Primer roce Gobierno-Junta: Madrid avisa a Andalucía contra la prórroga a puertos

La proposición de ley pactada en Andalucía entre PSOE, PP y Ciudadanos para prorrogar las concesiones de los puertos deportivos en esa comunidad amenaza con convertirse en el primer choque entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de la socialista Susana Díaz. El departamento de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, advierte de que no cabe una prórroga "de manera generalizada para un conjunto de puertos a través de una norma", justo lo que esta semana admitió a trámite el Parlamento andaluz con la oposición de Podemos e IU.

La decisión de la mayoría de la Cámara andaluza de mantener en manos actuales los puertos deportivos dándoles hasta 75 años de concesión choca con la ley de Costas, la ley de Puertos de 1992, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal de Justicia de la UE, que en 2016 prohibió las renovaciones automáticas de concesiones en dominio público sin abrirlas a la competencia.

La Junta defiende que la ley "da respuesta a una petición de las personas que trabajan, operan y disfrutan de los puertos deportivos de Andalucía"

De manera diplomática, así lo recuerda la Dirección general de Costas a preguntas de El Confidencial. En un correo electrónico, el departamento que dirige Teresa Ribera señala que "la ley de costas expresamente remite a la legislación de puertos respecto a la duración y prórrogas de las concesiones para la construcción y explotación de puertos deportivos". En efecto, esa ley prevé excepciones para que determinados puertos deportivos puedan seguir más allá de 2018, cuando vence el plazo fijado por la ley de costas de 1988 —un plazo que el Supremo validó este año cuando Sotogrande pidió seguir más allá de ese plazo—.

Costas indica que "excepcionalmente, la autoridad portuaria podrá autorizar prórrogas que, unidas al plazo inicial, superen en total el plazo de 50 años, en los siguientes supuestos. Concesiones de interés estratégico o relevante para el puerto o para el desarrollo económico de la zona. (La suma de los plazos de las prórrogas no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial). O cuando el concesionario efectúe contribución de financiación para mejorar la posición competitiva de los puertos (el plazo máximo de prórroga, unida al plazo inicial, podrá alcanzar 75 años y podrá solicitarse siempre que se hayan ejecutado los niveles de inversión comprometidos)".

Pero el Ministerio de Transición Ecológica añade que "desconoce si la proposición de Ley del Parlamento de Andalucía justifica la concurrencia de alguno de estos dos supuestos excepcionales, aunque 'a priori' se trata de excepciones a aplicar a casos concretos, no de manera generalizada para un conjunto de puertos a través de una norma. El PSOE en la oposición ha sido muy crítico con las prórrogas de concesiones en Costas e incluso llevó con éxito al Constitucional la reforma del PP que alargaba la vida de construcciones en dominio público.

Pese a la diferencia de mensaje que emite el Gobierno de Sánchez, el Gobierno andaluzdefendió la reforma del régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía porque se trata de "dar garantías de seguridad jurídica" a aquellos operadores que habían hecho sus negocios pensando en unos límites de plazo que no acababan en 2018. El Parlamento dio luz verde a comenzar la tramitación de la reforma legal con los votos de PSOE, PP y Cs. La intención inicial era propiciar una aprobación de urgencia por lectura única pero para eso era necesario el acuerdo de todos los grupos parlamentarios y Podemos e IU dejaron claro que no iban a facilitar que salga la norma.

Podemos e IU se opusieron a la aprobación de urgencia por lectura única en el Parlamento andaluz

En caso de que hubiera un adelanto electoral, posibilidad que suena con fuerza en Andalucía, lo más posible es que la ley de Puertos ni siquiera vea la luz y las concesiones permanecerán caducadas y atrapadas en "el limbo legal" en el que entrarían, según el Gobierno andaluz, cuando finalicen las licencias. La diputada del PSOE Beatriz Rubiño defendió la reforma porque afecta a "30.000 familias" en Andalucía, con 56 puertos, 36 gestionados por la Junta, de ellos 24 gestionados directamente por la Agencia de Puertos y otros 12 en manos de concesionarias. Los socialistas defendieron que estaban anteponiendo el "interés económico" de esta actividad y "su capacidad para generar empleo y riqueza". Según los datos ofrecidos, hay 2.810 puestos de trabajo directos vinculados a los puertos andaluces, con unos 300 millones de euros de ingresos anuales.

La diputada socialista insistió, como hace la Consejería de Fomento de la Junta, en que si no hay una solución legislativa lloverán "miles de demanda" por el vacío legal contra la administración autonómica e incluso cifró en 1.000 millones de euros el perjuicio económico que podrían sufrir las arcas públicas si estas prosperan.

Desde el PP, el diputado Juan Bueno, lamentó que la Junta haya actuado tarde y preguntó a los socialistas si tenían garantías de que el Gobierno central no iba a recurrir esta proposición de ley, un compromiso que según subrayó sí existía por parte del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. El PSOE no tuvo respuesta, no se ha negociado esta tramitación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y la portavoz se limitó a ironizar con que no tiene una bola de cristal. Los socialistas han amarrado el apoyo cerrado también de Ciudadanos, que consideró "una demagogia" hablar de los puertos deportivos andaluces como si fuera una actividad "para ricos".

TE PUEDE INTERESAR

El nuevo Gobierno, en rumbo de colisión con los barones socialistas del carbón

Rafael Méndez

Por más que desde el Gobierno andaluz transmitieran que van a intentar seguir impulsando una negociación en el ámbito parlamentario para que la norma salga por lectura única, desde Podemos dejaron claro que no van a permitir que den por válidas concesiones "de la etapa predemocrática". La diputada Carmen Molina recordó que ya el Constitucional avaló que terminarían en 2018 y aseguró que el papel de la Junta debería limitarse a asumir la gestión a través de la empresa pública o bien volver a sacarlas a concurso. Desde IU, Inmaculada Nieto también advirtió al Gobierno andaluz que esta reforma legal tiene "visos de inconstitucionalidad" y afeó la "desidia" para haber afrontado este problema en tiempo y forma.

Las comunidades están impulsando prórrogas de los puertos deportivos que limitan la competencia. Canarias ya coló una ley en ese sentido. El Gobierno andaluz justificó que lo que se va a hacer en Andalucía es lo mismo que se ha hecho en otras comunidades autónomas, como en Canarias, donde se llegó a este tipo de "acuerdos para hacer compatible la norma con algo tan esencial como es la seguridad jurídica para aquellos que operan en los puertos deportivos de Andalucía y que saben que, a partir de ahora, se mantendrán los tiempos de concesión que tienen hasta llegar al límite de los 75 años". Hay empresarios que quieren entrar en el negocio de los puertos, lo que podría repercutir en un mayor ingreso para las arcas públicas, pero de momento la Administración prefiere mantener las concesiones actuales. Lo contrario que ocurre con las autopistas de peaje.

Pese a la llamada del Gobierno andaluz a que se sumen al acuerdo, la modificación de la Ley de Puertos tendrá el voto en contra de Podemos e IU en el Parlamento andaluz. La secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, fue muy tajante al valorar esa modificación legal. "El 'susanismo', una degeneración del socialismo, ese que ha echado los dientes en la sede, está absolutamente profesionalizado y defiende valores profundamente conservadores", aseguró, poniendo como ejemplo "la privatización, el 'pelotazo' de los puertos en Andalucía que Podemos votará en contra y que permitirá renovar por una vida entera las concesiones privadas". "Eso no es socialista, eso es privatizar lo que es de todos y el dominio público, es preservar el negocio de quienes ya se lucraron en el franquismo con nuestros puertos", sentenció la líder de Podemos.