de los servicios contenciosos de la abogacía del estado

El informe sobre Llarena que Justicia ignoró: "Sus palabras no son ajenas a su función"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, tenía sobre su mesa dos informes de la Abogacía del Estado favorables a defender al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena

Foto: Pablo Llarena en un acto este verano. (EFE)
Pablo Llarena en un acto este verano. (EFE)

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, tenía sobre su mesa dos informes de la Abogacía del Estado favorables a defender al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la demanda civil que interpusieron en su contra en Bélgica Carles Puigdemont y sus 'exconsellers'. Uno de ellos, firmado por los servicios contenciosos de su departamento, concluye que las declaraciones privadas efectuadas por el juez y que han llevado a Justicia a negarle la defensa en Bélgica "no son ajenas al legítimo desempeño de su función como magistrado del Supremo".

Este escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, analiza al detalle las manifestaciones a los medios que esgrimieron los procesados en la causa del 'procés' para alegar que el magistrado no es imparcial. "La demanda también invoca unas declaraciones públicas formuladas por el demandado ante los medios de comunicación, que se consideran ajenos al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales", dice para avisar a continuación de que ese argumento no es válido.

"Es relevante advertir que la demanda ha omitido la frase inicial de esas declaraciones. En ellas se comenzaba afirmando que 'yo no voy a referirme a ningún asunto que no esté bajo mi jurisdicción'", desvela el informe, que incluye un enlace a las afirmaciones del juez que fueron emitidas por varias televisiones y reproducidas en los medios. En opinión de los expertos esa introducción a sus palabras confirma que realizó esas declaraciones en su calidad de instructor de la causa especial. El magistrado aseguró el 22 de febrero en un acto en Oviedo que los independentistas presos "no son presos políticos" y realizó apreciaciones sobre las órdenes de detención internacional explicando que "no se cursan en función de sospechas".

Se deduce la necesidad de proceder a contratar un abogado local en Bélgica a fin de llevar a debido efecto la representación y defensa del Estado

Toda la demanda, agrega, se vincula directamente con la condición de Llarena de persona que representa uno de los órganos del poder judicial español. Por todo ello, se deduce la necesidad de proceder a la contratación de un abogado local en Bélgica, "con el fin de llevar a debido efecto la representación y defensa del Estado español, conforme a las normas que regulan el proceso belga a los efectos de invocar la inmunidad de jurisdicción", concluye.

El escrito instaba la contración de urgencia de este letrado y pedía su designación por parte del embajador de España en Bélgica a la mayor brevedad posible. La ministra no atendió esta recomendación ni la de su abogada general, que en otro extenso informe se muestra también a favor de defender al juez ante el ataque de cinco de las personas a las que investiga, entre ellas el expresidente. Justicia solo ha aprobado acudir a los tribunales para defender la inmunidad jurisdiccional de España y no al magistrado. Algo que, según fuentes del entorno de Llarena, hacen que se sienta "abandonado" por el Ejecutivo.

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