La Audiencia de Barcelona ordena investigar la operación policial contra la CUP del 20-S

La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación en torno al despliegue que la Policía Nacional llevó a cabo ante la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017, operativo que se efectuó al mismo tiempo que se registraba la conselleria de Economía de la Generalitat para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los agentes no llegaron a entrar en la sede del partido anticapitalista porque carecían de una orden judicial para ello, pero permanecieron durante más de siete horas frente a ella. La CUP optó entonces por interponer una denuncia contra la Policía Nacional por delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y otras garantías de la intimidad cometidos por funcionario público, así como por coacciones.

El Juzgado de Instrucción Número 9 de Barcelona archivó la denuncia el 15 de febrero de 2018, alegando para ello que el operativo se enmarcó “dentro del seguimiento que la Brigada Provincial de Información de Barcelona venía realizando en búsqueda de actividades colectivas e individuales relacionadas con el apoyo a la preparación y celebración del referéndum”. De todos modos, la Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir ahora la investigación, pues considera que dicho sobreseimiento "no está fundamentado de forma suficiente" y en la denuncia "se exponen hechos que podrían ser constitutivos, a priori, de un delito de coacciones graves".

El tribunal estima así en parte el recurso de apelación interpuesto por la CUP frente al archivo del caso, solicitando entonces que se tome declaración como testigos a dos agentes de la Policía Nacional que participaron en el despliegue e "incautaron las cajas en la acera de la vía pública, fuera de la sede del partido". La Audiencia de Barcelona pide además que se identifique al responsable de la Brigada Provincial de Extranjería y jefe del mencionado operativo: "Dicho agente sería el investigado y, una vez identificado, debe procederse a tomarle declaración en tal cualidad".

El tribunal subraya que "en vez de recabar ese mandamiento judicial para la entrada y registro de la sede del referido partido y, ante la negativa de los militantes que se encontraban dentro de la misma, optaron por acordonar la zona", desplegando entonces un dispositivo en torno a "un partido político legal" que impidió "la entrada o salida de cualquier militante o persona contratada laboralmente". En el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, la Audiencia de Barcelona considera por tanto que pudo haber una “extralimitación de la instrucción”.

El tribunal recuerda en este sentido que “para entrar y registrar la sede de un partido político, se precisa autorización judicial o el consentimiento voluntario de algún representante legal de dicho partido”, requisito que no se cumplió en este caso y puede implicar el delito de coacciones graves. La Audiencia Provincial de Barcelona apunta por ello al jefe de la Brigada Provincial de Extranjería, que ordenó el despliegue en un intento de que les permitieran la entrada y registro de la sede, lo que “supone la utilización de la vis compulsiva o intimidación”. El operativo, que se mantuvo durante seis horas, podría responder por tanto a una “intención dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena”, ante lo que el tribunal ordena que se reabra la investigación.