El informe que teme el Gobierno: Sebastián dio 500.000 $ a un ministerio dominicano

El Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, responsable de la investigación sobre Mercasa, acaba de recibir un informe forensic de la auditora EY que destapa nuevas irregularidades en la empresa pública dependiente de la SEPI y del Ministerio de Agricultura. Los hechos descubiertos abarcan el periodo 2000-2017 e incluyen desde comisiones ilegales para la firma de adjudicaciones en el exterior al pago de viajes a mandatarios panameños y sus parejas, pasando por acuerdos sin justificación legal, obsequios de Louis Vuitton financiados con dinero público, una ayuda de 500.000 dólares del Ministerio de Industria de Miguel Sebastián al Gobierno de la República Dominicana y un donativo electoral de 500.000 pesos dominicanos -equivalentes a unos 10.000 euros- al actual presidente del país.

El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, fue entregado la semana pasada en la Audiencia por la secretaria general y del Consejo de Administración de Mercasa, Macarena Olona, que llegó a la compañía en junio de 2017 tras la imputación de la anterior cúpula directiva por su presunta implicación en el pago generalizado de sobornos. Una de las primeras decisiones que tomó Olona fue el encargo de este informe, concluido finalmente hace apenas unos días.

Este miércoles, tendrá la oportunidad de explicarlo ante el instructor de la causa, el juez José de la Mata. Está citada para declarar en calidad de representante legal de la compañía, aunque ha estado a punto de no comparecer. Como adelantó este diario, el cargo que designó el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 1 de octubre para asumir la presidencia de Mercasa, José Ramón Sempere, decidió destituirla de forma fulminante para evitar que testificara en la Audiencia. Sempere pretendía llevar su cese al consejo el pasado jueves pero, al trascender esta oscura maniobra, la reunión del órgano directivo se pospuso a este lunes. Finalmente, Olona fue destituida, pero los consejeros votaron a favor de que se le permita declarar.

Fuentes próximas a la investigación atribuyen el relevo a una estrategia del Ejecutivo de Sánchez para silenciar irregularidades que podrían afectar a antiguos altos cargos de la empresa pública nombrados por el PSOE. Lo cierto es que los hallazgos de EY apuntan a directivos vinculados al PP, como Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González y director de Estrategias Comerciales entre 2012 y 2017.

Pero el informe forensic también deja en una situación comprometida a directivos elegidos por gobiernos socialistas, como Álvaro Curiel, convertido en director financiero de Mercasa por José Luis Rodríguez Zapatero, con quien le une una estrecha amistad. Curiel ya está imputado por su presunta implicación en el pago de 20 millones de euros en sobornos a las autoridades de Angola a cambio de adjudicaciones para el ente público. Además, el documento arroja serias dudas sobre la etapa en la que fue presidente de Mercasa Javier de Paz (2004-2007), otro gran amigo de Zapatero que llegó a ser secretario general de las Juventudes Socialistas y en la actualidad ocupa un asiento en el consejo de Telefónica.

Dinero para el presidente dominicano

Fuentes próximas a la investigación describen el informe como “un auténtico libro de terror”. Una de las irregularidades detectadas por EY es la presunta donación en 2011 de 500.000 dólares al Ministerio de Economía de la República Dominicana. El dinero salió del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio unos días antes de que Miguel Sebastián dejara la cartera por la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. En concreto, ese departamento liberó el dinero en forma de “encomienda para la formación”, como recoge un borrador de acta del ministerio con fecha del 29 de noviembre de 2011. Oficialmente, el Gobierno caribeño iba a destinar esos fondos a la formación de los empleados que trabajarían en el Mercado de Santo Domingo que iba a construir Mercasa, pero correos internos de Mercasa demuestran las dudas que existían sobre el verdadero destino de los fondos. Según la auditora, ese pago habría servido para garantizar futuras adjudicaciones.

Asimismo, un correo enviado por un directivo del consorcio público-privado que utilizaba Mercasa para ejecutar proyectos en el extranjero ha permitido descubrir otra donación, en este caso, de tipo electoral. “Danilo Medina es el candidato del PLD [Partido de la Liberación Dominicana] a la Presidencia. El Delegado del Consorcio mantuvo, junto con otros Presidentes y Delegados de grandes empresas y grupos en República Dominicana, una cena, en la que le expusimos los proyectos ya ejecutados, y la importancia del desarrollo de otros Mercados Mayoristas y Minoristas en el país. En la cena se le hizo entrega de una donación de 500.000 RD$ [pesos dominicanos, equivalentes a unos 10.000 euros], que previamente había sido aprobada por Álvaro Curiel [representante de Mercasa] y Javier Pardo de Santayana [representante de Incatema, el otro 50% en el consorcio]”. Medina acabó ganando esas elecciones y continúa siendo en la actualidad el jefe del Ejecutivo.

El informe también subraya que se han descubierto pagos del consorcio a su accionista Incatema por supuestos servicios de “promoción comercial” que están fuera de los acuerdos que ambas mercantiles habían firmado previamente. También se benefició de transferencias idénticas otra compañía, Ibadesa, de José Herrero de Egaña y López del Hierro, sobrino de María Dolores de Cospedal. La auditora ha descubierto incluso que el consorcio se hizo cargo de las obligaciones comerciales en las que Incatema e Ibadesa habían incurrido con compañías locales. Asimismo, denuncia múltiples conflictos de intereses. Javier Pardo de Santayana y su hermano José Manuel, ambos accionistas de Incatema, “firmaron indistintamente contratos en nombre del consorcio y en nombre de Incatema en el ámbito del proyecto de República Dominicana”.

Comisiones por “promoción comercial”

Las mayores irregularidades se habrían producido en torno a los proyectos de Mercasa en Angola, donde el consorcio público-privado se llevó en 2006 un contrato marco de prestación de servicios para la ejecución del Centro Logístico y de Distribución de Luanda, por un importe de 218.980.000 dólares, aunque la cifra se disparó en los años siguientes hasta los 533 millones de euros con la tramitación de numerosos modificados.

De la documentación analizada por EY se desprende ahora que los dirigentes del ente público autorizaron la firma de hasta ocho acuerdos comerciales con un comisionista local, Guilherme Augusto de Oliveira Taveira, por el que se habrían comprometido a pagarle un mínimo de 24,6 millones de dólares (a esa cantidad hay que sumar varias comisiones de éxito de hasta el 5% de las adjudicaciones que consiguiera en ese país). Los acuerdos se encubrieron como encargos de “promoción comercial”, “colaboración comercial”, “asesoría y consultoría” y “organización logística”, y los pagos se canalizaron a través de tres sociedades pantalla del comisionista.

La Audiencia Nacional dispone de indicios de que parte de esos fondos habría terminado en los bolsillos del Gobierno de Angola. A juicio de la auditora, Mercasa habría participado en una ficción para repartir las comisiones pagadas a Oliveira Taveira entre “diversos contratos y sociedades”. La relación con este investigado, que se encuentra fugado de la Justicia, arrancó durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y con Javier de Paz al frente de la compañía pública.

Regalo de Louis Vuitton

Comunicaciones internas revelan que el consorcio participado por Mercasa asumió incluso el importe de regalos, viajes y gastos de hospedaje pagados en un primer momento por Oliveira Taveira a funcionarios y altos cargos del Ejecutivo de Luanda. En total, 23.272 euros que salieron en parte de las arcas del Estado. Además, en 2011, otra empresa de Herrero de Egaña, Global Advising, giró una factura al consorcio por valor de otros 940 euros para costear un regalo de la firma Louis Vuitton a otro algo cargo del Gobierno angoleño.

En Panamá, EY también implica a Curiel en la presentación de “ofertas sobredimensionadas” a concursos públicos de licitación para que Mercasa pudiera hacer frente a “desviaciones [de proyectos anteriores] e imprevistos”. Asimismo, se han encontrado pruebas de que los propios directivos de la empresa pública redactaron los pliegos de licitaciones del Ayuntamiento de Panamá. En 2015, Mercasa también pagó un viaje a España de varios dirigentes de ese país y de sus respectivas parejas. El objetivo era supuestamente enseñarles Mercavalencia, el Matadero Municipal y el Mercado Central de la ciudad del Turia. “Podría inferirse que el motivo de tales visitas no tuvo únicamente carácter profesional, ya que a dichas visitas asistieron algunos familiares directos de la Delegación de Municipios de Panamá, ajenos al proyecto”, expone el documento que ya tiene en su poder De la Mata.

Por su parte, en lo que respecta a Argentina, se ha descubierto que Pablo González impulsó un acuerdo de “promoción comercial” en diciembre de 2016 con una empresa local, Estrategias Competitivas SA (ECSA), que en realidad era una filial de la empresa para la que trabajaba su cuñado, José Juan Caballero Escudier. Según la documentación a la que ha tenido acceso EY, González pagó a ECSA el 5% de una adjudicación conseguida por Mercasa por haberla ayudado supuestamente en el concurso. Sin embargo, correos electrónicos han desvelado que el acuerdo entre Mercasa y ECSA se suscribió después de que el ente público ganara la licitación.

La ya ex secretaria general de Mercasa podrá desgranar ante De la Mata las 152 páginas del informe forensic, que ya ha sido incorporado al sumario. El documento también detalla presuntas irregularidades en operaciones comerciales protagonizadas por la compañía del Estado en Senegal, El Salvador, Chile y Haití.