Celaá: "Son bombas de alta precisión que no se van a equivocar matando yemeníes"

El Gobierno no ve problemas en las bombas "láser de alta precisión" cuya venta ha retomado a Arabia Saudí. Sus propias características hacen pensar que "no se van a equivocar matando a yemeníes".

La rectificación sobre el contrato a Riad de armas de alta precisión a Riad, por importe de 9,2 millones de euros, ha perseguido al Ejecutivo durante más de una semana. El pasado viernes, comenzó el giro, cuando la ministra portavoz, Isabel Celaá, abrió la puerta a que esa cancelación de la adjudicación, anunciada previamente por Defensa, descarrilara. Y aunque Margarita Robles el lunes, en una comparecencia en el Senado, aseguró que las "discrepancias en el contenido de ese contrato se estudiarán con Arabia Saudí", al final La Moncloa y Exteriores le hicieron recular. La venta de 400 bombas se reanuda y se comunicó ya "oficialmente" al país, según certificó este jueves el titular de la diplomacia española, Josep Borrell.

La ministra portavoz aseguró, a preguntas de los periodistas, que aunque el contrato de venta de armas a Riad no especifica que las bombas no vayan a ser utilizadas para atacar a la población civil en el conflicto con Yemen, el Ejecutivo tiene la convicción de que Arabia no hará un mal uso de ellas. "El Gobierno sabe lo que está vendiendo, son láser de alta precisión y, por lo tanto, si son de alta precisión no se van a equivocar matando yemeníes", defendió Celaá hoy viernes tras el Consejo de Ministras y Ministros.

Aunque no hay garantías en el contrato, los rasgos de las bombas láser hacen pensar que "no parece que vayan a estar orientadas para ese fin"

Dicho de otro modo, que aunque no hay "especificación" en el contrato, garantías de que no se van a utilizar contra civiles, las mismas "características de los misiles láser", de las bombas, hacen que el Ejecutivo apunte que "no parece que vayan a estar orientadas para ese fin".

TE PUEDE INTERESAR

Borrell, sobre las bombas para Arabia Saudí: son de precisión, sin efectos colaterales

Agencias

La argumentación de Celaá iba en la línea de lo expuesto por Borrell esta semana: el armamento es de precisión y por tanto no provoca efectos colaterales. "Con este tipo de armas no puede haber esos bombardeos producidos con armas menos sofisticadas un poco lanzadas al azar y que provocan esa clase de tragedias que todos hemos condenado", señalaba este jueves.

Exteriores "coadyuvó" a la solución

El episodio, después de muchas "vueltas", en palabras de Borrell, ha dejado una víctima colateral. Robles ha sido desautorizada. Celáa explicó que hubo "una opinión" —de la ministra, a la que sin embargo no citó— favorable a la cancelación, y que el Gobierno "ha cerrado decidiendo el cumplimiento de ese contrato con Arabia Saudí", por valor de 9,2 millones de euros y firmado en 2015.

La decisión final, adoptada por el Gobierno en su conjunto, de forma colegiada, supone una desautorización a Robles, que expresó una "opinión"

El Ejecutivo, abundó, "es un órgano que configura su opinión de manera colegiada, y así lo ha hecho". El titular de Exteriores lo había afirmado ayer jueves: el tema estaba por fin "resuelto", y era una decisión del Gobierno en su conjunto, y no solo de Exteriores, que no ha hecho más que "coadyuvar" en la tarea diplomática, informa EFE. Borrell explicaba que es el Gabinete "el que toma decisiones", y no un ministerio u otro, pero en todo caso son "complejas", porque pasan por un "proceso de debate y de toma de decisión que culmina cuando culmina".

Celaá, este viernes, se retrotrajo a su rueda de prensa de hace una semana, cuando abrió la puerta a esa rectificación a Robles y tranquilizó a la vez a los trabajadores de los astilleros de Navantia, que temían que la cancelación de la venta de las bombas de precisión —Defensa había anunciado incluso que se devolverían a Arabia los 9,2 millones— se tradujera en una respuesta fulminante por parte de Riad, en forma de ruptura de otro contrato mucho más jugoso: de 1.813 millones de euros para la fabricación de cinco corbetas, que suponen 6.000 empleos.

El Gobierno ya dijo, remarcó Celaá, que "se alineaba con los intereses de los trabajadores de la bahía de Cádiz". "Ninguna carga de trabajo estaba en riesgo", remachó.