para el seguimiento permanente y sin interrupción de las sesiones del juicio mediante señal de televisión en directo o en streaming", agrega. La Sala opta así por una fiscalización incondicionada de todas y cada una de las sesiones del plenario. Se eluden los problemas que se derivarían de la falta de acreditación, por aquellos a quienes las partes atribuyen la condición de observadores imparciales, de un estatuto de neutralidad e independencia económica respecto de sus proponentes, dice.

Tampoco ha admitido la sala la declaración testifical de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. "Las valoraciones personales de relatores, premios Nobel, lingüistas, o historiadores –algunos de ellos de un incuestionable peso intelectual y autores de una obra que merece la admiración y el reconocimiento colectivo- son prescindibles cuando son llamados a juicio para opinar", dice y recuerda que éstos no tienen un conocimiento directo o referencial de los hechos. "No existe en nuestro sistema una figura procesal para identificar al declarante invitado a juicio para ofrecer sus valoraciones personales sobre los hechos", agrega el auto.

En cuanto a los familiares, el auto que se ha notificado este mismo viernes, fija en dos el número de plazas que cada uno de los procesados podrá reservar para familiares y allegados. "El mero cálculo combinado de las dimensiones de la Sala de Plenos del Tribunal Supremo, el número de procesados y las acreditaciones que se solicitan, impone la conveniencia de esa restricción que, además, se justifica por la necesidad de que la presencia de terceros en la Sala -en eso consiste precisamente el contenido real de la garantía constitucional de publicidad- no esté exclusivamente vinculada al núcleo familiar de los procesados", dice. Anuncia que se dispondrá de dos traductores del idioma catalán en la sala.

Destina un apartado a la dignidad de los procesados, que se reclamaba expresamente por Oriol Junqueras. En este apartado el tribunal hace suya la reinvindicación de la defensa y acepta garantizar "un contacto directo entre abogado y cliente". "Ninguna objeción por parte de la Sala para que la distribución de espacio tenga en cuenta el deseo de proximidad física" entre el letrado y sus defendidos. indica el auto que accede así a que los acusados se sienten en la sala junto a sus representantes legales.

Testigos

En el auto, se da el visto bueno a medio millar de testigos. Como ya publicó este medio se acepta la declaración testifical del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. También la de otras personalidades del mundo de la política como el antecesor de Puigdemont Artur Mas o el lehendakari Iñigo Urkullu, que actuó como mediador antes de la aplicación del artículo 155.

La decisión, establece qué testigos de los cientos solicitados por las defensas de los 12 procesados por rebelión y sedición y las tres acusaciones que se sentarán en la vista comparecen para someterse a las preguntas de las partes. En el listado del alto tribunal se encontrarán cuatro políticos catalanes. Se trata en concreto del presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los diputados nacionales de ERC Joan Tardà y Gabriel Rufián. También acudirá el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero y muchos de los miembros de la actual cúpula de la policía autonómica. Se agrega a la lista el ex alcalde de la Ciudad Condal Xavier Trias.

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Beatriz Parera

La inclusión de los políticos en la lista de testigos elimina la posibilidad de que asistan al juicio en una condición diferente, por ejemplo, como público. No se permitirá así su presencia en el solemne salón de actos del Supremo hasta el momento en que sean llamados a declarar ni podrán asistir, físicamente, a las declaraciones de los acusados, entre ellos la de Oriol Junqueras, líder de la formación a la que pertenecen muchos de ellos. Además, en el caso de Torrent, la propuesta partió de la acusación popular que ejerce Vox, por lo que tendrá que responderles en primer lugar con la obligación de contestar a todas las cuestiones que le planteen. En total, la lista abarca unos 500 testigos. Solo la Fiscalía propuso más de 250, que se admiten casi en su integridad.

El Ministerio Público planteaba en su escrito el testimonio de un centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que resultaron heridos el 1-O y los que entonces eran los máximos responsables de ambos cuerpos en Cataluña: el comisario Sebastián Trapote y el general Ángel Gozalo.También solicitaba la testifical de los mandos y agentes de la Guardia Civil que participaron en el registro de la sede de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, en el que miles de personas bloquearon el acceso al edificio para protestar contra la labor de la comitiva judicial.

Otros testigos

Las defensas, por su parte, solicitaron varios centenares más de comparecencias. El exdiputado Lluís Llach y Josep Maria Jové, quien fuera mano derecha de Junqueras, son, por ejemplo, dos de ellas, y están en el grupo de los admitidos. Vendrán la casi totalidad de los miembros de la Mesa que el tribunal desligó del juicio y remitió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Joan Josep Nuet y Mireia Boya.

Por otro lado, la Sala rechaza testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tampoco ha admitido el testimonio del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, al no admitir nuestro sistema el "testigo por sustitución". Tampoco ha sido declarada pertinente la declaración propuesta por la acusación popular de Alfredo Pérez Rubalcaba, al venir referido su testimonio a hechos anteriores a la consulta de 2014. También han sido excluidos Carles Puigdemont y algunos de los procesados que están declarados en rebeldía en el mismo proceso. En su auto la Sala razona que la condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo. Entre los testigos descartados por el Tribunal Supremo se incluye a Pilar Rahola, al estimar los magistrados que "…son prescindibles las valoraciones de la testigo propuesta".