Noticias de País Vasco: Un informe sobre torturas de Urkullu levanta ampollas: da cobertura legal a toda denuncia. Noticias de País Vasco
el estudio 'oficializa' más de 4.000 casos en medio siglo

Un informe sobre torturas de Urkullu levanta ampollas: da cobertura legal a toda denuncia

El PSE, socio del Gobierno vasco, y el principal sindicato de la Ertzaintza arremeten contra el estudio por "equiparar" a asesinados y torturados y asentar la “falsa idea de una tortura generalizada”

Foto: El lehendakari Iñigo Urkullu y el secretario general de Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández. (EFE)
El lehendakari Iñigo Urkullu y el secretario general de Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández. (EFE)

El Gobierno vasco ha elaborado un ‘censo de la tortura’ en el País Vasco durante más de medio siglo que da cobertura legal a todas las personas que han denunciado haber sido objeto de malos tratos por parte de funcionarios públicos policiales y que, con su presentación, ya ha levantado importantes ampollas a nivel interno. El PSE, socio del PNV en el Ejecutivo de Vitoria se ha desmarcado por completo de este informe, que no comparte “ni en el fondo ni en la forma” por “obviar la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho”, asentando la “falsa idea de una tortura generalizada” en el País Vasco mientras ETA no dejaba de asesinar. Por su parte, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, Erne, ha acusado al Ejecutivo de Iñigo Urkullu de “equiparar casos de supuestos malos tratos no probados y no demostrados con asesinatos y el terrorismo de persecución que la Ertzaintza y las policías locales han sufrido”.

El Ejecutivo de Vitoria ha oficializado un total de 4.113 casos de torturas en el País Vasco entre 1960 y 2014 (un 83% afecta a hombres y un 17% a mujeres) en un “estudio científico” elaborado para “desvelar la incidencia del fenómeno de la tortura” en el último medio siglo y “proponer medidas de reparación y prevención”. El informe ‘Proyecto de investigación de la tortura y los malos tratos’ ha sido elaborado en los últimos tres años por el Instituto Vasco de Criminologia a encargo de la Secretaría de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, con el forense y doctor en Medicina, Francisco Etxeberria, y la doctora en Derecho, Laura Pego, como responsables de la investigación.

El informe refleja incluso que la cifra de más de 4.000 torturados contabilizados en el País Vasco en 50 años "está por debajo de su dimensión real"

En todo caso, el informe refleja que la cifra de torturados contabilizados en el País Vasco en este periodo “se encuentra por debajo de su dimensión real”, ya que la “práctica generalizada” de la tortura durante la dictadura determina que la cifra real de casos es “mucho mayor” a la de 1.081 registrados (el 26% del total), mientras que durante la democracia “existen registros de otras personas que no pudieron ser contactadas, que no tuvieron la confianza en el momento para confirmar su denuncia o incluso trataron de olvidar y poner distancia sobre lo sucedido, y que de otros casos ni siquiera existían registros”. "No han podido rescatarse muchas de las [torturas] correspondientes a los años 60, 70 y 80", remarca Etxeberria. El estudio, de 500 páginas, señala que un 17% de las personas que han denunciado torturas han sido objeto de malos tratos en más de una ocasión, por lo que el número total de personas que dicen haber recibido malos tratos es de 3.415.

Las reacciones críticas a la presentación de este estudio no se han hecho esperar. El socio del PNV en el Gobierno vasco ha arremetido duramente contra el informe porque “adopta una metodología meramente expositiva sobre las denuncias recogidas [de supuestas torturas] y llega a conclusiones que no se dirigen en la dirección necesaria para que se produzca una verdadera reparación de las víctimas”. El PSE ha remitido una nota nada más finalizar la presentación del informe para desvincularse del mismo, ya que, según ha precisado, tiene su origen en la pasada legislatura, cuando los socialistas no formaban parte del Ejecutivo.

PSE: "El informe da entender que 50 años de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados. Es una simplificación que alimenta la 'teoría del conflicto' que nunca existió"

Ya su origen, el PSE califica de “error” el encargo de este informe porque su contenido da a “entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados [por parte de la banda terrorista] y más de 3.400 torturados [por los cuerpos policiales]”. Eso es, según censura, “una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido y obvia la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada”.

“Los socialistas vascos no compartimos que se asuman como propuestas de actuación institucional opiniones de aquellos que no tienen la responsabilidad de llevarlas a efecto”, ha criticado el socio de Urkullu. En este sentido, ha recordado que hay 187 víctimas de abusos policiales durante el franquismo que “han logrado el reconocimiento que esperaban” gracias al “rigor y la expresa separación de poderes”, las dos bases que sustentan la ley vasca de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política entre 1978 y 1999.

En este sentido, los socialistas lamentan que el informe “omita” que esta ley es “el marco en el que deben repararse todos los abusos, que incluyen las posibles torturas”, así como que, entre sus recomendaciones, propugne la aprobación de una ley vasca de prevención “cuando quien debe aprobarla son las Cortes Generales”, circunstancia que, según reprocha, el Gobierno vasco debería haber comunicado a los autores del informe para que “fueran más precisos en sus consideraciones”.

Ertzaintza: "Una investigación que refleja casos de tortura basados sólo en denuncias de afectados y sin incluir las sentencias judiciales no refleja la realidad de los hechos"

También se ha mostrado muy crítico el sindicato Erne, que ha expresado su “total desacuerdo” con el informe. Según ha censurado con dureza, acometer una investigación que abarca desde 1960 hasta 2014 “en la que se reflejan cifras de casos de tortura basados exclusivamente en las denuncias de los afectados y sin incluir las sentencias judiciales no refleja la realidad de los hechos”. “Sólo se puede entender desde un punto de equidistancia del Gobierno vasco entre una organización terrorista y los que verdaderamente han sufrido las torturas y malos tratos, Ertzaintza y Policías locales, por parte de una organización terrorista que ha asesinado y perseguido a dichos agentes”, ha denunciado la central mayoritaria de la Policía Vasca.

El informe, en cuya presentación esta tarde en San Sebastián ha participado el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, refleja dentro de los “resultados de credibilidad” que el 38% de las detenciones a víctimas de torturas fueron realizadas por la Guardia Civil, el 30.7% por la Policía Nacional, el 9,9% por la Ertzaintza y el 21% por “varios cuerpos policiales”. A este respecto, Erne ha asegurado “no poder entender” cómo 310 casos de torturas que se le atribuyen a la Ertzaintza “pueden ser incluidos y avalados por el Gobierno vasco como casos claros de tortura o malos tratos” en un informe oficial “cuando no existe ninguna resolución judicial condenatoria”.

El informe habla de 4.113 casos de torturas pero sólo se han dado 20 sentencias firmes del Supremo

En total, según señala el informe, se han producido 20 sentencias firmes del Tribunal Supremo por torturas, de las que nueve corresponden a la Policía Nacional y once a la Guardia Civil, y por las que se ha condenando a 49 miembros de las FSE (28 guardias civiles y 21 policías nacionales) por hechos cometidos contra 31 personas bajo régimen de incomunicación.

Francisco Etxeberría. (EFE)
Francisco Etxeberría. (EFE)

Entre las conclusiones, la investigación determina que la tortura ha sido "más que esporádica" y pone de manifiesto que la incomunicación durante las detenciones ha "favorecido y permitido los abusos". Etxeberria remarca que el alcance de las torturas "no está medido suficientemente" porque "es evidente que son muchas más" que las registradas en el informe. En previsión de las críticas que este informe iba a suscitar, el reconocido forense ha señalado que "a todo el mundo le ha parecido pertinente" su elaboración. Realizar este trabajo sobre un "asunto delicado, sensible y complicado" ha sido el "más difícil" que ha tenido que afrontar este antropólogo que lidera las exhumaciones de restos de fosas comunes durante el franquismo.

Por su parte, desde el gabinete de Urkullu, Fernández ha defendido que el informe es un "ejercicio necesario para reconocer el pasado" que se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de Vitoria con "los derechos humanos y con una convivencia basada en una memoria crítica del pasado". Asimismo, ha resaltado que el estudio pone de manifiesto que las víctimas de la tortura "necesitaron una atención mayor por parte de todos, también por parte del Gobierno vasco". A este respecto, ha subrayado que "algunas medidas preventivas [contra la tortura] debieron haberse puesto antes en marcha para ofrecer mayores garantías".

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