YA NO PUEDE RECURRIR AL CONSTITUCIONAL

Canarias cuela una ley a Puertos que alarga concesiones y abre camino a otras regiones

Fomento no advirtió de la reforma legal de 2017 y ahora no puede recurrir al Constitucional. Andalucía planea copiar la ley para que los puertos deportivos sigan en sus actuales manos

Foto: Las comunidades intentan alargar las concesiones de los puertos deportivos eludiendo a Fomento.
Las comunidades intentan alargar las concesiones de los puertos deportivos eludiendo a Fomento.

El sistema actual de concesiones de puertos deportivos está volando por los aires. De forma discreta, intentando evitar el ruido, las comunidades buscan fórmulas para prorrogar las concesiones de los puertos de su competencia para que sigan en las manos actuales y no se abran a la competencia. Eso vulnera leyes estatales, pero Canarias ya pasó en el verano de 2017 una reforma legal que en Puertos del Estado, dependiente de Fomento, nadie advirtió, por lo que pasó el plazo para recurrirla al Tribunal Constitucional. Ahora otras comunidades, como Andalucía, planean copiarla para poner en un brete al Gobierno.

El 19 de julio de 2017 el Boletín Oficial de Canarias publicó una reforma de la ley del suelo autonómica. En una disposición final incluyó una modificación de la ley de puertos regional. En contra de las leyes estatales de Puertos y Costas, establecía que los puertos competencia de Canarias —los puertos deportivos, no los grandes puertos que dependen de Fomento— podrían tener una concesión de hasta 75 años. "El plazo de duración de las concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley será el establecido en el respectivo título concesional".

Las comunidades pretenden salvar los efectos de una sentencia europea que vetó las prórrogas automáticas de concesiones en dominio público

Con ese texto, los puertos construidos antes de la ley de Puertos de 1992 pasarían a tener de vida lo que les concedieron originalmente. Muchos puertos fueron construidos durante el desarrollismo con concesiones de hasta 99 años y las leyes estatales después pusieron coto a esa duración. Ahora que se acerca el plazo de vencimiento, las comunidades buscan fórmulas para dar prórrogas automáticas. Los puertos están construidos en dominio público y funcionan bajo una concesión. Al vencer esta, la Administración podría sacarlos a concurso y aumentar los ingresos. Con reformas legales, las comunidades pretenden salvar los efectos de una sentencia europea que ha prohibido las renovaciones automáticas de concesiones en dominio público.

Desde Puertos señalan que ese texto va contra la ley estatal y que el único fin que parece tener es engordar a los concesionarios locales y evitar la competencia. El Gobierno podría intentar frenarlas acudiendo al Tribunal Constitucional. Pero el primer escollo es que la ley canaria pasó sin que nadie en Madrid advirtiera lo que había ocurrido. Al entrar en una enmienda al final de la ley del Suelo nadie la revisó. El Gobierno dispone de tres meses para recurrir las leyes autonómicas al Constitucional. En este caso ha pasado de largo.

Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, en la inauguración del puerto de Granadilla. (EFE)
Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo y la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, en la inauguración del puerto de Granadilla. (EFE)

Ahora Andalucía planea una operación similar que prorrogaría la concesión a Puerto Banús, Sotogrande, Almerimar y otros caramelos en la costa mediterránea. El texto, adelantado por El Confidencial, ya ha llamado la atención de Puertos del Estado, que ha advertido de que es inconstitucional, según fuentes del sector. La Junta de Andalucía entonces ha caído en que hay un precedente que le permite hacer lo mismo. Si el Parlamento andaluz, en el que avanza un acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y PP opta por copiar la fórmula canaria el Gobierno tendrá difícil justificar que recurre al Constitucional y tendría que esperar que algún empresario lleve el caso a la justicia europea.

El caso de Ciudadanos es el que más ha sorprendido a fuentes del sector, porque el partido que lidera Albert Rivera se presenta como liberal y partidario de acabar con el capitalismo de 'Boletín Oficial del Estado'. La renovación de estas concesiones por ley garantiza a muchos concesionarios un suculento negocio durante décadas. No solo eso, sino que las pueden vender.

La ley de Costa de 1988 dio 30 años a estas concesiones, lo que implica que en julio de 2018 caducarían las que no estuviesen prorrogadas. Sotogrande intentó esquivar el efecto de la ley, pero el Supremo no le dio la razón. Aunque un portavoz de Puerto Banús niega que el puerto esté a la venta, por el sector ha circulado una oferta para vender Puerto Banús por 275 millones. Incluye, claro, la renovación de la concesión durante otros 50 años.

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