El portazo parlamentario a la reforma del poder judicial reactiva el pacto PP-PSOE

El cerrojazo en el Congreso de los Diputados al cambio del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces ha reactivado los tambores de pacto entre el Ejecutivo y el partido que lidera Pablo Casado. Según informan fuentes jurídicas ambas formaciones consideran prioritario limitar al máximo la prolongación de la interinidad del actual Consejo General del Poder Judicial, dirigido por Carlos Lesmes, y cuya renovación parecía muy lejana tras el fracaso en la renovación a finales de noviembre después de que el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se autodescartara para la presidencia.

Es por ello que, una vez finalizadas las vacaciones de Navidad, ambas formaciones volverán a sentarse de nuevo a negociar la composición de CGPJ. Partiendo de la base del anterior acuerdo, que quedó frustrado en una fase muy avanzada cuando los socialistas y los populares ya habían presentado sus candidatos por el turno de juristas y cerraban el listado de los vocales jueces, elegidos entre los 50 candidatos que registraron sus candidaturas, se reactivarán así las conversaciones.

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El acuerdo será, en cualquier caso, complicado. Es previsible, según apuntan las fuentes consultadas, que el equilibrio acordado en un inicio, que establecía un porcentaje de 11 vocales para el PSOE y 9 para el PP, quede alterado. No se descarta, por ejemplo, que además de Podemos —que introdujo en la primera ecuación a algunos de sus candidatos— entren en juego otros partidos. El primero de los pactos descartaba a uno de los principales socios del Ejecutivo, el PNV, que perdía un asiento de vocal y una representación ya histórica en los últimos consejos. Los nacionalistas vascos evidenciaron su malestar en distintas declaraciones.

El interés de los de Pedro Sánchez por reactivar el diálogo es evidente. Poco después del primero de los fracasos, la ministra de Justicia reclamó en declaraciones "volver a sentarse" para negociar la renovación, un paso que consideró necesario "no por criterios de oportunidad política o de reparto de cromos, sino como un servicio a los ciudadanos". Los de PP se mostraban, no obstante, más reticentes y apostaron junto a Ciudadanos por una modificación del sistema de elección que dejara la elección de los vocales jueces en manos de sus compañeros de carrera.

La propuesta no prosperó y, tras el aval del Senado, el Congreso de los Diputados rechazó hace unos días las enmiendas para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que supondrían cambiar el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del Consejo. Un total de 176 votos en contra —la mayoría absoluta— de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Bildu, sentenciaron la transformación.

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Pese a todo, algunas de las modificaciones salieron adelante. Se aprobó, por ejemplo, la pérdida del actual poder efectivo a la Comisión Permanente del órgano, la única con vocales con dedicación exclusiva. Otra enmienda que pasó la criba resultará fundamental para las futuras elecciones de cargos de responsabilidad en los tribunales. Tras fijarse la exigencia de criterios de mérito, capacidad y paridad en los nombramientos de altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, ha quedado variada la exigencia de apoyos para que estos salgan adelante.

Si bien, hasta el momento, bastaba con una mayoría de votos con la opción de que el presidente inclinara la balanza en caso de empate haciendo uso de su opción de calidad, ahora se necesitará un apoyo reforzado. Los puestos de mayor responsabilidad tendrán que ser apoyados por al menos 13 vocales lo que, en un futuro Consejo necesariamente dividido entre las tendencias conservadores y progresistas, obligará al consenso y el diálogo permanente, apuntan las fuentes consultadas.