asegura que el dinero debe ir a las víctimas

La Fiscalía pide embargar la indemnización a los etarras de la T4, Portu y Sarasola

Ambos tienen aún pendiente hacer frente a las responsabilidades civiles que contemplaba la sentencia que les condenó por los atentados del aeropuerto de Barajas

Foto: Atentado contra la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez. (EFE)
Atentado contra la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez. (EFE)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado que se embargue a los etarras que volaron la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid el dinero que les ha concedido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El ministerio público ha pedido a la sala de justicia comunitaria que le entregue el montante con el fin de trasladarlo a las víctimas del atentado cometido por estos dos miembros de la organización terrorista ETA. Argumenta que ambos tienen aún que hacer frente a las responsabilidades civiles que contempló la sentencia firme de la Audiencia Nacional que les condenó.

El alto tribunal europeo reconoció el pasado 13 de febrero a los etarras Mattin Sarasola Yarzábal e Igor Portu Juanena el derecho a cobrar una indemnización con cargo al estado español de 30.000 y 20.000 euros respectivamente. La corte de Estrasburgo dio la razón por unanimidad a los dos recurrentes al entender que efectivamente ambos habían sido maltratados por la Guardia Civil tras ser detenidos con motivo de su implicación en el mencionado atentado, cometido el 30 de noviembre de 2006 y que costó la vida a los ciudadanos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio.

Según los magistrados, el comportamiento de los agentes durante la detención de los etarras "fue lo suficientemente grave como para ser considerado trato inhumano y degradante". Además, continúa la resolución, "las lesiones descritas en los certificados presentados por los denunciantes, cuya existencia no fue negada por el Tribunal Supremo ni el Gobierno español, ocurrieron cuando estaban en manos de la Guardia Civil".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama las mencionadas cantidades no solo para sufragar la citada responsabilidad civil, aún pendiente de abonar por los etarras, sino también el dinero que costaron los arreglos de la terminal dañada, montante del que se hizo cargo el Estado español. Tras hacer estallar la furgoneta-bomba en el aeropuerto, ambos autores fueron condenados por el alto tribunal antiterrorista por un delito de estragos, dos de asesinato terrorista y 48 más de asesinato en grado de tentativa, además de al pago de las mencionadas responsabilidades civiles.

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