Andalucía consuma el desafío y permitirá el pelotazo de los puertos al darles 75 años

Puerto Banús, Sotogrande, Almerimar y otros exclusivos puertos deportivos de Andalucía estan de enhorabuena. El Parlamento andaluz está a punto de votar una proposición de ley presentada por PSOE, PP y Ciudadanos (una holgada mayoría) que prorroga las concesiones de estos puertos que iban a vencer este verano. La comunidad les dará hasta 75 años de vida desde que se construyeron, pese a que el Tribunal Constitucional ya avaló hace décadas que terminara su concesión en 2018. La Junta andaluza lleva mareando la idea, adelantada por El Confidencial, desde hace meses. Pero la votación llega con un Gobierno en Madrid del mismo color y que tiene el discurso de no renovar las concesiones en manos privadas cuando venzan.

Las concesiones de los puertos deportivos se han convertido en un asunto opaco en el que hay mucho dinero en juego y en el que se superponen distintas legislaciones. El resultado es que cada cual lo interpreta como quiere, y lo que está pasando es que los concesionarios de los puertos van ganando. Los puertos deportivos —no los grandes de interés general— están construidos sobre dominio público. No pueden ser de propiedad privada y funcionan en régimen de concesión, como una autopista de peaje o una hidroeléctrica. Con Franco, muchos de estos puertos se construyeron con hasta 99 años de concesión, pero la Ley de Costas de 1988 estableció que en dominio público martítimo terrestre las concesiones solo podían estar 30 años más, hasta julio de 2018.

Andalucía vuelve al sistema anterior a 1988 y da concesiones hasta de 75 años cuando los puertos deportivos iban a volver a manos públicas

Después llegaron la Ley de Puertos de 1992, que fijó otro plazo, y la reforma de la Ley de Costas de 2013, que alargaba las concesiones para las casas pero las dejaba igual para los puertos. Así que, en teoría, numerosos puertos deportivos deberían estar a punto de revertir al Estado. Esto ha levantado al sector, y las comunidades o miran para otro lado o se han puesto de parte de las empresas del sector. La primera que coló una ley que contradice la legislación estatal fue Canarias, hace un año, y ahora lo copia Andalucía.

A su estela, y tras mucho debate interno, PSOE, PP y Ciudadanos han presentado en el Parlamento andaluz una proposición de ley para alargar la vida de las concesiones. El texto, de un solo artículo, justifica que antes de la ley de 1988 "fueron otorgadas por el Estado grandes concesiones de carácter demanial para la construcción y explotación de instalaciones portuarias, estableciendo en sus títulos plazos de larga duración, que iban de los 50 a los 99 años. Estas concesiones, en su conjunto, gestionan, como elementos cedibles a terceros, más de 7.000 atraques, cientos de locales y, en algunas instalaciones, apartamentos. Desde la fecha de su otorgamiento y hasta la actualidad, se han venido produciendo sucesivas transmisiones de los referidos elementos concesionales, la mayor parte de ellos por una importante cuantía económica". Y termina: "La aplicación de la limitación de plazo sobre las concesiones puede conllevar muy importantes efectos económicos, tanto los referidos a los concesionarios como especialmente a la multitud de cesionarios de los referidos elementos concesionales que han llevado a cabo sus negocios jurídicos con un precio vinculado a una duración".

El texto justifica que la norma afecta a "más de 7.000 atraques, cientos de locales y, en algunas instalaciones, apartamentos"

El único artículo cambia la ley, de forma que a partir de ahora "el plazo de duración de las concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será el establecido en el respectivo título concesional". Es decir, que podrán seguir en las manos actuales durante el plazo previsto en la concesión original. Se vuelve así al sistema existente antes de 1988 con el único tope de 75 años.

Los puertos deportivos ya habían intentado en los tribunales que se les reconociera un plazo mayor de concesión haciendo una interpretación favorable de la Ley de Costas del PP. Pero el Supremo no les dio la razón. Así lo hizo, por ejemplo, el 5 de julio de 2016, cuando el puerto de Sotogrande (Cádiz) intentó que fallase que las concesiones para los puertos deportivos son de 75 años y no de 30. La Abogacía del Estado contestó que esa interpretación no era correcta y el Supremo le dio la razón. "La ley de 2013 no ha venido a ampliar dicho plazo, sino que lo que contempla es que las que se otorguen a partir de ella puedan tener como plazo máximo el de 75 años. De tal manera, esta ley no ha derogado las previsiones anteriores respecto de dichas concesiones, como se viene a sostener de contrario y, por tanto, tampoco el reglamento ahora cuestionado ha venido a restituir una previsión preexistente que, sin embargo, ya había sido supuestamente derogada. Sencillamente, lo que procede es diferenciar y tener presente que hay un plazo máximo de duración de las concesiones distinto para las que se otorgaron antes de la Ley de Costas de 1988 y para las que podrán ahora otorgarse tras la nueva Ley 2/2013".

El resultado es que Puerto Banús, por ejemplo, podrá seguir en las manos actuales. El puerto tiene una concesión de 1967 que originariamente era por 99 años. Con esta proposición de ley, en vez de pasar a la comunidad para que haga un nuevo concurso, podrá seguir en las manos actuales hasta 2042. Aunque la empresa afirma que ha abandonado la idea de vender el puerto, por el sector ha circulado un cuaderno por 275 millones. Sin la concesión, no valdría nada.

La prórroga de los puertos deportivos contrasta con las intenciones anunciadas del Gobierno del PSOE. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado su intención de no prorrogar las concesiones de autopistas de peaje cuando venzan. Además, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, fue el responsable de que el PSOE recurriera al Constitucional la Ley de Costas del PP precisamente por alargar las concesiones en dominio público. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión del Ministerio de Transición Ecológica.

Desde el grupo parlamentario socialista remitieron a la Consejería de Fomento para obtener más datos sobre esta modificación legal, y el Gobierno andaluz argumentó que es un trámite parlamentario que no parte del Ejecutivo. Lo cierto es que nadie quiso poner rostro a esta prórroga. Fuentes socialistas justifican la norma en que la "inseguridad jurídica" en que quedarían los puertos andaluces al vencer la concesión afectaría a "30.000 familias" que o bien tienen un atraque en uno de estos puertos deportivos o un negocio o una vivienda en estos complejos. Es una modificación sin duda polémica que se intentó, en un primer momento, hacer directamente desde el Gobierno regional, pero que finalmente se impulsó de forma conjunta con PP y Ciudadanos, lo que amortiguará las críticas y garantiza su tramitación parlamentaria sin problemas. Además, desde el PSOE andaluz asumen que este cambio legal puede propiciar el primer conflicto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el primer recurso de inconstitucionalidad que el 'Gobierno amigo' lleve al Constitucional.