Carcedo (Sanidad) apuesta por equiparar la gestación subrogada al tráfico de órganos

La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, es partidaria de equiparar la gestación subrogada con el tráfico de órganos y de menores, de manera que esta práctica pueda ser declarada ilegal en el ámbito internacional. En una entrevista concedida a la Agencia EFE poco después de tomar posesión de su cargo, la titular de Sanidad ha abogado por una regulación internacional de la maternidad subrogada que considere ilegal esta práctica, prohibida en España, pero a la que se puede acceder a través de convenios con terceros países.

"Hay que tomar decisiones internacionales y declarar ilegales" estas prácticas, que, gestionadas por las agencias de maternidad subrogada, permiten a ciudadanos españoles recurrir a esta técnica de reproducción en otros países, ha considerado Carcedo.

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Durante su entrevista con EFE, la primera que concede a un medio tras asumir la cartera de Sanidad, la nueva ministra también se ha referido a la prostitución, el suicidio, la eutanasia o la eliminación del copago farmacéutico, entre otros asuntos. Sobre las agencias de vientre de alquiler que operan en España, cree que "habrá que analizar en qué marco legal se mueven y, si traspasan algún límite en algún asunto que interfiera con la legislación española, se podría actuar".

No obstante, la nueva ministra de Sanidad ha subrayado que "la forma más eficaz y útil de resolver el problema" es contar con una regulación internacional que declare ilegales estos convenios entre países, "en el mismo plano en que lo están tanto la venta de órganos como la prohibición de venta de niños". La prohibición de la maternidad subrogada exige acuerdos internacionales, ha insistido, al igual que la lucha contra las mafias de trata de mujeres, muchas de ellas obligadas a ejercer la prostitución.

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Carcedo considera que regularizar esta práctica sería "como plantearse regular la esclavitud. Son cuestiones que están fuera de los límites que se pueden tolerar como derechos humanos y dignidad de la personas". "No se puede ilegalizar lo que no es legal", ha recalcado la ministra, quien ha considerado que la prostitución "es básicamente trata de mujeres semiesclavizadas", lo que "contraviene de forma flagrante los derechos humanos y las sitúa en una situación de subsidiariedad para que sus cuerpos satisfagan otros intereses".

Ha reconocido la dificultad de poner fin a esta práctica, porque atañe a muchos ámbitos que exceden las competencias de su departamento, como el control de las mafias.