NUEVA MINISTRA DE JUSTICIA DE PEDRO SÁNCHEZ

Dolores Delgado, la fiscal cercana a Garzón que luchaba contra el yihadismo

Lola, como la conocen sus amigos y prácticamente todo el mundo en el edificio de la calle Génova de Madrid que alberga el tribunal, es rápida, entusiasta y apasionada

Foto: Dolores Delgado es la nueva ministra de Justicia de Pedro Sánchez. (EFE)
Dolores Delgado es la nueva ministra de Justicia de Pedro Sánchez. (EFE)

La sorpresa ha saltado en el Ministerio de Justicia. La complicada cartera, que hasta hace unos días pertenecía a Rafael Catalá, ha acabado en manos de Dolores Delgado. La veterana fiscal, de 55 años, una de las más destacadas miembros de la UPF, lleva más de 25 años ejerciendo como representante del Ministerio Público en la Audiencia Nacional. Gran parte de ellos al frente del área de coordinación de la lucha contra el yihadismo, a la que dedicó su esfuerzo y dedicación absoluta.

Lola, como la conocen sus amigos y prácticamente todo el mundo en el edificio de la calle Génova de Madrid que alberga el tribunal, es rápida, apasionada y muy vital. Hace solo unas semanas fue designada como miembro del Consejo Fiscal, después de que la Unión Progresista diera la campanada e incrementara su número de representantes en este órgano consultivo, hasta casi igualar la cifra de la asociación conservadora. Acogió esta nueva responsabilidad con el entusiasmo que le caracteriza en cualquiera de las cosas que emprende.

Entre sus más cercanos amigos se cuenta el exjuez Baltasar Garzón, con el que compartió guardias, declaraciones y operaciones que fueron sellando una unión que no se rompió tras la salida del magistrado de la judicatura. También mantiene una vinculación especial con los instructores Santiago Pedraz y Fernando Andreu, con los que suele compartir la pausa del mediodía en la labor del tribunal.

Tras un paso fugaz por los juzgados catalanes, Delgado aterrizó en la Audiencia Nacional en los años de plomo. Recaló primero en Antidroga. Guerrera y peleona, pasó en breve a la Fiscalía, que entonces centraba gran parte de su actividad en la investigación del terrorismo etarra. Se ocupó, desde su asignación al mítico Juzgado Central de Instrucción número 5, de causas como la que llevó al banquillo al torturador argentino Scilingo. "Creo firmemente en nuestra carrera y en el esfuerzo realizado cada día en la defensa del interés general. Precisamente por ello, necesitamos dignificar nuestro trabajo sea cual fuere el destino ocupado", se autodefine en la web de la UPF.

Firme defensora de la transparencia, ha luchado durante su dilatada carrera a favor de premisas totalmente opuestas a las que defendía Justicia bajo la tutela del PP. Un cauce para decir no a una Justicia digital inoperante, el triunfo del criterio de la objetividad y mérito en los nombramientos... Ahora podrá aplicar sus apuestas desde un complicadísimo ministerio con un presupuesto limitado y escasas competencias. Como fiscal, es probable que luche por la instrucción para sus compañeros, una vieja reivindicación que siempre acaba en utopía inalcanzable.

Sus últimos casos

También pasó por sus manos el caso Falciani, y su intervención fue esencial para declinar la entrega a Suiza del extrabajor del HSBC que filtró datos de clientes. Uno sus últimos éxitos ha sido la condena a la célula desarticulada en la conocida como operación Caronte. La causa, que centraba sus desvelos en su última etapa, se resolvió con la condena a penas de entre ocho y 12 años de prisión para los 10 acusados de formar una célula terrorista que planeaba atentar contra lugares emblemáticos de Barcelona y secuestrar y ejecutar a una persona a la que vestirían con el mono naranja que llevaban los presos de Guantánamo.

Este procedimiento y otros muchos la han convertido en una experta en la lucha contra el yihadismo. Ha viajado al corazón y a la mente del terrorismo que atemoriza a Europa. Desde esta responsabilidad, favoreció el intercambio de información con las fiscalías europeas, entre ellas la belga y la francesa. La última condena por hechos vinculados a esta lacra se hizo pública ayer mismo: 17 años para dos acusados de integrar una célula que guardaba armas de guerra en el domicilio del primero de ellos y planeaba atentar en Ceuta.

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