Navarra: del apoyo a empresarios víctimas de ETA al respaldo a etarras torturados

El Parlamento de Navarra ha mostrado su reconocimiento en la sesión plenaria de este jueves a los empresarios que sufrieron "atentados, amenazas y extorsiones" de ETA y a los etarras y colaboradores de la banda terrorista que han denunciado haber sido objeto de torturas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FSE). Este doble y dispar reconocimiento ha sido aprobado en la sesión plenaria de la Cámara de Pamplona, donde en unas horas se ha pasado de apoyar la celebración de un acto de homenaje y reparación a los empresarios que estuvieron en la diana de ETA a reclamar que se reconozca y repare a algunos de esos etarras que actuaron contra el empresariado como víctimas de torturas.

Ha habido una doble petición al Gobierno español. Por un lado, se le ha instado a “investigar judicialmente a los autores de las extorsiones a empresarios y a las redes de colaboradores que ayudaron a canalizar el pago del mal llamado ‘impuesto revolucionario”. Y por otro, se le ha emplazado a “adoptar las medidas oportunas para el reconocimiento de las víctimas de la tortura, estableciendo los mecanismos necesarios para la no repetición” de los malos tratos.

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El apoyo expreso a los empresarios amenazados por ETA ha salido adelante impulsado por UPN con una iniciativa que no ha concitado el respaldo unánime de la Cámara. Una vez más, EH Bildu se ha negado a secundar una propuesta de apoyo a uno de los colectivos que más sufrieron el azote de la banda terrorista. La coalición ‘abertzale’ ha sido la única de las siete fuerzas con presencia en el Parlamento en no dar su apoyo expreso al empresariado señalado por ETA, al abstenerse en la votación, en contra del criterio de los otros tres partidos que integran el Gobierno de Uxue Barkos (Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra), que se ha sumado a la iniciativa.

Otegi se quejó de no ser invitado al homenaje a los empresarios asesinados por ETA: ahora EH Bildu se niega a apoyar un acto de reparación al empresario

Hace unos meses, el líder ‘abertzale’ Arnaldo Otegi se quejó amargamente del hecho de que la patronal vasca Confebask no invitara a su partido al primer homenaje público dispensado a los empresarios asesinados por la banda terrorista. Quien fuera condenado por participar en el secuestro del directivo de Michelin Luis Abaitua se presentó como víctima ante este veto. Este jueves, su formación se ha negado a avalar el “acto de homenaje y reparación a todos aquellos empresarios que sufrieron los atentados, las amenazas y las extorsiones por parte de ETA y los comandos autónomos anticapitalistas” que celebrará el Parlamento de Navarra a instancias del resto de grupos. Tampoco ha respaldado que se coloque en colaboración con la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) una placa en la fachada de la sede de la Cámara de Pamplona “en homenaje a los empresarios y profesionales extorsionados”.

La propuesta aprobada emplaza igualmente al Gobierno de Navarra a que realice en colaboración con las universidades de la Comunidad Foral un “trabajo divulgativo y una exposición que salvaguarde el anonimato de las víctimas, visibilice las cifras de la extorsión, sus mecanismos, complicidades y el impacto humano y económico que supuso”.

Ante las críticas recibidas por su no apoyo a la iniciativa, el parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez ha replicado que no va a permitir que se ponga en cuestión su “compromiso con las vías democráticas y pacíficas” en su condición de “militante” de EA, un partido que, según ha resaltado, “ha tenido muy cerca el sufrimiento que ETA ha ocasionado a los empresarios”. Para justificar su abstención, ha pedido “no caer en el error” de establecer fronteras morales entre víctimas.

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La coalición ‘abertzale’ sí ha mostrado en cambio su apoyo a las “víctimas de la tortura”, que han recibido un reconocimiento expreso del Parlamento de Navarra a través de una iniciativa presentada por las fuerzas que integran el cuatripartito y que ha salido adelante con su único respaldo. El PSN se ha abstenido y UPN y PPN se han opuesto. La propuesta, que traslada su “solidaridad” a las víctimas de las torturas, ha sido planteada a raíz de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que ha condenado a España a indemnizar con 50.000 euros a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado contra la T4 de Barajas, en el que fallecieron dos personas, por malos tratos policiales.

Ahora, la Cámara de Pamplona “toma en consideración” esta sentencia, poniendo énfasis en el “trato inhumano y degradante” dispensado a los dos etarras durante el tiempo de su detención en régimen de incomunicación. Por ello, se insta al Gobierno español a “reconocer la práctica de la tortura y los malos tratos” por parte de las FSE y a proceder al “reconocimiento y reparación” de las víctimas de malos tratos policiales. En esta línea, el Parlamento denuncia los “impedimentos que desde diferentes ámbitos del Estado se han puesto y se siguen poniendo para esclarecer este tipo de hechos con el objetivo de seguir ocultando la realidad de la tortura” por parte de las FSE.

UPN había planteado un tirón de orejas al Estado a raíz de las sentencias del TEDH por no investigar las denuncias de torturas, pero ha retirado el texto

A este respecto, la iniciativa muestra su “rechazo” al recurso que ha interpuesto la Delegación del Gobierno en la comunidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) contra la orden foral que destina un total de 30.000 euros a documentar hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios. La “necesidad de documentar y sacar a la luz todos los casos de tortura padecidos por ciudadanos navarros”, a quienes el Parlamento muestra su “solidaridad” y reconoce su “derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, ha contado con el respaldo adicional del PSN, que ha apoyado este epígrafe.

La actuación del Gobierno ante las torturas iba a recibir un tirón de orejas por parte de UPN, que había planteado una enmienda de sustitución dirigida a reclamar al Ejecutivo español que introdujera “a la mayor brevedad todas las mejoras normativas y prácticas para garantizar la observación rigurosa de lo previsto en la Convención contra la Tortura”, ante la “preocupación” que han suscitado las sentencias del TEDH que han condenado a España por “no investigar adecuadamente las denuncias” de malos tratos. El texto, que también instaba al Estado a “adoptar las medidas necesarias para una investigación rápida y rigurosa de todas las denuncias al respecto que se produzcan en nuestro país”, ha sido finalmente retirado y no se ha debatido.