Fomento sepulta un dictamen contra la ley andaluza que beneficia a los puertos VIP

La proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz para prorrogar el negocio de los puertos deportivos vulnera la normativa estatal. Así lo señala un informe jurídico del pasado 3 de julio firmado por el entonces presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y al que ha tenido acceso este diario por la ley de Transparencia. El texto considera que Andalucía no puede dar 75 años a los puertos VIP (Sotogrande, Puerto Banús...) como planean PSOE, PP y Ciudadanos. El Ministerio de Fomento, que llegó anunciando que no prorrogaría concesiones de autopistas, lo ha guardado en un cajón y elude entrar en la materia alegando que la ley no está aún aprobada. El sector de los puertos deportivos, agitado por el cumpimiento de los 30 años de la Ley de Costas, se va incendiando por otras autonomías.

Los puertos deportivos desde hace años temían el llamado efecto 2018. En este año se cumplen los 30 años previstos por la Ley de Costas para las ocupaciones de dominio público. Sin embargo, el sector se agarraba a interpretaciones jurídicas favorables, como que en realidad estaban regidos por la ley de Puertos o que podrían pedir prórrogas como prevé la reforma de la ley de Costas de 2013. Además, las comunidades autónomas no tienen interés en abrirlos a la competencia, como ha dictaminado la Justicia europea que debe hacerse al caducar una concesión.

Por si acaso, y para demostrar que nadie quiere mover el statu quo, Canarias tramitó una ley para prorrogar las concesiones de sus puertos deportivos y Andalucía prepara una similar. La norma andaluza se tramita con acuerdo de PSOE, PP y Ciudadanos y garantiza que enclaves VIP como Puerto Banús, regido por una concesión de 1967, siga en las manos actuales hasta 2042. Solo Podemos quiere abrirlo a la competencia. La proposición de ley era tan conflictiva que el Gobierno andaluz dejó que fuera el Parlamento el que tramitara la proposición y que lo hiciera en lectura única y por urgencia.

Aunque en la comunidad los tres principales partidos están de acuerdo e incluso el PP señaló que tenía el pacto con el Gobierno de Rajoy de que no recurriría la norma al Constitucional, en Madrid el asunto se ve de otra manera. El pasado 3 de julio, y tras desvelar El Confidencial las intenciones de Andalucía de prorrogar las concesiones por ley, Puertos del Estado emitió un informe contrario a la reforma. Lo hizo a petición de la secretaría general técnica del Ministerio de Fomento.

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Rafael Méndez

El texto va firmado por José Llorca, que con el PP ocupó la presidencia de Puertos en dos ocasiones y avisó poco antes de ser relevado por el ministro Ábalos de que la proposición de ley vulnera la legislación estatal. "En ningún caso es posible admitir para dichas concesiones plazos que, prorrogados, lleguen hasta los 75 años desde la fecha de su otorgamiento". Señala que lo máximo para una concesión, incluída la prórroga, es de 50 años, plazo que por ejemplo ya habría superado Puerto Banús.

Aunque el informe habla de Andalucía, en realidad es aplicable a puertos deportivos de toda España. Todos los anteriores a 1988 viven con inseguridad su situación. En algunos casos, como en el de Ibiza, se les diseñó un concurso a medida para que lo siguiera gestionando el Club Náutico al vencer la concesión, pero la justicia anuló el amaño.

Llorca firmó el informe contrario antes de dejar la presidencia de Puertos. En Andalucía apoyan la prórroga a los puertos PSOE, PP y Ciudadanos

El Ministerio de Fomento llegó anunciando que no prorrogaría las concesiones de las autopistas de peaje y asumiría el enorme coste del mantenimiento conforme fueran venciendo. Sin embargo, en el tema de puertos deportivos no quiere entrar. Un portavoz de Puertos del Estado se limita a señalar por correo electrónico: "La Ley de Puertos de Andalucía está aún en tramitación, y por tanto no procede hacer ninguna valoración a la misma". Un portavoz del ministerio insiste en la idea de que si se plantea una conflicto jurídico se resolverá.

Si no hay elecciones anticipadas en Andalucía y la ley se aprueba, puede suponer el primer choque entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Susana Díaz si finalmente el Gobierno decide llevar la norma al Constitucional. Si no lo hace estaría ignorando el informe de Llorca, que lo firmó con Pedro Sánchez ya en Moncloa. Fuentes del sector lo interpretan como una bomba retardada que dejó ahí ya que el PP en el Gobierno tampoco era partidario de agitar ese avispero.

Una portavoz de Marinas de Andalucía, el 'lobby' que ha movido la reclamación, señala que el informe de Llora "en ningún momento ha sido notificado ni incluido en ningún expediente". La postura de la patronal sigue siendo la misma, que la reforma que prepara Andalucía "reconoce el plazo de la concesión de los títulos que en su día otorgó el Estado a los titulares de los puertos deportivos, algo que siempre se ha sostenido desde la Asociación Marinas de Andalucía para la defensa de los intereses de sus asociados". En su mensaje, remite a unas declaraciones de su presidente, José Carlos Martín, según las cuales la Ley de Costas no les afecta: "La Ley de Costas nunca se refirió a las concesiones de los puertos deportivos porque son instalaciones, que aunque a veces están gestionados por empresas privadas, son de uso público", por lo que pedirían compensaciones económicas a la Administración si vencen las concesiones. La patronal andaluza de empresarios también ha pedido seguridad jurídica para un sector clave en la economía andaluza.