Junqueras dice al TC que su prisión pone en crisis el modelo constitucional

El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras ha recurrido ante el Tribunal Constitucional su ingreso en prisión provisional. En su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, recuerda que ya lleva 100 días en la cárcel y defiende que su estancia en Estremera, donde ingresó el 2 de noviembre, "pone en crisis en modelo constitucional".

"Las resoluciones recurridas ponen en crisis el modelo constitucional", indica y agrega que se debe dar prevalencia a la libertad del investigado o cualquier otra medida cautelar personal menos dura que la prisión provisional sin fianza "como garantía del respeto a los derechos fundamentales" que el TC está en obligación de defender. Entre ellos destaca su "derecho a la libertad" y se refiere a la separación familiar que sufre. "Su familia estricta se componen de su mujer y sus dos hijos menores de edad, se encuentra, por mor de la resolución recurrida y las posteriores que le han denegado el traslado a un Centro Penitenciario próximo a Cataluña, a 650 kms de su hogar", pone de manifiesto.

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"La decisión que solicitamos del tribunal no es otra que la de dar vigencia a los derechos fundamentales alegados y en tal sentido determinar la necesidad de aminorar la gravedad de la medida cautelar impuesta a mi mandante, mediante la aplicación de cualquier otra que no implique su incondicional encarcelamiento", insiste. Al referirse a los delitos que se le imputan sí reconoce la posibilidad de defender que los efectos políticos, sentimentales, sociales o de cualquiera otro orden han podido ser experimentados en toda España o incluso fuera del Estado.

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También resalta la vulneración de sus derechos de participación y representación política y de la libertad ideológica. "La resolución recurrida destruye los derechos políticos de un parlamentario y los de la ciudadanía a quien representa", defiende y añade que, a pesar de ser un candidato proclamado electo "no se le permite acceder a su cargo y se le impide asistir a determinadas sesiones de los diferentes órganos del Parlamento de Cataluña de los que es miembro". "Se le está privando de la posibilidad de desarrollar la función para la que ha sido elegido", destaca.

Anticipa que irá a Estrasburgo

Su defensa avisa en el recurso de que agota de este modo la vía 'española' lo que le permitirá, tras la respuesta del tribunal de garantías, acudir a Estrasburgo. Asegura que duda "de la imparcialidad" del propio TC. "En todas las decisiones relativas a los procesos judiciales relacionados con lo que se ha denominado el 'proceso de independencia de Catalunya' parten o se fundamentan en imputaciones vinculadas con actos de supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional, y ha sido este mismo tribunal el que, mediante una valoración jurídico penal de las conductas de, entre otros, mi representado, ha determinado en distintas ocasiones deducir testimonio de actuaciones al Ministerio Fiscal por si cupiera la formulación de acciones penales", explica.

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Además, insiste -como ya ha hecho en otras ocasiones- en que el Supremo no es competente para investigarle. Argumenta que, hasta la fecha, ni él ni el resto de investigados han cometido ningún delito fuera del territorio catalán. "Evidentemente no lo han cometido porque no han cometido delito alguno, pero incluso a efectos dialécticos y asumiendo para nuestro discurso la atribución de los delitos de rebelión, sedición y malversación, no cabría en modo alguno", indica.

Otro de sus argumentos es que le perjudica la falta de "doble instancia penal" para recurrir las decisiones judiciales de la instrucción en el TS. "La atribución de competencia efectuada indebidamente por el Tribunal Supremo anula las posibilidades de revisión de sus decisiones", destaca anticipando lo que será previsiblemente uno de sus principales argumentos cuando acuda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.