Hacienda acusa al Popular de falsear sus cuentas desviando 196 M a Luxemburgo
Hacienda descubre que el banco usó firmas offshore para ocultar créditos a empresas que estaban al borde de la quiebra y de ese modo evitar anotarse como fallidos préstamos anteriores
La Agencia Tributaria ha descubierto que el Banco Popular tejió presuntamente una red de sociedades instrumentales radicada en Luxemburgo para ocultar su verdadera situación contable a accionistas y clientes. La entidad habría concedido préstamos y líneas de crédito a mercantiles ficticias administradas por testaferros para que estos canalizaran los fondos hacia empresas en dificultades que ya debían grandes sumas de dinero al banco. De ese modo, la dirección del Popular evitó que las compañías entraran en causa de disolución y que, por tanto, los créditos pendientes de cobro aparecieran en las cuentas de la entidad como fallidos, según ha concluido Hacienda en un informe al que ha tenido acceso El Confidencial. La maniobra habría afectado al balance que presentó el banco en la ampliación de capital de 2016 y prolongó sus efectos hasta su misma disolución.
Al menos 196 millones de euros de la caja del Popular habrían circulado entre 2011 y 2015 por ese circuito 'offshore' encontrado ahora de forma casual. Los inspectores de la Agencia Tributaria se han topado con los movimientos entre la documentación y los archivos informáticos de Nummaria, un bufete de Madrid que fue desmantelado en abril de 2016 por crear estructuras societarias para facilitar el fraude fiscal de decenas de clientes vip, entre ellos, los actores de 'Cuéntame cómo pasó' Imanol Arias y Ana Duato. De los datos intervenidos se desprende que el Popular encargó la triangulación de los créditos opacos a la firma de inversión Thesan Capital y que esta a su vez subcontrató la gestión de los servicios 'offshore' a Nummaria.
Los inspectores de la Agencia Tributaria desmenuzan hasta ocho operaciones de refinanciación encubierta del Popular a través del gran ducado. Una de ellas se articuló utilizando la mercantil Bluequartz Investments SARL, inscrita en el registro de Luxemburgo el 5 de agosto de 2011 por el despacho local especializado en contratos de fiducia Faltz & Felgen. Ese mismo año, el Popular, entonces presidido por Ángel Ron, concedió a Bluequartz créditos por valor de 23 millones de euros para adquirir la española Sistemas Mecánicos Avanzados SL.
La compra se cerró a finales de ese mismo año pero, en 2014, el Popular concedió a la luxemburguesa otros 13,5 millones de euros para que también fueran desviados a Sistemas Mecánicos. En ese momento, la compañía española ya debía al banco préstamos que sumaban 57,2 millones de euros y sus resultados habían sido negativos al menos desde el ejercicio 2007. Pero el dinero inyectado vía Luxemburgo impidió “que Sistemas Mécanicos Avanzados entrara en causa de disolución obligatoria por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a un importe inferior a la mitad del capital social”.
Según el informe al que ha tenido acceso este diario, Nummaria se habría encargado de gestionar en Luxemburgo la creación de Bluequartz y, también, de recurrir a otras tres sociedades instrumentales para evitar que el “vehículo” 'offshore' pudiera ser vinculado con Santiago Burgaleta, de Thesan Capital, que ya desde 2011 ocupaba el cargo de administrador único y consejero delegado de Sistemas Mecánicos Avanzados.
El Popular utilizó otra firma del diminuto país creada por Nummaria, TC Investments SARL, para “articular la operación de refinanciación de la sociedad Thepo Consulting SL”, antes conocida como la escudería de Fórmula 1 Hispania Racing Team (HRT), del constructor malagueño José Ramón Carabante. Según las cuentas de la instrumental correspondientes al ejercicio 2012, su deuda con el banco ascendía en ese momento a 104.238.322,21 euros. El dinero fue trasvasado en su totalidad a Thepo Consulting “mediante aportaciones para hacer frente a las pérdidas” que registraba esta sociedad. Solo en 2012, Thepo Consulting cosechó unas pérdidas de 81.346.228,27 euros. De nuevo, el objetivo de la entidad financiera era impedir que los créditos que había concedido anteriormente tuvieran que aparecer como fallidos en su propio balance.
Nummaria también participó en la creación de la luxemburguesa Dublon Holding SA. Fue inscrita el 23 de diciembre de 2014 usando de nuevo la dirección postal de Faltz & Felgen. Solo una semana después de ser constituida, el Popular le otorgó un préstamo de 29,6 millones de euros y una cuenta de crédito de otros 1.540.000 euros. Ese mismo día, el 31 de diciembre de 2014, “Dublon Holding concede un crédito a la compañía Tifany Investments SLU [con domicilio en España y creada apenas un mes antes] con un importe máximo de 25 millones de euros”. Y sin cambiar de día, ya se produce una primera transferencia desde la cuenta de Dublon en Luxemburgo al banco en España de Tifany por valor de 21,5 millones. Los inspectores de la Agencia Tributaria han descubierto, gracias a los documentos y correos electrónicos encontrados en las oficinas de Nummaria, que en el momento de la operativa, Tifany Investments SLU, administrada también por Burgaleta, ya acumulaba unas deudas con el Popular de 36,6 millones de euros. La titular real ('beneficial owner', en inglés) de Dublon era María Soledad Burgaleta García-Mansilla, hermana de Santiago Burgaleta.
En otra de las operaciones descubiertas por Hacienda, la trama utilizó la mercantil Brasa Investment SA, operativa en Luxemburgo desde el 15 de enero de 2015 y también con sede en Faltz & Felgen. El 31 de diciembre de 2014, es decir, antes de que estuviera inscrita oficialmente en el gran ducado, el Popular le concedió un préstamo de 2.110.000 euros. Estos fondos habrían servido para que Brasa Investment SA entrara en el capital de la española Corporación Financiera Issos SL, también de Carabante, que acumulaba una deuda con el Popular de más de 400 millones de euros.
A la luz de estas pruebas, el informe concluye que el banco llegó a acuerdos con Thesan Capital “encaminados a ocultar operaciones de financiación concedidas por la entidad financiera a sociedades españolas, utilizando para este fin compañías instrumentales localizadas en Luxemburgo”. “Las sociedades españolas se encuentran en serias dificultades financieras, acumulando importantes pérdidas, con una posición deudora importante o incluso en concurso de acreedores”, prosiguen los inspectores. “La mayor parte de la financiación proviene de la entidad Banco Popular Español SA. La situación económica y financiera de las sociedades españolas plantea serias dudas sobre el cobro de los préstamos, las líneas de crédito, 'leasing' y cualquier otro instrumento de financiación concedido por Banco Popular”. Lo que hace la entidad es conceder a las firmas 'offshore' “préstamos y líneas de crédito” por “importes ligados a las necesidades financieras de las sociedades españolas en dificultades” y, posteriormente, “las sociedades luxemburguesas entran en el capital de las sociedades españolas y conceden préstamos con el límite máximo de la financiación recibida desde el Banco Popular”. “El importe canalizado mediante este procedimiento”, termina el informe, “supera los 196.000.000 euros”.
Los hechos son tan graves que el fiscal que ejerce la acusación pública en el caso Nummaria, Tomás Herranz, ha solicitado que las conclusiones de la Agencia Tributaria sean incorporadas al sumario que instruye el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional sobre la ampliación de capital del Popular y su posterior quiebra. El Ministerio Público considera que la entidad pudo utilizar este mecanismo para “evitar la contabilización de las pérdidas de los créditos previamente concedidos a las empresas españolas como fallidos, circunstancia que puede tener incidencia en la imagen fiel del estado de cuentas que se presentó para la ampliación de capital de la entidad bancaria, así como en su definitiva disolución”.
La Agencia Tributaria ha descubierto que el Banco Popular tejió presuntamente una red de sociedades instrumentales radicada en Luxemburgo para ocultar su verdadera situación contable a accionistas y clientes. La entidad habría concedido préstamos y líneas de crédito a mercantiles ficticias administradas por testaferros para que estos canalizaran los fondos hacia empresas en dificultades que ya debían grandes sumas de dinero al banco. De ese modo, la dirección del Popular evitó que las compañías entraran en causa de disolución y que, por tanto, los créditos pendientes de cobro aparecieran en las cuentas de la entidad como fallidos, según ha concluido Hacienda en un informe al que ha tenido acceso El Confidencial. La maniobra habría afectado al balance que presentó el banco en la ampliación de capital de 2016 y prolongó sus efectos hasta su misma disolución.