La UCO concluye que el Gobierno de Aguirre amañó contratos para su campaña de 2011

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado un nuevo paso en la investigación sobre la presunta caja B del Partido Popular de Madrid que estrecha aún más el cerco sobre Esperanza Aguirre. En un atestado que acaba de ser incorporado al sumario de la trama Púnica, los expertos en delitos contra la Administración del Instituto Armado concluyen que el Gobierno madrileño amañó adjudicaciones en 2011 para sufragar parte de los gastos de la campaña del PP en las elecciones autonómicas de ese mismo año. Los fondos se canalizaron a través de una agencia que trabajaba para el partido, El Laboratorio de Almagro 36 SL, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

El atestado apunta a Borja Sarasola, uno de los pocos integrantes del núcleo duro de Aguirre que aún no había sido relacionado con la presunta financiación ilegal de Génova, tras la caída de sus dos principales hombres de confianza, Francisco Granados e Ignacio González. La UCO sostiene que, antes y después de las autonómicas de mayo de 2011 en las que el PP ganó con mayoría absoluta, Sarasola, que entonces era viceconsejero de Presidencia, se reunió en varias ocasiones con responsables de El Laboratorio de Almagro 36 SL para facilitarles información sobre licitaciones que aún no eran públicas. Esos datos habrían servido para que esta agencia partiera con ventaja en los concursos y pudiera imponerse al resto de competidores.

En otros casos, Sarasola y otros altos cargos de la Comunidad de Madrid se habrían inventado directamente licitaciones para inyectar fondos en la agencia de cabecera de su partido y, de este modo, sufragar parte de sus gastos de campaña con fondos públicos. En este sentido, “los principales hechos investigados se circunscriben a la adjudicación del contrato público 'Creatividad y producción de una campaña informativa de la Consejería de Economía y Hacienda y que tiene por objeto informar a todos los madrileños de los beneficios y servicios que obtienen de la Comunidad de Madrid por cumplir con sus obligaciones tributaria', que fue licitado por la Consejería de Hacienda”, expone el atestado.

El contrato en cuestión apenas ascendió a 21.228 euros pero ha permitido a los investigadores descifrar el funcionamiento de la trama. Las claves estaban en el correo electrónico de la consejera delegada de la agencia, María Luisa de Madariaga, que fue intervenido en un registro, “así como en documentación relativa al expediente del contrato menor (…) y documentación mercantil relacionada con la ejecución del mismo”. En concreto, Sarasola habría aprovechado presuntamente su peso en el Ejecutivo regional para ordenar al entonces secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, Francisco Lobo, que pusiera en marcha el mecanismo necesario para adjudicar un contrato por ese importe a la agencia. Entre otras cosas, Lobo aceptó “una factura falseada” y elaboró una memoria justificativa del gasto sin ningún tipo de base con el único objetivo de ocultar el engaño.

Los investigadores subrayan que, con esa artimaña, los fondos se desviaron fabricando “una necesidad pública inventada”, en concreto, un sondeo demoscópico cuyos “extraordinarios sobrecostes servirían para ser utilizados en solventar una deuda privada”. Según el atestado, “el coste real de la prestación realizada no alcanzaría ni el 7% del importe de la factura que fue abonada con dinero público”. El otro 93% se malversó directamente.

La UCO también ha descubierto irregularidades en otros contratos. El Laboratorio de Almagro 36 SL se habría presentado a concursos en colaboración con una empresa con la que en principio no mantenía ningún tipo de relación accionarial, Thinking Forward Spain SL, pero a la que presuntamente recurrió para protegerse tras una 'pantalla'. De ese modo, la mercantil que tenía el “contacto político y los favores derivados del mismo se asegura la obtención de beneficios económicos sin figurar como adjudicatarios de ninguna licitación”. Ese fue el método utilizado por ejemplo con otra adjudicación de la Consejería de Economía y Hacienda que ascendió a 224.200 euros más IVA. Los altos cargos del Gobierno madrileño estaban presuntamente al tanto de qué compañía era realmente la destinataria del dinero.

Incluso en las licitaciones sin irregularidades evidentes en el procedimiento, altos cargos del Ejecutivo madrileño se reunieron con directivos de El Laboratorio para proporcionarles datos “privilegiados” que permitían a la agencia “anticiparse varias semanas en la preparación de la oferta técnica, frente a los tan solo ocho días” de los que disponían el resto de licitadores en los procedimientos tramitados por la vía de urgencia, a los que también recurrió la trama.

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En esta pieza de Púnica ya estaban siendo investigados Granados y González, este último como resultado del trasvase a esta causa de los indicios sobre la caja B de Génova que fueron localizados en otro procedimiento, el del caso Lezo, instruido igualmente con la ayuda de la UCO. El instructor de ambas causas, el juez Manuel García Castellón, ya consideraba probado antes de este último atestado que el PP de Madrid se financió durante esa etapa con dinero de adjudicaciones públicas, con donaciones de empresarios que nunca fueron declaradas y con las subvenciones que recibía la fundación del partido, Fundescam. En esos movimientos, el PP habría utilizado abundante dinero en efectivo. El nuevo atestado complica el futuro judicial de Aguirre, que se ha quedado sin peones en el tablero.