oferta DE NEGOCIACIÓN a PODEMOS E IU

Hacienda planea subir la baja de paternidad a los funcionarios hasta 4 meses en 2021

En las negociaciones con Podemos e IU sobre la senda de gasto, la izquierda arranca un aumento paulatino hasta las 16 semanas en 2021 para los empleados públicos

Foto: Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE)
Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, en el Congreso. (EFE)

El Ministerio de Hacienda ha ofrecido ampliar el permiso de paternidad a los funcionarios de forma gradual hasta las 16 semanas en 2021. Así lo recoge el documento 'Contribución al cambio social desde la política presupuestaria' que el lunes el Ministerio de Hacienda envió a los negociadores de Unidos Podemos con los que busca pactar la senda de estabilidad como paso previo a los Presupuestos de 2019.

Según fuentes conocedoras del documento, el texto supone una enmienda a la totalidad a la política de austeridad empleada por el PP pero también por el final de Zapatero y la Comisión Europea, de la que procede la ministra de Economía, Nadia Calviño. Aunque no incluye nuevos impuestos más allá de los ya anunciados ni medidas detalladas por coste, ya incluye concesiones como esta. Hace unos meses, en una discusión interna del Gobierno, Hacienda se opuso a equiparar las bajas de paternidad y maternidad por el alto coste.

En 2019 serían ocho semanas; en 2020 subirían a 11 semanas, y en 2021 llegarían a 16 semanas

El documento que Hacienda pasó a los grupos con los que negocia (Unidos Podemos) apuesta por fijar un "plazo efectivo e inaplazable" para igualar los permisos de paternidad y maternidad de los "empleados públicos". En 2019 serían ocho semanas; en 2020 subirían a 11 semanas, y en 2021 llegarían a 16 semanas. Hace unos meses, al valorar una proposición similar de Podemos, Hacienda se opuso en un debate dentro del Gobierno por el coste que tendría para las arcas públicas. En la negociación con los grupos de izquierda no se ha cuantificado a cuánto ascendería. Ampliar una semana la baja de paternidad para todos los trabajadores, como negociaron PP y Cs en los últimos presupuestos, tenía un coste aproximado de 300 millones.

El pasado mes de junio, el Congreso ya aprobó una proposición de ley de Podemos para igualar los permisos de paternidad y maternidad. La sorpresa la dio entonces el grupo popular. Tras vetar esta propuesta hasta en dos ocasiones mientras estuvo en el Gobierno, entonces votó a favor. En julio, el Gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz ya acordó con los sindicatos ampliar las bajas de paternidad de los funcionarios hasta 2020.

En junio, el Congreso ya aprobó una proposición de ley de Podemos para igualar los plazos de paternidad y maternidad que el PP había vetado

El permiso de paternidad sigue creciendo como emblema de la igualdad. Si Zapatero lo pasó de cuatro días a dos semanas, este año ascendió a cuatro y en julio subió a cinco semanas gracias a los Presupuestos de 2018 que negoció el PP y se aprobaron ya con el PSOE en el poder. Pero la lucha por la igualdad tiene como objetivo igualar los permisos y, a ser posible, que sean irrenunciables e intransferibles. El objetivo no es solo mejorar la conciliación sino que la mujer no se vea discriminada en su carrera laboral por tomar los cuatro meses de baja a los que tiene derecho mientras a los hombres apenas les afecta en su vida laboral.

En España hay 2,55 millones de empleados públicos, tras aumentar en 30.000 durante 2017, según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El texto que negocian el Gobierno y sus socios de investidura no aclara si se aplicaría solo a los empleados públicos que trabajan para la Administración General del Estado o también a los que lo hacen para las comunidades autónomas y que suponen la mayoría porque estas gestionan la sanidad y la educación.

El documento supone una enmienda a la totalidad a la política de recortes en Madrid y Bruselas

El documento incluye otras medidas de gasto ya anunciadas, como el aumento del presupuesto para la violencia de género, un mínimo del 15% de tributación en el Impuesto de Sociedades, que se ha desplomado en la crisis, un plan de 20.000 viviendas para el alquiler y otros más genéricos, como impuestos ambientales pero siempre que no afecten a pymes y autónomos. Tampoco hay mención a una reforma del IRPF. Tampoco incluye suprimir las sicavs, como piden los socios de izquierda, sino reforzar los mecanismos de control y que en vez de depender de la CNMV vuelvan a estar bajo supervisión de Hacienda.

El documento es la respuesta al que enviaron los grupos de izquierda a mitad de agosto. Entre otras cosas, Unidos Podemos proponía al Gobierno renegociar el objetivo de déficit del próximo año para situarlo por encima del 1,8% del PIB acordado con Bruselas, algo a lo que el Ejecutivo del PSOE se ha negado porque es la senda que pactó con Bruselas.

Las negociaciones siguen estos días y el Gobierno se encuentra atrapado entre sus compromisos con Bruselas y la necesidad de conseguir los votos de sus socios de investidura para sacar adelante los presupuestos. Dos discursos antagónicos que Sánchez tiene que encajar si quiere tener presupuestos para 2019 manteniendo el discurso europeísta.

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