Sánchez también rectifica en prostitución: autorizó un sindicato y ahora quiere cerrarlo

El encadenamiento de rectificaciones sobre la marcha del Gobierno de Pedro Sánchez durante el mes de agosto culmina de momento en el Ministerio de Trabajo con el anuncio de que se propone 'ilegalizar' un sindicato de prostitutas que el mismo departamento aprobó hace cuatro semanas. Después de cambiar decisiones, posición u opinión sobre convocatoria de elecciones, política de inmigración, la defensa del juez Pablo Llarena, la presentación de los Presupuestos, la subida de impuestos o su proyecto para el Valle de los Caídos, es la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, quien reconoce que le han metido "un gol por la escuadra" que puede facilitar, a su juicio, la explotación de mujeres.

Con Sánchez fuera de España por estar de gira por los países iberoamericanos, el lunes tuvo que rectificar primero en público la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para comprometer el respaldo del Ejecutivo al magistrado del Tribunal Supremo frente a la demanda de Carles Puigdemont. Para terminar la semana, Valerio admitió que el pasado 4 de agosto el BOE publicó una resolución aprobada por su departamento para inscribir y dar soporte jurídico a las actividades sindicales de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras).

La ministra de Trabajo, además de declarar que ignoraba por completo la decisión que había tomado el departamento que dirige y que lleva la firma de la directora general de su ministerio, Concepción Pascual, proclamó en el Congreso que había dado órdenes para "declarar nula de todo derecho" la resolución. Como si se tratara de una mera rectificación de una cuestión formal, añadió que para ella había sido "una absoluta sorpresa" y que había pedido a la Abogacía del Estado que se pusidera a trabajar en los trámites pertinentes.

Valerio apeló a la condición "socialista y feminista" del Ejecutivo de Sánchez para prohibir ahora un sindicato que tiene todos los avales oficiales pese a que su actividad, según la ministra, "es ilegal y vulnera derechos fundamentales de las mujeres y hombres".

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, convocada en el Congreso por su cargo añadido de ministra de Igualdad, para que diera cuenta de las medidas que anuncia el Ejecutivo para combatir la violencia de género, eludió en la Cámara hacer cualquier comentario sobre el sindicato de prostitutas inscrito por el Ejecutivo del que ella es su coordinadora principal. Pese a las preguntas realizadas en la comisión parlamentaria por portavoces del PP y de Ciudadanos, Calvo se limitó a remitirse al comunicado hecho público por el Ministerio de Trabajo.

En la misma jornada parlamentaria, la titular de Hacienda, María José Montero, se enfrentó a las preguntas del Grupo Popular sobre el "enchufismo" desatado por Sánchez en la ocupación de empresas estatales. Según el portavoz del PP, Jaime de Olano, casi la mitad de los miembros de la dirección del PSOE han resutado agraciados con cargo en los primeros 50 días de Gobierno de Sánchez.

Montero sostuvo que los nombramientos en la SEPI se han hecho con total transparencia y que han recaido en "personas idóneas" sin que tenga que ver su afinidad política con el PSOE. Entre los nombres que salieron a relucir, están el del nuevo presidente de Correos, José Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, o el del responsable de Paradores, Óscar López, senador del PSOE y antiguo hombre de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero.

Olano también citó como ejemplo de esa ocupación de empresas públicas el caso de José Vicente Berlanga, amigo del ministro de Fomento José Luis Ábalos y licenciado en Filosofía. Berlanga asume desde este verano la responsabilidad de dirigir la empresa nacional Uranio-Industrias Avanzadas (Enusa), dotada con un sueldo de 210.000 euros anuales y hasta julio presidida por un ingeniero experto en la materia que llevaba casi 20 años al frente de la compañia.