FUE EXPEDIENTADO POR LLAMAR TERRORISTAS UNIFORMADOS A LOS POLICÍAS DEL 1-O

Un juez considera "políticas" las demandas para que la rojigualda ondee en Cataluña

Una sentencia ordena al Ayuntamiento de Renillars a colocar la bandera española porque la ley no le deja otra opción. Recuerda que con otros gobiernos en Madrid no había problemas

Foto: La bandera española nunca ha dejado de ondear en el Palau de la Generalitat. (EFE)
La bandera española nunca ha dejado de ondear en el Palau de la Generalitat. (EFE)

La ofensiva de la Delegación del Gobierno en Cataluña, que dirige Enric Millo, para que la bandera española vuelva a ondear en muchos Ayuntamientos y lugares públicos está cosechando éxitos en los tribunales. Amparados en una ley de 1981, los jueces han ordenado a numerosos Ayuntamientos catalanes a reponer la bandera rojigualda y a los de Barcelona y Badalona a colocar un retrado del rey en el salón de plenos. La norma es clara y las sentencias caen a favor de la Administración central. Una de esas sentencias incluye un pellizco hacia esta política al señar que esta ofensiva "se trata de una acción judicial fundamentada en razones políticas, tendentes a promocionar los signos del Estado central en Cataluña, ante la actual situación política", según un fallo al que ha tenido acceso El Confidencial y que señala que no ocurre en otras partes de España. El juez, Federico Vidal Grases, ya fue expedientado por llamar un correo "terroristas uniformados" a los policías del 1-O.

En marzo de 2017, la delegación del Gobierno en Cataluña reclamó en los tribunales que el Ayuntamiento de Rellinars (Barcelona, 713 habitantes) colocase la bandera española. Se trata de uno de esos municipios de la Cataluña fuertemente independentistas. En las pasadas autonómicas, ERC, JxC y la CUP sumaron el 61,59% de los votos. En las últimas municipales, ERC obtuvo tres concejales, CiU otros tres e ICV uno. La alcaldesa, Marta Roquè, es de ERC.

Una ley de 1981 establece que cuando las "corporaciones públicas utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España"


La Abogacía del Estado, que defiende a la delegación del Gobierno, esgrimió que la Guardia Civil había comprobado que el Ayuntamiento no cumplía con la normativa sobre banderas. Se trata de una ley de 1981 que establece que "cuando los Ayuntamientos y Diputaciones o cualesquiera otras Corporaciones públicas utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España" y que "cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor". Además establece que "si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño".

Numerosos Ayuntamientos independentistas hace años que retiraron las banderas y el retrato del rey del salón de plenos. "Nunca ha habido problema con eso", explicaba hace meses un alcalde de ERC de interior de Tarragona. Hace un par de años, la Delegación del Gobierno comenzó una ofensiva legal para reponerla. Las sentencias van cayendo -otra cosa es su cumplimiento-. No solo las banderas, sino que la justicia ha obligado a Ada Colau a colocar de nuevo la imagen del Rey, al igual que la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater.

Según el juez, "se actúa así en Cataluña y no en otras partes del país, a la vista de las circunstancias que se producen actualmente en Cataluña"


El juzgado de lo contencioso 17 de Barcelona, como tantos otros, ha dado la razón a la Abogacía del Estado. Lo hizo el pasado 10 de abril. Negó, en contra de lo que sostuvo el Ayuntamiento, que hubiera desviación de poder en la decisión de recurrir para que pusiera la bandera. Pero en la sentencia el juez añade una coletilla poco habitual que ha sembrado malestar en fuentes jurídicas: "Está claro que la interposición de múltiples demandas por parte de la Delegación del Gobierno en Cataluña contra Ayuntamientos que han decidido no colocar la bandera española responde a determinada política, puesto que bajo otros gobiernos de la nación se toleraba sin problema alguno que no se colocase bandera alguna o bien que se omitiera la colocación de la bandera española".

Prosigue el magistrado que "esta tolerancia no crea un derecho ni una perspectiva de derecho, y aunque se trate de una opción política determinada, teniendo en cuenta que las normas que establece la ley 39/1981 son de una claridad meridiana, en ningún caso puede hablarse de desviación de poder por la circunstancia de que se actue de esta forma en Cataluña y no en otras partes del país, a la vista de las circunstancias que se producen actualmente en Cataluña".

La sentencia concluye con una reflexión que nada tiene que ver con el caso concreto del pueblo demandado: "Es evidente que se trata de una acción judicial fundamentada en razones políticas, tendentes a promocionar signos del Estado central en Cataluña, en la actual situación política. Sin embargo, a la vista de la actual legislación, no cabe otra opción que el cumplimiento de la misma".

Federico Vidal ya fue expedientado por un correo interno en el que criticaba la actuación policial el 1-O. "¿Nadie tiene nada que decir sobre el terrorismo policial que sí sufrimos en Cataluña? Ni sobre los 890 heridos que han provocado los terroristas uniformados? Ni sobre los 2,3 M de personas que se han visto coaccionadas, insultadas y despreciadas por querer votar? ", preguntó en un correo interno que desveló okdiario. Fue sancionado con 600 euros.

Colau mandó retirar el busto del rey del salón de plenos. (EFE)
Colau mandó retirar el busto del rey del salón de plenos. (EFE)

El empeño de muchos Ayuntamientos por quitar los símbolos españoles choca con lo que hizo Carles Puigdemont, que tras la Declaración Unilateral de Inpedependencia nunca mandó arriar la bandera española del Palau de la Generalitat. Algo parecido le ocurrió a Oriol Junqueras hace tres años. Entonces era alcalde de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), que cumplió el requerimiento de la delegación del Gobierno el 15 de abril de 2015 que le requirió para que repusiera los símbolos españoles.

No es el único fallo reciente a favor de la Abogacía del Estado. El pasado 19 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó el recurso del Consejo Comarcal del Solsonès contra un fallo anterior y le impuso 1.000 euros en costas. La sentencia señala que la ley de 1981 afecta también a los consejos comarcales aunque no los mencione expresamente, ya que estas instituciones "integran el sistema institucional de la Generalitat".

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