el juzgado mantiene la causa paralizada

Mafia, paraísos fiscales y flujo de dinero... La vida de Lorenzo Sanz tras dejar el Madrid

La UDEF rastrea el patrimonio y los movimientos de fondos del expresidente del club blanco durante la última década

Foto: Lorenzo Sanz, en el entorno del Bernabéu antes de ver el clásico en noviembre de 2015. (EFE)
Lorenzo Sanz, en el entorno del Bernabéu antes de ver el clásico en noviembre de 2015. (EFE)

La vida empresarial del expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz tras abandonar la entidad blanca brilla por su dudosa legalidad. Así al menos lo considera la Brigada de Blanqueo de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, que el pasado mayo emitió un informe que relataba, en el marco del procedimiento que instruye el Juzgado número 35 de Madrid, todas las operaciones sospechosas que protagonizó el mandatario futbolístico después de pasar por el palco de Bernabéu. Los agentes detallaban que, "desde mediados de la pasada década" y "hasta nuestros días", Sanz ha protagonizado "movimientos de importantes sumas de dinero de origen desconocido y sin justificación aparente" hacía paraísos fiscales o territorios que no cooperan con España, como Panamá o San Marino, entre otros.

Estos envíos, continúan los funcionarios en el mencionado informe, los habría llevado a cabo el expresidente del Real Madrid gracias a una red de empresas vinculadas a sus familiares y amigos. Todo este conglomerado de sociedades "empezó a mostrar serias dificultades económicas" en 2006, como expresaban sus resultados negativos, su falta de liquidez, los desequilibrados balances o el fuerte endeudamiento. La situación derivó en el incumplimiento de sus obligaciones de depositar los estados contables —como ocurrió con Nuada, Inversiones Renfisa, Depima 97, Sanz Duran, Onarres Cinco, Lamazal o Galileo—, en la declaración del concurso de acreedores —el caso de Agropecuaria Toledana y Nuada—, en la liquidación (Inversiones Renfisa) e incluso en la extinción (Servicios Agrupados de Hostelería o Nubain Home). En paralelo al declive de estas mercantiles, continúa la policía, los familiares más cercanos de Lorenzo Sanz comenzaron a constituir una docena de nuevas empresas.

El ex-responsable del club de Chamartín aparece en algunas sociedades —relacionadas todas con los sectores inmobiliario, deportivo y de restauración— con algún cargo, según refleja el Registro Mercantil, y en otras a través de personas de su entorno, un 'modus operandi' que según la policía supone "una muestra clara de concierto de voluntades y posiblemente de confusión de patrimonios bajo la supervisión de Lorenzo Sanz". En concreto, el informe de la UDEF detalla que Sanz controlaba dos sociedades que acumulaban "la mayor parte de su masa patrimonial y fuente de beneficios" —entre ambas ganaron más de 30 millones de euros en 2005— y de las que el empresario "se deshizo" en pleno declive financiero. Se trata de Inversiones Renfisa y de Nuada, dos constructoras que se encuentran en concurso de acreedores desde 2008 y 2011 respectivamente.

Con la segunda mercantil, según la pplicía, Sanz "habría enviado fondos al extranjero por un importe superior a los 13 millones de euros", por los apenas tres millones que habría recibido. "El balance es muy llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que esas salidas de fondos acontecieron en escenarios preconcursales y que la actividad declarada por sus empresas no prevé esas relaciones comerciales internacionales", ahondan los agentes de la UDEF que han elaborado el documento, y añaden que el dinero tenía como destino cuentas de bancos situados en Suiza, San Marino, Antillas Holandesas o Portugal, entre otros países.

El exjugador del Real Madrid Míchel Salgado. (EFE)
El exjugador del Real Madrid Míchel Salgado. (EFE)

"Entre 2005 y 2006, el investigado habría conseguido trasvasar fondos a bancos sanmarinenses a través de cuentas titularidad de personas vinculadas con la mafia italiana", subraya la policía con base en "información suministrada por los servicios de inteligencia". En concreto, asegura que "los sujetos Flavio Pelliccioni y Nicola Stagi recibieron 350.000 euros a finales de 2005 en un banco afincado en esa jurisdicción provenientes de posiciones bancarias de Nuada". El primero de ellos, apuntan los agentes de la UDEF, fue detenido por orden del tribunal de Nápoles acusado de asociación con la mafia, aunque según ha podido comprobar El Confidencial ya fue absuelto de los cargos que le imputaban. El propio Pelliccioni, en una entrevista concedida al diario italiano 'Il Resto del Carlino' en 2007, admitió haber estado haciendo negocios con Sanz y dedicarse al asesoramiento de asuntos internacionales.

Entre las empresas vinculadas con el expresidente del Real Madrid que la policía pone en duda en su informe por el trasvase de fondos al extranjero figura la mercantil Salsanz, administrada por el yerno del empresario y exjugador del club blanco Míchel Salgado, que emitió 1,25 millones de euros con destino a la sociedad portuguesa Albonny Avenue. El beneficiario de los fondos era el agente inmobiliario Ricardo López Fernández, administrador de la sociedad Loar Roots, dedicada a la restauración y al 'catering', al asesoramiento financiero e incluso a la intermediación en operaciones de compraventa de inmuebles y productos alimenticios.

"Salidas de capital absolutamente opacas"

Las autoridades lusas, a requerimiento de la UDEF, explicaron que López Fernández en realidad recibió el dinero de Inversiones Refinsa, la otra constructora más activa del expresidente merengue, y no de Salsanz Inversiones, que fue el "ordenante real de la orden de pago". Refinsa tenía una deuda con Albonny Avenue de 1,25 millones y el empresario investigado prestó esa misma cantidad a Salsanz, versión que según la policía no fue acreditada documentalmente. Se trata, resume la UDEF, de "unas salidas de capital absolutamente opacas en cuanto que se desconoce tanto la procedencia inicial del dinero como el destino real de los fondos transferidos, no se ha aportado la justificación contractual de las operaciones, hay intervinientes ficticios, lo que en conjunto infunde la sospecha de que respondan a motivaciones delictivas ocultas".

Lorenzo Sanz, en declaraciones a El Confidencial, asegura que él nunca ha tenido cuentas en el extranjero, que ningún juzgado le ha notificado nada sobre el procedimiento indicado y que no tiene "nada que ocultar". Explica que todos los pagos que han realizado sus empresas fuera de España están documentados y relacionados con operaciones mercantiles contabilizadas y que se pueden comprobar. Admite que existe un procedimiento judicial que ha provocado que una de sus sociedades se encuentre en concurso de acreedores por una supuesta deuda y afirma que en estos momentos está negociando con la Agencia Tributaria para determinar la cantidad que debe abonar. "Pagaré lo que tenga que pagar", sentencia el empresario.

El informe policial, sin embargo, no está sirviendo para que avance la instrucción que dirige el Juzgado número 35 de Madrid, que de momento prefiere esperar a que se pronuncien los tribunales de lo mercantil en relación a los concursos de acreedores que aún están pendientes de resolver y que afectarían a varias de las empresas sobre las que pone el foco la UDEF. El Juzgado 35, además, asegura que aún no ha aceptado la competencia de la investigación, que inicialmente recayó en el Juzgado 6 de la Audiencia Nacional, que se declaró incompetente para atender el caso. Afirma también que los delitos que narra la UDEF datan de 2004 y que los datos que facilita la policía no son más que "sospechas de celebración con terceros [la mafia italiana] que no viven en España".

Lorenzo Sanz. (EFE)
Lorenzo Sanz. (EFE)

El Juzgado 35 asimismo califica de "abstracta" la denuncia que dio pie a la apertura de la presente causa y al mencionado informe de la policía. Asegura que este escrito, presentado por la mercantil Beach Resorts —uno de los acreedores de Lorenzo Sanz—, apenas aporta el nombre del denunciado y, sin embargo, pide que se investigue su trayectoria fiscal de los últimos 10 años. Beach Resorts, en concreto, denuncia al expresidente del Real Madrid, a su mujer, a tres de sus hijos y a tres personas más por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y estafa procesal. La sociedad —dedicada a la gestión de activos inmobiliarios argumenta que Sanz le debe 7,3 millones de euros, que ya hay una sentencia firme que ordena la entrega de ese montante y que aún no ha cobrado nada.

El denunciante considera que Sanz tiene bienes suficientes para responder a la deuda, pero que durante los últimos años está "aparentando una falsa insolvencia patrimonial" para "evitar cumplir con sus obligaciones de pago". Señala que, además de Beach Resorts, hay "otros acreedores", entre los que se encuentra la Agencia Tributaria, que incluyó al exmandatario del Bernabéu en su lista de principales morosos con Hacienda, donde aparece como deudor de 1,36 millones de euros. Arguye asimismo que el Juzgado Mercantil número 1 de Madrid ya ordenó el concurso necesario del denunciado el 1 de julio de 2015, pero que este sigue ignorando la resolución y continúa ocultando su patrimonio personal y empresarial. Según el denunciante, Sanz está detrás de 21 sociedades.

Imprevistos de salud

Sanz asegura también que, si nada lo impide, acudirá al juicio de la Audiencia Provincial por un supuesto fraude en el IRPF el próximo 28 de mayo, última fecha señalada por el tribunal. Cuenta que no pudo personarse en las dos ocasiones anteriores en las que había sido asignada la vista, porque tuvo que someterse a una operación de rodilla, la primera vez -el 31 de marzo de 2017-, y debido a que sufrió un problema cardíaco, la segunda, el pasado 25 de septiembre.

Este procedimiento juzgará al empresario por dos supuestos delitos contra la Hacienda Pública en su IRPF de los ejercicios 2008 y 2009. La Fiscalía pide una pena de cinco años y medio de prisión, además de una multa de 3,5 millones de euros y una indemnización de 1,2 millones para las arcas públicas en concepto de responsabilidad civil. El ministerio público entiende que tanto Sanz como su mujer, María de la Luz Durán Muñoz, obtuvieron en esos dos años 5,97 millones de euros de ingresos que, de forma "intencionada", decidieron no declarar a la Agencia Tributaria con el fin de "obtener un beneficio fiscal ilícito". En total, dejaron de ingresar los mencionados 1,2 millones que ahora reclama la Abogacía del Estado.

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