La enfermedad de Zaplana: rechazo del trasplante, policías en la puerta y sin visitas

La salud de Eduardo Zaplana ha experimentado un nuevo bache, el enésimo desde que ingresó en prisión provisional el pasado mayo tras su arresto por el presunto blanqueo de comisiones ilegales por importe de 10,5 millones de euros. Pero su situación es ahora más delicada que nunca. El expresidente de la Comunidad Valenciana (1995-2002) y exministro de Trabajo (2002-2004) tuvo que ser ingresado este lunes en el Hospital de la Fe en Valencia por recomendación de los facultativos que lo tratan de la leucemia que sufre desde 2015, después de detectar nuevas complicaciones en la enfermedad.

“Yo ya lo que quiero es morirme”, ha confesado en los últimos días Zaplana a su entorno. Asegura que su objetivo es marcharse para que su familia no tenga que sufrir más por el proceso judicial en el que está inmerso, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas al exdirigente del PP. Este se ha visto aquejado en los últimos días de una enfermedad de injerto contra huésped, una afección motivada por el rechazo de su cuerpo al trasplante de médula ósea al que se sometió para tratar sus problemas linfáticos. Como consecuencia de este proceso, el exdirigente del PP se encuentra más débil. Padece anemia, ha perdido mucho peso y la pigmentación de su piel ha adquirido un tono morado.

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La jueza que instruye el llamado caso Erial sobre la presunta trama de lavado de dinero de Zaplana, la titular del Juzgado número 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, autorizó su ingreso hospitalario. Con todo, ha ordenado que se le apliquen medidas de seguridad casi más duras que las que tiene en la cárcel de Picassent. Ha rechazado que pueda estar acompañado por un familiar, como recomendaban los médicos y había exigido su defensa. La puerta de su habitación está custodiada por una pareja de agentes de la Policía Nacional durante las 24 horas del día. La jueza también le ha prohibido hacer llamadas desde el hospital, al contrario que en prisión, donde tiene permitidas las comunicaciones. Además, solo puede reunirse con su abogado.

Este sábado cumplirá siete meses en prisión provisional. Su defensa ha solicitado hasta en cinco ocasiones su libertad alegando que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, y que el estado de salud en que se encuentra es incompatible con su estancia en prisión. A esa petición se ha sumado el Partido Popular esta semana, que publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para apoyar su excarcelación: “La vida de Eduardo Zaplana está en serio riesgo. Se debería tener en cuenta esta circunstancia para que siga tratándose su enfermedad desde un hospital y no desde un centro penitenciario. Un poco de humanidad”. El expresidente del Gobierno José María Aznar es una de las voces que también se han alzado contra su continuidad en la cárcel.

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El pasado lunes se celebró precisamente una vista en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia para estudiar un recurso de su defensa contra la última negativa de la instructora a concederle la libertad a la espera del juicio. Parecía que sus opciones de salir a la calle habían aumentado después de que la semana pasada se efectuaran diligencias clave para la evolución de las pesquisas.

Cómo adelantó El Confidencial, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el fiscal anticorrupción y la instructora del caso se desplazaron a Uruguay para registrar la vivienda de un supuesto socio del exministro de Trabajo, el abogado Fernando Belhot. La diligencia se centró en la búsqueda de información sobre dos sociedades instrumentales, Nysleny SA y Disfey SA, que fueron compradas en 2009 por uno de los presuntos testaferros de Zaplana, su amigo de la infancia Joaquín Barceló.

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La comisión judicial aprovechó su desplazamiento a Uruguay para recabar también documentos de otras tres sociedades vinculadas a Vicente Cotino, el empresario que supuestamente abonó los 10,5 millones de euros en comisiones ilegales al exdirigente del PP por la concesión de licencias de ITV y parques eólicos. La búsqueda se centró en las mercantiles Milbet SA, Parlawa SA y Vecanwell SA, domiciliadas en la zona franca de Montevideo Zonamérica, utilizada habitualmente para la creación de estructuras 'offshore'.

La ejecución de esta diligencia reduce el riesgo de destrucción de pruebas, pero la Fiscalía volvió a oponerse en la vista de este lunes a la libertad de Zaplana. Además, aún quedan comisiones en otros países. Sus opciones de pasar esta Navidad en casa han vuelto a diluirse en las últimas horas.