Las cuatro vidas judiciales de Aguirre: Gürtel, Púnica, Lezo... y ahora Campus

"A pesar de que siempre que he gestionado dinero público he tendido a gastar lo mínimo posible, las magníficas cifras de ingresos que me transmitía la entonces consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, nos indicaban que podíamos afrontar inversiones por muy extraordinarias que nos parecieran. Recuerdo que más de una vez le preguntaba a la buena de Engracia: '¿Pero podemos gastar esto que nos pide el consejero tal o el consejero cual para hacer tal o cual cosa?'. 'Que sí, presidenta, que la recaudación está creciendo al 10% y los gastos solo al 9%".

Este fragmento aparece en el último libro de Esperanza Aguirre, 'Yo no me callo', en el capítulo que analiza su éxito electoral de mayo de 2007, que le permitió revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid tras obtener el 53% de los votos. "Aquella bonanza económica, unida a la ilusión que todos los miembros de aquel Gobierno teníamos por dar un impulso a Madrid en todos los sentidos, nos llevó a ser lo que podríamos llamar un eficaz Gobierno en obras e inversiones públicas", sentenciaba Aguirre en su libro, publicado en 2016.

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Doce años después de ese periodo boyante, económica y políticamente para Aguirre, nuevos nubarrones judiciales se ciernen sobre el horizonte de la ya exlideresa. Se trata de Campus de la Justicia, la empresa pública que el Gobierno regional de Aguirre creó en enero de 2005 para intentar unificar en un único complejo todas las sedes judiciales de la región. La Audiencia Nacional acaba de abrir una investigación tras la denuncia que presentó toda la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) en la Fiscalía Anticorrupción. Los tres partidos llevaron ante la Justicia las irregularidades detectadas en una comisión parlamentaria que duró meses. Un proyecto faraónico pero fallido, que oficialmente supuso tirar a la basura 95,3 millones de euros, aunque el despilfarro puede superar los 130 millones.

Ese 'eficaz Gobierno en obras e inversiones públicas' se ha convertido con el paso de los años en una mancha profunda en la trayectoria de Aguirre, que acabó incluso con su carrera política. Primero Gürtel, donde la ex presidenta regional declaró como testigo. Ese mismo día rompió a llorar a su salida del juzgado. La jornada anterior, el 19 de abril de 2017, la Guardia Civil había detenido a su sucesor, Ignacio González, en el marco de la operación Lezo, el desfalco del Canal. Un nuevo golpe judicial que se sumaba al que ya había recibido la credibilidad de sus ejecutivos en octubre de 2014, cuando se destapó el caso Púnica y caía Francisco Granados, exconsejero de Aguirre y ex secretario general en el PP que controló la lideresa con mano de hierro.

Gürtel, Púnica, Lezo y ahora Campus de la Justicia, las cuatro vidas judiciales de Aguirre. Cuatro casos que en mayor o menor medida ponen en entredicho la gestión política y económica de sus gobiernos. Cuatro casos que han salpicado, imputado y condenado ya a muchos de sus colaboradores, los nombrados por ella. Cuatro casos que la han rozado pero que de momento no la han 'matado'. "Y es que Esperanza tiene más vidas que un gato, judicialmente hablando", dice un exdirigente del PP que trabajó con ella mucho tiempo. Estas son las vidas judiciales de Aguirre.

Gürtel, ilesa

Aunque declaró como testigo en el juicio, nunca fue imputada durante la instrucción. Las culpas cayeron sobre Alberto López Viejo, exdiputado autonómico, exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia, el hombre encargado durante mucho tiempo de organizar inauguraciones y mítines de su jefa. Aguirre nunca se enteró de que López Viejo y el líder de la trama, Francisco Correa, amañaron más de 300 de sus actos, por valor de 6,4 millones de euros. La Audiencia Nacional le ha condenado a 31 años de cárcel. Aguirre insiste en su libro (le dedica un capítulo) que "yo destapé el caso Gürtel, aunque, eso sí, sin saber que lo estaba haciendo".

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La Gürtel sí acabó con la carrera política de un buen puñado de sus exalcaldes: Arturo González Panero, Guillermo Ortega, Jesús Sepúlveda y Ginés López, que fueron regidores de Boadilla, Pozuelo, Majadahonda y Arganda del Rey, respectivamente. La lideresa siempre defendió que destituyó a todos los implicados en cuanto tuvo conocimiento de sus manejos. La verdad es que no hubo ningún cese hasta que el juez Baltasar Garzón no ordenó las primeras detenciones en febrero de 2009. No obstante, en 2005 Aguirre obligó a Ortega a dejar la alcaldía por una pelea interna dentro del PP de Majadahonda por la venta de unas parcelas. Lo apartó del ayuntamiento, pero le acabó recolocando en una empresa pública.

Púnica, salpicada

El siguiente gran caso de corrupción, Púnica, también ha dejado un buen reguero de imputaciones en las filas de sus ejecutivos y del PP madrileño, aunque Aguirre solo considere a Granados como el único garbanzo negro. El caso ha salpicado a políticos muy afines a Aguirre: Salvador Victoria fue su viceconsejero de Presidencia y secretario general del Consejo de Gobierno que ella presidía. Aguirre también eligió a Lucía Figar consejera de Educación en 2007. Y sobre todo a un hombre su máxima confianza, Beltrán Gutiérrez, el que fuera gerente del PP de Madrid. Los tres siguen imputados.

El avance de esta instrucción puede poner en apuros a Aguirre, sobre todo en la pieza que indaga sobre si el partido que ella controlaba se financió irregularmente. Granados ya ha declarado que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 (que ganó Aguirre) se llevó a cabo una campaña electoral "paralela" para favorecer a la expresidente fuera de la contabilidad legal del partido. Además, la investigación judicial apunta que la formación desvió ilegalmente 1,7 millones de su grupo parlamentario en la Asamblea regional para pagar gastos electorales. Para mover el dinero, el partido recurrió a empresas pantalla y facturas falsas. En Púnica también se investiga si el PP de Aguirre se financió irregularmente con campañas de publicidad y fiestas locales. Incluso con la construcción de varios hospitales.

De momento, la Fiscalía no ha decidido su imputación, aunque lo que sí ha hecho el juez instructor es unificar en este sumario de corrupción los datos e indicios sobre la supuesta financiación ilegal del PP madrileño que han surgido en otro caso paralelo, Lezo, que se investiga en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional.

Lezo, tocada

Luego llegó el caso Lezo, el que hizo llorar a Aguirre y provocó su dimisión. Se fue para asumir las consecuencias políticas. "No vigilé lo suficiente", señaló. Aquí la Audiencia Nacional investiga el nivel de participación de la expresidenta en el presunto amaño de la construcción del campo de golf de Chamberí, uno de los proyectos en los que más se implicó. También se intenta dirimir el papel que jugó en la puesta en marcha de otro proyecto fallido, el tren que iba a unir las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero. El exdirector de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid Jesús Trabada ya ha declarado que Aguirre fue la persona que tomó la decisión, en contra del criterio de los técnicos, de construir la línea, un proyecto por el que se pudo pactar una mordida de 1,4 millones de euros para Ignacio González. La Fiscalía tampoco ha tomado todavía ninguna decisión sobre su imputación.

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Campus, un nuevo problema

Otro proyecto de Aguirre ha llegado a la Audiencia Nacional, en este caso el Campus de la Justicia, en el que se invirtieron 100 millones aunque solo se llegó a terminar uno de los 12 edificios previstos. Un fracaso total. Y para la oposición y la Cámara de Cuentas, un despilfarro incontrolado. Aquí, el principal señalado es el exconsejero de Justicia Alfredo Prada, que en cambio no acabó muy bien con Aguirre. Aún es pronto para determinar la responsabilidad de la expresidenta, aunque Prada ya tiró balones fuera cuando tuvo que comparecer por este asunto en la Asamblea de Madrid: "Mi capacidad política era cero y mi interés, -10", señaló.

Lo de Campus da la Justicia no hay por dónde cogerlo. La comunidad se gastó 21,4 millones en un edificio que no está terminado y 34 en urbanizar unos terrenos que hoy sirven para que campen los conejos y para rodajes de cine. También se pagaron 27,3 millones en indemnizaciones y direcciones de obra de edificios que nunca se construyeron. La empresa pública que se creó para dirigir el proyecto pagó 947.000 euros en alquileres, aunque la comunidad tiene en su inventario un buen puñado de edificios vacíos. A lo que hay que sumar 2,7 millones en sueldos en plantillas descompensadas y sin funciones.

En 2007, esa época de bonanza descrita por Aguirre, la plantilla estaba formada por 10 personas, de las que siete eran jefes y tres, administrativos. Había tres responsables de seguridad, que cobraron 253.000 euros, aunque Campus se gastó luego en contratar seguridad externa por 876.000 euros. A lo que hay que sumar un millón de euros en una exposición que duró siete semanas y 4,8 millones en distintos fastos para promocionar un proyecto que no ha visto la luz: viajes, camisetas, libros promocionales, gorras, paraguas, autobuses de dos plantas... Una idea megalómana que hoy en día sigue costando dinero a los madrileños: 176.000 euros solo en seguridad y mantenimiento y 8,2 millones que abonaron las arcas públicas en impuestos atrasados.