Las facturas en B del PP que denuncia Granados: 174.000 € movidos por Aguirre

Los documentos aportados por Francisco Granados en el caso Púnica para tratar de desmentir que haya tenido relación con la caja B del Partido Popular han puesto sobre la mesa otra presunta vía de ingresos irregulares de Génova. Facturas incorporadas al sumario revelan una supuesta trama que permitió a los populares madrileños desviar al menos 174.000 euros en 2007, año de elecciones municipales y autonómicas. El dinero habría salido de la Consejería de Justicia a través de una entidad sin ánimo de lucro. Después, los fondos pasaron a dos sociedades controladas por el expresidente de Telemadrid Álvaro Renedo (2004-2006) y el periodista ya fallecido Germán Yanke. Desde esas mercantiles se habrían pagado finalmente gastos electorales del PP.

Granados dedicó una buena parte de su tercera declaración voluntaria en Púnica, el pasado 15 de marzo, a explicar el significado de facturas que dijo haber encontrado por casualidad en su casa y que supuestamente acreditarían esta nueva línea de financiación ilegal. Manifestó que Esperanza Aguirre y su entonces vicepresidente, Ignacio González, ordenaron en 2007 al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada (2003-2008), que usara los presupuestos de su departamento para inyectar fondos en la campaña del partido. La actual presidenta del Gobierno madrileño, Cristina Cifuentes, que en el momento de los hechos era secretaria de Política Territorial del PP regional, no participó en la operación pero, según Granados, estuvo informada.

Para que el dinero público llegara al PP, Aguirre y González pidieron supuestamente a Prada que inflara los pagos a Ginso, una entidad que tenía un concierto multimillonario con Justicia para la gestión de centros de reinserción de menores. Solo en el contrato de construcción y tutela del reformatorio de Brea de Tajo, licitado en marzo de 2006, Prada concedió a Ginso un total de 157 millones de euros durante los siguientes 15 años.

El ex secretario general del PP de Madrid (2004-2011) aseguró que el dinero fue luego desviado desde Ginso a dos mercantiles mediante supuestas facturas falsas por estudios e investigaciones que nunca se realizaron. Para probar sus acusaciones, entregó al juez cuatro documentos de pago a los que ha tenido acceso El Confidencial. Por orden cronológico, la primera de las facturas fue emitida el 25 de octubre de 2007 por la empresa Inver-Eleto SL, que entonces tenía como administrador único a Álvaro Renedo. En el concepto figura “elaboración de estudio sobre la situación actual con respecto a la reincidencia juvenil en la Comunidad de Madrid en relación con la de otros países de nuestro entorno” y la cantidad asciende a 55.680 euros IVA incluido.

La siguiente factura tiene fecha del 9 de noviembre de 2007 y fue cargada a Ginso por la mercantil Faín Viejo SL, una firma que había sido constituida solo seis meses antes por el propio Renedo y el periodista Germán Yanke. Como objeto social, tenía la “compraventa y gestión de medios de comunicación, así como el asesoramiento en materia de comunicación integral e información”. Según los documentos entregados por Granados, cobró otros 52.200 euros IVA incluido por un “estudio sobre la duración de las medidas de internamiento judicial así como de las edades de los menores infractores en el ámbito de la Unión Europea”.

La tercera factura también fue emitida por la mercantil Faín Viejo SL. Está fechada el 26 de noviembre de 2007 y suma otros 44.080 euros IVA incluido. En este caso, Ginso abonó los fondos por un supuesto “estudio sobre modelos empresariales en el ámbito de la Unión Europea vinculados a la reinserción social de menores en régimen de internamiento judicial”. Finalmente, la cuarta y última factura aportada por Granados fue cargada a Ginso por Inver-Eleto SL el 19 de diciembre de 2007. Refleja un pago de 22.040 euros IVA incluido por la presunta “elaboración de un estudio sobre la reinserción laboral de menores infractores desde la entrada en vigor de la Ley 5/2000, según contrato celebrado el 26 de octubre de 2007”.

En total, 174.000 euros salieron de la asociación sin ánimo de lucro por esta vía en menos de dos meses. El presunto cerebro de Púnica también ha facilitado al juez los convenios de colaboración que firmó Ginso con las dos mercantiles para justificar los encargos. Inver-Eleto firmó dos acuerdos, uno el 12 de febrero de 2007, ya en plena recta final de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de ese año, y otro el 26 de octubre de ese mismo ejercicio, al que se remite la cuarta factura. Por su parte, Faín Viejo firmó un único convenio el 19 de julio de 2007. El texto de los tres documentos, a los que también ha accedido este diario, es idéntico. Solo cambian los nombres de las empresas, los representantes legales y el valor de los pagos.

Según Granados, los informes sobre la delincuencia juvenil nunca se realizaron y el dinero terminó siendo dedicado por Inver-Eleto y Faín Viejo al pago de gastos electorales del Partido Popular presuntamente derivados de la campaña electoral de 2007, en la que Aguirre obtuvo su segunda mayoría absoluta. Los supuestos ideólogos de esta trama, insistió el exdirigente del PP, fueron la expresidenta regional y González. Alfredo Prada habría obedecido sus instrucciones y Cifuentes conoció la operativa.

Ni el juez Manuel García-Castellón ni la Fiscalía se han pronunciado aún sobre esta revelación, pero el testimonio de Granados encaja en los mecanismos habituales de financiación ilegal del PP descubiertos en cuatro años de instrucción de Púnica. En el caso Lezo también aparecieron movimientos similares. Además, las tramas coinciden en el tiempo. Por lo pronto, apoyándose en informes de la Unidad Central Operativa (UCO), el Ministerio Público considera acreditado que los populares madrileños llegaron a manejar una caja B de 4.916.000 euros en las elecciones municipales de 2007 y 2011 y en las generales de 2008.

En concreto, en 2007 no declararon a los órganos de fiscalización un gasto superior al legal de 2.685.000 euros; en 2008, fue de 685.000 euros, y en 2011, de 1.546.000. Además, la formación desvió ilegalmente 1,7 millones de su grupo parlamentario en la Asamblea regional para pagar gastos de campaña y, en 2011, tuvo supuestamente una caja B en la que acumuló más de un millón de euros. Para mover el dinero, el partido recurrió a empresas pantalla y facturas falsas. Parte de los fondos ni siquiera circuló por sus cuentas bancarias. Pasó directamente de sus donantes a sus proveedores electorales.